Se le llamó la "primavera chapina", en un guiño a las manifestaciones sin precedentes que entre 2010 y 2013 cambiaron gobiernos en la región árabe.
Guatemala tuvo las suyas en 2015, multitudinarias, durante meses. Y el movimiento social terminó provocando la renuncia de la entonces vicepresidenta, Roxana Baldetti, primero, y la del mandatario Otto Pérez Molina después.
Cuatro años después su huella está presente en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que se celebra este 11 de agosto.
Así lo apunta Álvaro Montenegro, uno de los fundadores de Justicia Ya, el colectivo que surgió de aquellas marchas y que tiene como objetivo "la transformación política del país".
"Todo ese movimiento persiste. No se manifiesta de la misma forma, pero hay muchos grupos (que nacieron de él)", le dice a BBC Mundo, haciendo referencia a agrupaciones que, en distintos episodios, han logrado revertir decisiones controvertidas del gobierno, el Congreso o varias cortes.
"Se consolidó un movimiento social que no existía en el país y que tiene muchas aristas. Los problemas son muy fuertes. La corrupción está muy enraizada".
A su vez, Montenegro, quien fuera uno de los activistas más visibles de las protestas de 2015, advierte que hay retrocesos en algunos aspectos en los que se haba avanzado tras las movilizaciones.
Se refiere al combate de la corrupción, que ejemplifica con la decisión del presidente Jimmy Morales de no prorrogar el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (Cicig), el organismo auspiciado por Naciones Unidas que en sus 11 años de existencia cooperó con el Ministerio Público para desactivar algunas de las mayores redes corruptas del país.
Los dos candidatos presidenciales, Sandra Torres y Alejandro Giammattei, no se opusieron a la resolución de Morales.
Ambos han enfrentado investigaciones judiciales, y Giammattei incluso pasó algunos meses en prisión por un caso cuando fue el director del Sistema Penitenciario (2005-2007) y que años después un juzgado terminó cerrando.
Renuncias presidenciales
Las protestas de lo que se conocería como la "primavera chapina" empezaron cuando se difundió una robusta investigación de la Cicig sobre una red de sobornos y evasión de impuestos a la que llamaron la Línea.
De acuerdo con el comisionado Iván Velásquez al menos 40 funcionarios del gobierno formaron un grupo que cobraba sobornos a empresarios, así como a usuarios de las distintas aduanas.
A cambio se permitía alterar los reportes de importaciones para pagar menos impuestos. "Uno de los temas sustanciales era el contrabando y, en general, la defraudación", dijo el comisionado.
La investigación involucró a la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, a quien se señaló de encabezar la red de corrupción.
Durante varios meses, millones de personas protestaron en las plazas de las principales ciudades, especialmente en la capital, Guatemala.
Fue en esos meses cuando nació el movimiento #RenunciaYa, que meses después cambió de nombre a Justicia Ya.
Baldetti renunció en mayo de 2015, pero eso no terminó con las protestas. Con el lema "Yo no tengo presidente", los inconformes exigieron la salida de Otto Pérez Molina.
El mandatario dejó el cargo en septiembre, después que el Congreso acordara retirarle la inmunidad. Baldetti y Pérez Molina están encarcelados desde entonces.
Otros exfuncionarios de su gobierno, así como algunos empresarios fueron también vinculados al caso.
El casola Línea y las protestas callejeras fueron decisivos en la elección presidencial de ese año, que ganó Jimmy Morales, un popular comediante que solía ironizar sobre los políticos en su programa de televisión.
Su victoria electoral, coinciden analistas, puso en evidencia el rechazo de los guatemaltecos a los políticos tradicionales.
La herencia de Jimmy Morales
Ahora, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el escenario es otro.
Morales enfrentó durante su gobierno varios escándalos de corrupción, recuerdan los analistas.
En 2017 la Cicig empezó una investigación por un posible financiamiento ilegal a la campaña del presidente.
A partir de ese momento Morales endureció su postura ante la Comisión, a la que durante la contiende electoral había dicho que respaldaría.
En varios momentos trató de impedir que la Cicig continuara con su trabajo, e incluso su gobierno se negó a renovar la visa del comisionado Velásquez.
En enero de este año anunció que no renovaría el convenio con la Organización de Naciones Unidas (ONU) que permitiría prolongar la presencia de la Comisión en el país.
Como consecuencia, la Cicig debe abandonar el país en septiembre. Y ambos candidatos presidenciales se han pronunciado en contra de que el organismo vuelva a Guatemala.
Es parte de la crisis política en el país, asegura Jordán Rodas, procurador de Derechos Humanos. "Va a hacer mucha falta la Cicig. Realmente la necesitamos", le dice a BBC Mundo.
"Gracias a la comunidad internacional teníamos el acompañamiento para lograr una justicia independiente, no atada a los poderes tradicionales".
El mismo origen
En este escenario, los movimientos que surgieron de la "primavera chapina" han sido fundamentales para evitar algunas decisiones del gobierno o leyes que hubieran afectado la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país, coinciden los especialistas consultados por BBC Mundo.
Un ejemplo fueron las movilizaciones para tratar de impedir la expulsión de los investigadores y los abogados de la Cicig, en diciembre de 2018.
Y otra las protestas contra una iniciativa en el Congreso con la que se pretendía conceder la amnistía a crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado (1960-1996).
Pero estas manifestaciones no solo han tenido lugar en las calles, también han tomado forma de campañas por redes sociales o en los medios tradicionales, explica Álvaro Montenegro.
"La lucha que en su momento fue por medio de la plaza se ha trasladado a otros campos, como por ejemplo construcción de agendas comunes o campañas en redes sociales, donde la denuncia es permanente", explica.
Y eso resulta importante en el momento actual, remarca el procurador Jordán Rodas.
Los dos candidatos que se enfrentan en la segunda vuelta electoral "tienen el mismo origen, representan al sistema que no se ha transformado como la sociedad quisiera", advierte.
Por su parte, Torres y Giammattei afirman que mantendrán la lucha contra la corrupción e impunidad, pero sin la Cicig.
Los candidatos
El perfil de los contendientes y la crisis política que deja el presidente saliente preocupa a muchos en Guatemala.
Algunos incluso advierten del riesgo de que el país regrese al escenario que se vivía antes de 2015, especialmente en el combate a la corrupción.
Y en esto no parece ayudar el historial de quienes buscan la presidencia del país.
Torres, quien postula por el partido Unidad Nacional de la Esperanza fue investigada por la Cicig por un presunto financiamiento ilegal a la campaña de UNE.
También ha sido señalada de irregularidades en el tiempo que fue esposa del entonces presidente Álvaro Colom entre 2008 y 2012.
Es la tercera ocasión que la ex primera dama pretende ocupar la presidencia de Guatemala. En distintos momentos ha rechazado las acusaciones.
Giammattei compite por el partido conservador Vamos. Es la cuarta ocasión que aspira a encabezar el gobierno de Guatemala y es un férreo opositor a la Cicig.
El candidato fue vinculado a un caso de ejecuciones extrajudiciales en la cárcel Granja Penal Pavón cuando fue director del sistema de prisiones, entre 2005 y 2007.
Por este caso fue detenido pero luego un juez lo exoneró. Giammattei se dice perseguido por la Cicig. "Conmigo se equivocaron y nunca lo reconocieron. Me hubiera gustado que por lo menos me pidieran disculpas", le dice a BBC Mundo.
"El daño que me hicieron en lo personal me lo tuve que tragar. Los gastos, la salud el marcapasos que poseo producto de todo lo que me ocasionaron allí está".
El futuro
¿Pero enfrenta Guatemala un posible regreso al pasado?
"Sí, hay un riesgo", responde Montenegro, de Justicia Ya.
"Desde el momento en que lograron que la Cicig no se prorrogue hay una regresión muy concreta", dice.
En eso coincide el procurador Jordán Rodas. En el país hay grupos empresariales, de exmilitares y algunos políticos que no parecen estar conformes con la lucha contra la impunidad, señala.
"El riesgo existe y es bastante fuerte, porque ya vieron que pueden perder sus privilegios", advierte.
"Ellos quisieran que se regresara el país a como estaba antes de 2015. Son pocos los políticos que han dado una lectura diferente".
Ante esa posibilidad la herencia de la "primavera chapina" se vuelve un elemento esencial, dice Montenegro.
"Se mantiene un grupo consolidado de organizaciones que estamos manteniendo ese contrapeso y la resistencia ante esa ola regresiva".
