Las difíciles relaciones entre los gobiernos de Colombia y Venezuela tienen ahora un nuevo foco de tensión.
Un grupo de los antiguos líderes de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunció esta semana su retorno a las armas.
En el video en que hacen el anuncio, justifican la decisión por la "traición" del Estado colombiano a los acuerdos de paz suscritos en 2016 para poner fin al conflicto armado en Colombia".
Altos funcionarios del gobierno colombiano no tardaron en asegurarle a medios locales que el video fue grabado en territorio venezolano. Pero la respuesta oficial del presidente Iván Duque se hizo esperar.
No fue hasta la noche que el mandatario lanzó un esperado mensaje al país en el que elevaba el tono y acusaba al presidente venezolano, Nicolás Maduro.
"Los colombianos debemos tener claridad de que no estamos ante el nacimiento de una nueva guerrilla, sino frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro", dijo Duque.
La Cancillería venezolana respondió en un comunicado emitido el viernes en la que dijo que el gobierno venezolano "sigue con profunda preocupación" la " inminente reactivación del conflicto armado" en Colombia.
El ejecutivo de Maduro reprocha a Duque que "pretenda desplazar hacia terceros países" su "exclusiva responsabilidad" en lo que considera "violación sistemática de derechos humanos", como parte de un "planificado desmontaje del proceso de paz".
¿Cómo empezó todo?
El de esta semana es solo el último de múltiples desencuentros entre Bogotá y Caracas a cuenta de las guerrillas.
Ya en 2008, el gobierno de Hugo Chávez ordenó la ruptura de las relaciones diplomáticas con Colombia después de que el Ejército de ese país bombardeara un campamento guerrillero en Ecuador, sin consentimiento de ese país, uno de los aliados de Chávez en la región.
En la acción, ordenada por el presidente Álvaro Uribe, murieron Raúl Reyes, número dos del grupo armado, y otra veintena de guerrilleros.
Colombia acusó entonces a Chávez y a Correa de vínculos con la guerrilla y sus actividades ilícitas, y fue necesaria una cumbre regional en Santo Domingo para calmar las cosas.
Desde entonces, han sido numerosas las voces que desde los círculos gubernamentales colombianos se ha repetido que la Venezuela socialista ampara y apoya a los grupos irregulares colombianos.
Con la misma frecuencia, Maduro y sus allegados denuncian los vínculos con grupos paramilitares de la "élite" colombiana, supuestamente con Uribe a la cabeza, con los grupos paramilitares que actúan en territorio colombiano, cuya actividad, según diversas fuentes, se ha recrudecido tras la firma de los acuerdos de paz con las FARC y su desmovilización a partir de entonces.
La tregua de los acuerdos
El tono se suavizó durante algún tiempo a medida que avanzaron las negociaciones en La Habana entre el gobierno colombiano y el grupo insurgente para poner fin a décadas de violencia.
Juan Manuel Santos, considerado el delfín político de Uribe, alcanzó la presidencia y, desmarcándose de la política de línea dura de su predecesor en la que él participó como ministro de Defensa, apostó por una solución diplomática al conflicto, un camino en el que encontró el apoyo de Chávez.
El líder venezolano contribuyó a persuadir a los líderes guerrilleros de implicarse en el diálogo y Venezuela se convirtió en uno de los países que actuarían como garante del pacto.
Ese papel se mantuvo después de la muerte de Chávez en 2013 y en los años en los que se prolongó la negociación desaparecieron las declaraciones hostiles que hasta entonces habían intercambiado ambos países.
El nuevo clima quedó plasmado en una foto. La de Maduro, ya presidente de Venezuela, entre el grupo de líderes internacionales que vestidos con camisas blancas asistieron al acto solemne de firma de los acuerdos en la ciudad colombiana de Cartagena.
¿Qué pasó después de los acuerdos?
En los últimos años las diferencias entre los gobiernos colombiano y venezolano han vuelto a hacerse patentes. Una vez firmados los acuerdos se reanudaron las declaraciones cruzadas entre las cancillerías de ambos países.
A las pocas horas de la explosión de un dron en agosto de 2018 en un desfile militar que presidía en Caracas, Maduro acusó a Santos de ser el responsable de una acción que presentó como un intento de asesinarlo.
Santos negó rápidamente toda relación con los hechos.
En los últimos años han proliferado las denuncias de que grupos criminales colombianos extienden sus redes por Venezuela con la aquiescencia del gobierno de Maduro.
Según Insight Crime, una fundación dedicada al estudio del crimen en América Latina, los grupos irregulares armados colombianos están presentes en Venezuela desde comienzos del siglo.
De acuerdo con esta fundación, el autodenominado Ejército de Liberación Nacional (ELN) colombiano "incrementó su presencia en la frontera con Venezuela y su paso hacia el país vecino se hizo más accesible".
La oposición venezolana ha señalado en repetidas ocasiones que el gobierno alienta la participación del ELN en actividades criminales en Venezuela.
En el video en el que los antiguos cabecillas de las FARC anunciaron su regreso a las acciones violentas, el más destacado de ellos, Iván Márquez, dijo también que buscarían "alianzas con el ELN".
A finales del mes pasado, en un encuentro de colectivos de izquierda en América Latina en Caracas, Maduro dijo que, tanto Iván Márquez como Jesús Santrich, los más destacados de los dirigentes guerrilleros que aparecen en el video, "son bienvenidos en Venezuela cuando quieran venir".
Maduro los definió como dos "líderes de paz" frente al "paramilitar Uribe" y su "títere Iván Duque", y dijo que le gustaría que pudieran viajar a su país para "que denuncien el asesinato de 250 combatientes de las FARC y de 700 líderes campesinos y de derechos humanos en Colombia".
Sin embargo, Maduro extendió también su invitación a Rodrigo Londoño, alias Timochenko, el líder guerrillero que firmó la paz en Cartagena y que ha dicho sentir "vergüenza" por la decisión de quienes fueron sus compañeros de armas.
¿Y ahora?
La reactivación de un grupo armado que el gobierno colombiano sospecha opera desde Venezuela podría enrarecer aún más unas relaciones bilaterales poco cordiales y condicionadas por la grave crisis política y económica de Venezuela.
Colombia se ha convertido en el principal receptor de los migrantes venezolanos que huyen de la situación económica en su país, que ha perdido más de la mitad de su producto interno bruto desde que Maduro asumió la presidencia.
La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) estima que Colombia ha recibido más de 1.400.000 venezolanos, lo que ha sometido a tensiones a sus servicios públicos, que, al contrario que otros en América Latina, no ha introducido restricciones a la llegada masiva de venezolanos.
El gobierno colombiano ha sido uno de los más activos en contra de lo que califica como la "dictadura de Maduro" en el Grupo de Lima, los países americanos críticos con la "ruptura del orden constitucional" en Venezuela.
Colombia, como la mayoría de los integrantes del Grupo de Lima, Estados Unidos y la Unión Europea, considera a Maduro un gobernante ilegítimo y reconoció al líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.
