Dylan Esaú, de 2 años de edad, permaneció 44 días desaparecido después de que una mujer se lo llevara del mercado donde acompañaba a su mamá en Chiapas, en el sureste de México.
El caso fue muy notable en el país, después de que su mamá permaneciera varios días afuera de Palacio Nacional para pedir ayuda al presidente, Andrés Manuel López Obrador.
Este jueves 13 de agosto Dylan Esaú Gómez Pérez fue localizado. Según la Fiscalía General del Estado (FGE), la mujer que se lo llevó quería adoptar un niño porque no puede quedarse embarazada.
Un aparente final feliz, pero según activistas, en el camino al hallazgo del menor ocurrieron algunas irregularidades que cuestionan la forma como las autoridades de Chiapas atienden los casos de violencia y abuso contra los niños.
La FGE, por ejemplo, dijo que una red familiar de trata de menores es responsable de la desaparición de Dylan.
Por ello detuvieron a cinco personas y anunciaron que habían desmantelado una casa donde tenían encerrados a 23 niños, entre ellos algunos bebés.
Pero los familiares de los detenidos y organizaciones civiles dicen que en realidad se trata de una familia que rentaba esa casa, ubicada en San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
7 niños desaparecen al día
De un mercado de esa ciudad desapareció Dylan. Los menores que según la Fiscalía fueron rescatados, dicen los familiares, son hijos y nietos de los detenidos.
Uno de ellos, Adelfo Gómez Gómez, de 63 años de edad, murió en la prisión donde se encontraba. Las autoridades dicen que se suicidó. Su familia afirma que fue asesinado.
Activistas como Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), señalan que existe una tendencia en México a criminalizar a personas pobres e indígenas.
"Las zonas indígenas del país tienen prácticas de sobrevivencia que muchas veces son perseguidas por las autoridades", dice a BBC Mundo.
"Vinculan a sus hijos en la venta de artesanías o incluso en la mendicidad en algunos casos, aunque represente un riesgo para el desarrollo de los niños. Pero eso es detonado por la pobreza".
La Fiscalía General de Chiapas no respondió a una petición de información de BBC Mundo sobre el caso. En México, según datos de Redim, todos los días desaparece un promedio de siete menores.
Del 1 de enero al 21 de julio de este año se reportó la desaparición de 1.970 niños, niñas y adolescentes. De ellos 532 no han sido localizados aún.
La desaparición
El niño Dylan Esaú desapareció el 30 de junio de un mercado en el sur de San Cristóbal de las Casas, donde su madre Juana Pérez vende fruta.
Ese día pidió al menor y a su hermana de 5 años que caminaran al negocio de su abuelita, a unos metros del suyo. Pero Dylan no llegó. Una niña de unos 12 años de edad lo tomó de la mano y lo sacó del mercado.
Luego lo entregó a una mujer, quien lo alejó del mercado. El recorrido fue grabado por cámaras de seguridad de varios negocios.
El fiscal Jorge Llaven Abarca dijo que la responsable, a quien identificó como "Ofelia", era parte de la red familiar de explotación de menores.
Ofreció una recompensa de 300.000 pesos, unos US$13.000, por información para su captura.
Sin embargo, de acuerdo con medios locales, la mujer señalada se presentó días después para aclarar que nada tenía que ver con el caso.
Al mismo tiempo, familiares de los detenidos afirman que son inocentes.
En realidad, contaron a medios locales, son una familia originaria de la comunidad Chictón que emigró a San Cristóbal de las Casas hace ocho años.
Todos vivían en la casa donde, según la FGE, mantenían cautivos a los menores. Los detenidos son madres y abuelos de los niños, insiste Enereida Gómez Sánchez, hija de Adelfo Gómez, el hombre que murió en prisión.
75 años de cárcel
La FGE reconoce que esta familia no está vinculada con el caso Dylan y acusa a otra persona, identificada como "Margarita", como responsable de la desaparición del menor.
De acuerdo con el fiscal Llave Abarca, la mujer pagó 200 pesos (US$9) a la niña que sacó al menor del mercado.
Luego se lo llevó a la comunidad donde vive, a unos 136 kilómetros de San Cristóbal de las Casas.
Allí fue detenida, refiere Llaven Abarca. La acusada, quien tiene 23 años de edad, tiene problemas para embarazarse y por eso trató de adoptar a un niño en situación vulnerable, añade el fiscal.
Por este caso la FGE solicitará al juez la sentencia máxima por el delito de desaparición forzada de persona, que en Chiapas implicaría una pena de hasta 75 años de prisión.
