El gobierno de España se disculpó este viernes por las cargas policiales contra los manifestantes que se opusieron a la incautación del material electoral del referéndum independentista del pasado domingo y que dejaron, según cifras de las autoridades locales, más de 800 heridos.
En una entrevista con la televisión catalana, el delegado del gobierno central en la región, Enric Millo, aseguró que lamentaba lo sucedido, aunque responsabilizó el movimiento independentista de ser uno de los principales responsables de las cargas.
"Cuando he visto las imágenes, y sé que hay personas que han recibido golpes, empujones e incluso hay una persona en el hospital, sólo puedo pedir disculpas en nombre de los agentes que intervinieron", aseguró Millo, quien fue acusado por los manifestantes de ser uno de los responsables de la actuación de la Policía Nacional y Guardia Civil el pasado 1 de octubre.
Según el representante de Madrid, las instrucciones dadas a los agentes no fueron cargar contra las personas, sino decomisar el material electoral, pero los agentes actuaron de esa manera al encontrar resistencia y también agresiones contra ellos en los colegios electorales.
"Algunos (manifestantes) con objetos punzantes, porque yo he visto con mis ojos algunos vestidos de los que llevan los agentes rajados, he visto mordiscos, he visto una pierna rota por uno que embiste a un guardia civil con un quad, he visto un brazo roto, dedos", dijo.
La autoridad del gobierno de Madrid reveló que las cargas se realizaron en 13 de los 2.315 colegios electorales y que en algunos de ellos tuvieron lugar luego de que los manifestantes impidieran la salida de los agentes.
"Si ellos consideran que su integridad física puede estar en peligro, tienen que abrirse paso, y para abrir paso hay lo que se llama técnicamente el uso de la fuerza", explicó.
Clima de tensiones
Mientras tanto, el gobierno de Madrid emitió este viernes un decreto para facilitar a las empresas el cambio de su sede de Cataluña sin la aprobación previa de los accionistas.
Hasta el momento, Gas Natural Fenosa, una de las compañías energéticas más grandes del país con sede en Barcelona, la Caixa y el Banco Sabadell, las dos instituciones financieras más importantes en Cataluña, votaron para trasladar su domicilio fiscal hacia otras regiones de España.
El gobierno catalán, por su parte, publicó este viernes el recuento oficial de votos del referéndum, en el que señalan que, según sus datos, participaron alrededor de 2,3 millones de personas, el 43% de la población con edad de votar. De ellos, 90% votó a favor de la independencia, de acuerdo con el conteo.
Los que se oponen al referéndum señalan que la votación realizó sin garantías electorales y varios testigos aseguraron que pudieron votar en más de una ocasión en diferentes colegios.
Las autoridades catalanas anunciaron, además, que el Parlamento local se reunirá el próximo martes en la tarde para presentar los resultados electorales.
Según la Ley del Referéndum, considera ilegal por el gobierno de Madrid y el Tribunal Constitucional, el Parlamento puede declarar la independencia 48 horas después del anuncio oficial del recuento de votos.
"El Parlamento discutirá, el parlamento se reunirá", dijo a la BBC el jefe de relaciones exteriores catalán Raül Romeva.
"Todo intento que el gobierno español ha utilizado para impedir que las cosas sucedan, se ha demostrado que no son sólo inútiles sino contraproducente", afirmó.
