El conflicto que llevó al gobierno de Bolivia a prohibir las exportaciones de alimentos básicos
El conflicto que llevó al gobierno de Bolivia a prohibir las exportaciones de alimentos básicos
El gobierno de Bolivia prohibió temporalmente la exportación de seis productos alimenticios básicos, incluidos la soja, el azúcar y la carne de res, debido a una huelga en la región agrícola de Santa Cruz.
La suspensión de exportaciones entró en vigor el jueves a las 00:00 debido a "un riesgo de desabastecimiento" después de cinco días de huelga, anunció el gobierno.
La región de Santa Cruz, considerada "el motor económico del país", mantiene un paro indefinido para exigir que el gobierno acuerde realizar el censo de población en 2023.
La posición del gobierno es que esta encuesta nacional se realice en 2024.
El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, indicó que debido al paro, "existe un riesgo de desabastecimiento e incremento de los precios de la canasta familiar".
Agregó que la medida estará en vigencia "hasta que se restituyan las condiciones de normal abastecimiento a toda la población boliviana".
Los alimentos cuya exportación será suspendida son la soya, torta de soya, harina integral de soya, azúcar, aceite y carne de res.
Bastión de la oposición
La huelga, que comenzó el sábado, se inició con enfrentamientos entre simpatizantes y detractores del gobierno que dejaron un muerto.
Huanca responsabilizó al gobernador de Santa Cruz, el derechista Luis Fernando Camacho y a líderes sociales y empresariales que lideran la protesta, "de las consecuencias de la paralización del sector productivo y de atentar contra la seguridad alimentaria".
"Solo ellos son culpables del daño y pérdidas millonarias que se están ocasionando al aparato productivo cruceño y nacional", declaró el ministro.
Y pidió a los líderes cruceños que reflexionen y dialoguen "para retomar la producción y el abastecimiento de alimentos de manera regular e irrestricta a la población boliviana".
La región de Santa Cruz, el próspero departamento en el oriente del país, es bastión de la oposición y lidera los reclamos para que el censo se lleve a cabo en 2023 y sus resultados se conozcan antes de las próximas elecciones generales en 2025.
El censo es importante porque las nuevas asignaciones de recursos económicos para regiones y municipios, así como las cuotas de representación en el parlamento, dependen de su población.
El gobierno del izquierdista Luis Arce había programado el censo para noviembre próximo pero decidió postergarlo hasta 2024, lo que impediría procesar los nuevos datos antes de los comicios.
El gobierno decidió postergar la encuesta argumentando problemas técnicos y la necesidad de "despolitizar" el proceso.
Pero la postura del gobernador de Santa Cruz, el departamento más poblado del país, es que la postergación es ilegal porque el censo debe llevarse a cabo cada 10 años.
El gobernador Luis Fernando Camacho alega que los datos de la encuesta anterior, de 2012, no son confiables para redistribuir los presupuestos federales.
El presidente Arce convocó para este viernes una reunión con gobernantes de todas las regiones del país a "un encuentro plurinacional" para encontrar "una solución definitiva" a la huelga y acordar la fecha del censo. Pero Camacho anunció que no asistiría.
"Estamos abiertos al diálogo pero no vamos a ir a avalar una reunión de 'masistas'", dijo el derechista el miércoles en referencia al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).
"Es aquí donde está el conflicto. No nos quieren, no nos consideran bolivianos", agregó.
Los manifestantes que encabezan la huelga en Santa Cruz bloquearon con neumáticos el paso a las calles y rutas de Santa Cruz para impedir el paso.
Recientemente el gobierno de Arce ha enfrentado a protestas en todo el país. El miércoles llegó a un acuerdo con las cooperativas mineras de oro para detener las protestas en la capital administrativa, La Paz.
