Aunque demorada, la decisión no pareció sorprender a casi nadie en Guatemala.
El presidente de ese país, Jimmy Morales, anunció este viernes que no renovará el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un grupode trabajo de la ONU que investiga la corrupción en el país y que ha acusado al mandatario y a varios de sus familiares por prácticas ilícitas.
"Esta decisión es un paso hacia delante en el fortalecimiento de nuestras instituciones para garantizar la continuidad de la lucha contra la corrupción, la violencia y el delito", aseveró.
Desde antes del anuncio, una fila de camiones militares con armas de largo alcance bordeaba la sede de la Comisión, lo que fue cuestionado por organismos civiles locales por considerar que se estaba realizando una "exhibición militar" frente a una agencia de Naciones Unidas.
Durante la comparecencia de Morales estuvieron presentes algunos de los principales funcionarios del gobierno y el alto mando militar del país, lo que algunos medios guatemaltecos señalaron como un llamado a evitar manifestaciones contra la decisión.
La CICIG no respondió de inmediato a la decisión del gobierno de Guatemala y su vocero solo se limitó a agradecer "el apoyo" recibido tras el anuncio.
Las razones
En el comunicado al secretario general de la ONU en el que le informa la decisión -al que tuvo acceso BBC Mundo- el mandatario indicó que la Comisión tendrá hasta el 3 de septiembre de 2019 para abandonar el país.
Como justificación alegó, que, dado que la CICIG ha estado en el país por más de 10 años, ha sido tiempo suficiente para que "haya cumplido los objetivos fundamentales" del acuerdo del gobierno de Guatemala con Naciones Unidas que le dio origen en 2007.
Durante la conferencia de prensa, el mandatario indicó que el pasado año su gobierno trasmitió "preocupaciones" sobre el actual responsable de la Comisión, el colombiano Iván Velásquez, y de otros integrantes quienes, en su criterio, estaban "violando" las leyes e "induciendo a personas e instituciones a participar en actos de corrupción e impunidad".
"Estos señalamientos hechos por la vía diplomática de primera mano conllevaron persecución penal selectiva y con sesgo ideológico evidente, sembrando el terror judicial en Guatemala", agregó.
El anuncio conllevó a reacciones en diversos niveles en Guatemala, desde embajadas y organizaciones civiles hasta protestas en varias zonas de la capital.
La Fiscalía, por su parte, aseguró en un comunicado que se mantenía "vigilante" por "las consecuencias que para el sistema de justicia y el combate a la impunidad y la corrupción conllevaría la no renovación del mandato de la CICIG".
En un breve comunicado, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterrez, indicó que "tomaba nota" de la decisión y que "recordaba la importante contribución de la CICIG a la lucha contra la impunidad en Guatemala bajo la dirección de su Comisionado".
La decisión llega dos días después de que el Congreso conformara una comisión -de mayoría opositora- para determinar si tiene lugar el proceso que despojaría de inmunidad al mandatario y que permitiría investigarlo y juzgarlo por el presunto delito de financiamiento ilegal durante su campaña.
A inicios de agosto, la Comisión y la Fiscalía General solicitaron nuevamente la realización de un antejuicio contra Morales y la pasada semana un tribunal dio luz verde para que fuera el Parlamento el que decidiera si se llevaba a cabo el desafuero.
Corrupción
El trabajo de la Comisión ha sido valorado a lo lardo de la última década por su papel para llevar a juicio a presidentes y expresidentes, altos funcionarios, narcotraficantes o empresarios por delitos de corrupción.
De hecho, esta agencia fue clave en la victoria de Morales en 2015, luego de que sus investigaciones llevaran a la renuncia del entonces mandatario, Otto Pérez Molina, en prisión tras ser acusado de dirigir una red de corrupción aduanera y malversar fondos públicos.
Sin embargo, el viraje se dio a inicios del año pasado, cuando la CICIG acusó al hermano de Jimmy Morales y a uno de sus hijos por participar en un fraude fiscal.
Meses después, en agosto de 2017 la Comisión presentaría una solicitud para realizar un antejuicio a Morales por un presunto fraude en su campaña, lo que finalmente no pudo proceder por la inmunidad parlamentaria del mandatario.
Desde entonces, la popularidad del presidente -un neoevangélico sin experiencia política que llegó al poder bajo el lema "ni corrupto ni ladrón"- se resquebrajó.
Los últimos sondeos revelan que la aceptación del mandatario se encuentra en su nivel más bajo, inferior al 20%, mientras una encuesta de abril de 2018 mostró que la CICIG era la institución mejor valorada por los guatemaltecos, con un 70% de aprobación.
