La fiscalía de Cuba cifró en más de 700 los acusados de participar en las protestas de julio pasado, a los que se imputan delitos como sedición, vandalismo, robo y desorden público.
Específicamente, 790 personas han sido "instruidas de cargo por actos vandálicos", informó el organismo en un comunicado, en lo que supone la primera confirmación oficial de los procesamientos por parte del régimen comunista.
Entre los acusados, 710 enfrentan cargos formalmente, de los cuales el 69% se encuentra en prisión provisional, según la fiscalía cubana.
El organismo también anunció que 172 personas ya han sido juzgadas y condenadas, sin ofrecer más detalles.
Familiares de los acusados y activistas han denunciado que los juicios no son justos y las sentencias desproporcionadas.
Las autoridades arrestaron a centenares de personas en relación con las protestas desatadas el pasado 11 de julio de 2021, las mayores en décadas en el país caribeño.
Aquel día se manifestaron miles de personas en toda la isla para expresar su malestar por la escasez de alimentos y medicinas, los elevados precios, la gestión gubernamental de la pandemia y la falta de libertades.
Entre los acusados hay 55 jóvenes de entre 16 y 18 años. En Cuba la edad mínima de procesamiento penal es de 16 años, por lo que se les juzga como adultos.
El inusual comunicado de la Fiscalía, que hasta ahora no había revelado datos específicos sobre los procesos del 11-J, llega tras un aluvión de quejas en las últimas semanas de familiares y activistas, que han denunciado la falta de transparencia de los juicios masivos y las largas penas de prisión impuestas a los procesados.
"Estamos devastados"
La organización defensora de los derechos humanos Justicia 11J aseguró que los ya sentenciados recibieron penas de prisión que van de los 4 a los 30 años. Muchos de ellos fueron acusados de sedición o de apoyar la rebelión contra las autoridades.
"Estamos devastados", declaró a BBC Mundo el mes pasado Luis Aguilar, padre de Walnier Luis, un joven de 21 años condenado a 23 años de cárcel por sedición. "Es una sentencia desproporcionada, y estamos atados de pies y manos porque no hay nadie a quien acudir", lamentó.
La fiscalía cubana considera ese tipo de acusaciones "manipulaciones y matrices de opinión" y aseguró haber "verificado el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales del debido proceso" en virtud de las leyes del país comunista.
"Se garantizó el derecho a la defensa, los abogados aportaron pruebas y tuvieron acceso a las actuaciones", expone el comunicado, y agrega que los cargos de sedición se aplicaron en relación con "el nivel de violencia demostrado".
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En Cuba las reuniones públicas no autorizadas son ilegales y son inusuales las protestas. Las manifestaciones fueron mayoritariamente pacíficas, aunque en ocasiones puntuales se vandalizaron vehículos policiales y saquearon tiendas estatales.
El gobierno cubano culpa a las sanciones de Estados Unidos de los problemas que provocaron las protestas y ha alegado en varias ocasiones que fueron financiadas e instigadas por grupos con sede en el país norteamericano.
La Embajada estadounidense en La Habana criticó en su cuenta de Twitter las "sentencias desproporcionadas a jóvenes pacíficos e inocentes" y afirmó que las autoridades cubanas "no pueden aplastar las demandas del pueblo de un futuro mejor".
