Durante más de dos décadas ha sido motivo de discordia en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.
Pero a partir del próximo 2 de mayo, la polémica Helms-Burton iniciará una nueva etapa en su aplicación con la entrada en vigor de sus disposiciones de mayor impacto.
Este miércoles, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció que el gobierno del presidente Donald Trump ha decidido permitir la aplicación del controvertido Título III de esta norma el próximo mes.
"Significa una oportunidad de justicia para los cubanoestadounidenses que durante mucho tiempo buscaron ayuda debido a que Fidel Castro y sus lacayos confiscaran sus propiedades sin compensación", dijo Pompeo.
"Por primera vez, los demandantes podrán entablar juicios contra personas que trafican con bienes que fueron confiscados por el régimen cubano. Cualquier persona o empresa que haga negocios en Cuba debe prestar atención a este anuncio", advirtió.
La respuesta de rechazo del canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, fue casi inmediata a través de la misma red social.
La Unión Europea también expresó "fuerte oposición" a lo que calificó como "aplicación extraterritorial de medidas restrictivas unilaterales contrarias al derecho internacional".
"Permítanme enfatizar que la UE está lista para proteger los intereses europeos, incluidas las inversiones europeas y las actividades económicas de los individuos y entidades de la UE en sus relaciones con Cuba, si fueran afectadas", dijo a la prensa este miércoles el portavoz Alexander Winterstein.
Las disposiciones de la ley se habían mantenido en suspenso por todos los presidentes estadounidenses -demócratas y republicanos por igual- desde 1996.
BBC Mundo responde algunas de las preguntas fundamentales sobre la Ley Helms-Burton.
¿Qué es la Ley Helms-Burton?
La Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, conocida popularmente como Helms-Burton por los apellidos de los congresistas republicanos que la impulsaron (Jesse Helms y Dan Burton), refuerza el embargo estadounidense en contra del gobierno de Cuba, buscando extender su aplicación internacional más allá de las fronteras estadounidenses.
Fue aprobada por el Congreso de Estados Unidos en marzo de 1996, pocas semanas después de que bombarderos cubanos derribaron dos aviones pequeños de la ONG Hermanos al Rescate, con sede en Miami, que se dedicaban a sobrevolar el estrecho de Florida para ubicar y asistir a posibles balseros cubanos.
El suceso generó numerosas críticas en contra de La Habana, cuyo gobierno argumentó que los aviones buscaban generar desestabilización en la isla.
¿Cómo funciona?
La ley Helms-Burton tiene tres grandes objetivos: el fortalecimiento del embargo contra el gobierno de Cuba, el apoyo a una transición democrática en la isla y la protección de los derechos de propiedad de ciudadanos estadounidenses allí.
Para lograrlos, la norma incluye una extensa lista de medidas, entre las cuales se incluyen:
- La oposición activa de Estados Unidos a la posibilidad de que Cuba se integre en instituciones financieras internacionales.
- La autorización del apoyo a grupos "democráticos y de defensa de los derechos humanos" en la isla.
- La prohibición de importación de ciertos bienes procedentes de Cuba.
- El condicionamiento de la reautorización de los permisos para enviar remesaso para permitir viajes desde Estados Unidos a la isla.
- La defensa de los derechos de propiedad de los ciudadanos estadounidenses en Cuba y la posibilidad de que aquellos a quienes les fueron confiscadas sus propiedades tras la llegada al poder de la revolución cubana en 1959 pudieran acudir a tribunales estadounidenses a demandar a las empresas que supuestamente se estén beneficiando ahora de esos bienes.
Estas últimas medidas pertenecen al Título III de la Ley, cuya aplicación se ha mantenido en suspenso desde la aprobación de la norma en 1996.
Desde entonces, las autoridades estadounidenses también han mantenido una moratoria en la entrada en vigor del Título IV que restringe la entrada a ese país de quienes hayan confiscado propiedades de estadounidenses en Cuba o que hayan "traficado" con dichas propiedades.
Pompeo señaló que "el intento del presidente (Barack) Obama de moderar al régimen no funcionó", por lo que Trump decidió levantar la suspensión del Título III.
¿Qué cambia con el gobierno de Trump?
Desde la aprobación de la Ley Helms-Burton, todos los mandatarios estadounidenses enviaban al Congreso una notificación semestral en la que notificaban la entrada en vigor de los Títulos III y IV de la norma.
Tras su llegada a la Casa Blanca, Trump cambió esta práctica, reduciendo los plazos de la moratoria de seis meses a 45 días, luego a un mes y, posteriormente, a dos semanas.
A inicios de marzo pasado, la Casa Blanca anunció que permitiría que sus ciudadanos de origen cubano pudieran demandar a partir del 19 de marzo -y solo por un mes- a empresas que ahora funcionan bajo la tutela de los militares de la isla y que fueron confiscadas tras el inicio de la Revolución de Fidel Castro.
Esta posibilidad estaba prevista en el Título III. Sin embargo, el anuncio hecho este miércoles va mucho más allá, pues implica la entrada en plena vigencia de la norma.
¿A quién afectan estas medidas?
Cuando la Ley Helms-Burton fue aprobada recibió duras críticas por parte de la Unión Europea (UE) y de otros países cuyas empresas realizan negocios con Cuba.
La UE, de hecho, inició un proceso en contra de Estados Unidos ante la OMC que suspendió en 1998, luego de lograr un acuerdo con el gobierno de Bill Clinton, quien se comprometió a mantener la suspensión semestral de estas medidas.
Aunque el gobierno de la isla no suele identificar cuáles son las fuentes de la inversión extranjera que recibe, precisamente para evitar que sean objeto de sanciones o de presiones por parte de Estados Unidos, se sabe que los países europeos tienen grandes intereses en este campo.
De acuerdo con un informe reciente de la oficina comercial de la Embajada de España en La Habana, más del 50% de los proyectos de inversión en la isla proceden de la UE, siendo España el inversor de más peso en áreas como turismo y servicios financieros.
Otro inversor destacado es Canadá, con proyectos en las áreas de turismo, energía y minería.
China, Brasil y Venezuela son los otros tres países señalados en el informe como fuentes relevantes de inversión extranjera para Cuba.
Otros expertos han señalado asimismo la posibilidad de que la entrada en vigor pleno del Título III afecte también a algunas de las empresas estadounidenses que decidieron invertir en la isla durante la etapa de acercamiento vivida entre ambos países durante el gobierno de Barack Obama.
