El ataque de este sábado en la capital británica, que se saldó con 7 víctimas mortales y 48 heridos, ha reabierto un intenso debate sobre cómo combatir este tipo de atentados extremistas. Y una de las líneas de batalla más importantes se libra en internet.
El ataque, que las autoridades calificaron de "terrorista", fue llevado a cabo por tres hombres que atropellaron a una veintena de peatones en el Puente de Londres y después apuñalaron a varias personas en Borough Market, un mercado gastronómico en el centro de la ciudad.
Este domingo, el grupo autodenominado Estado Islámico se adjudicó la autoría de los hechos. Es el tercer ataque de corte yihadista que sufre Reino Unido en menos de tres meses.
Acuerdos internacionales para regular internet
Las empresas tecnológicas han defendido la manera en que manejan la difusión de contenido extremista en sus plataformas.
Sin embargo, la primera ministra Theresa May dijo que quiere hacer un gran cambio sobre la regulación de internet que le permitirá añadir controles para otorgar más poder al gobierno y restringir algunas áreas de la red.
"Ya es suficiente", dijo la mandataria en una rueda de prensa este domingo. ""No podemos y no debemos fingir que las cosas pueden seguir tal y como están".
"No podemos otorgar a esta ideología [extremismo islamista] el espacio que necesita para reproducirse. Y eso es precisamente lo que internet y las grandes compañías de servicios en internet están haciendo".
May aseguró que quiere trabajar con gobiernos democráticos aliados para "alcanzar acuerdos internacionales que regulen el ciberespacio y que eviten la propagación del extremismo y la planificación de actos terroristas".
Además, dijo que hay que hacer "todo lo posible en casa para reducir los riesgos del extremismo online". Y agregó: "Hay demasiada tolerancia para el extremismo en nuestro país".
Google -a quien pertenece YouTube, así como Facebook -propietaria de WhatsApp-, y Twitter son algunas de las empresas tecnológicas que enfrentan desde hace tiempo una gran presión para luchar contra el contenido extremista.
Y esa presión se ha intensificado tras los últimos ataques en Reino Unido.
La ministra de Cultura británica, Karen Bradley, dijo que las compañías tecnológicas deben combatir el extremismo de una manera similar a como protegen a los niños cuando eliminan imágenes inapropiadas.
"Sabemos que se puede hacer y que las empresas de internet quieren hacerlo", le dijo este lunes a la BBC.
Google dice que ya invierte cientos de millones de dólares en atacar el problema y asegura que puso en marcha un "foro internacional para acelerar y fortalecer nuestro trabajo en ese área" y que está de acuerdo con en enfoque del gobierno "para que los terroristas no tengan voz en la red".
Facebook y Twitter afirmaron que también se están trabajando duro para eliminar la difusión y el apoyo de actividades terroristas en sus plataformas .
"A través de revisiones tecnológicas y humanas trabajamos con firmeza para eliminar el contenido terrorista de nuestra plataforma lo antes posible", explicó Facebook. "Y si nos percatamos de una emergencia que pueda implicar daños inminentes a la seguridad de alguien, pedimos que se aplique la ley", explicaron fuentes de la red social.
Por otra parte, Twitter dijo que "el contenido terrorista no tiene espacio en su plataforma".
Sin embargo, el gobierno británico cree que deben tomarse más medidas.
Limitar el cifrado de datos
La ministra de Interior británica, Amber Rudd, dijo este domingo que las firmas tecnológicas, además de eliminar el contenido extremista, tienen que limitar el uso del cifrado de extremo a extremo por parte de los terroristas.
Se trata del sistema de encriptación que utilizan WhatsApp y otras aplicaciones de mensajería para que sus usuarios puedan comunicarse sin que un tercero tenga acceso al contenido.
Y esa encriptación hace que los mensajes sean ilegibles si son interceptados tanto por delincuentes como por las autoridades.
El corresponsal de tecnología de la BBC Dave Lee dice que las empresas tecnológicas no están de acuerdo con la necesidad de imponer este tipo de regulaciones.
"La visión de la mayor parte de la industria tecnológica es que aunque el cifrado de datos de principio a fin pueda ser frustrante para la policía, es una tecnología que permite que las comunicaciones de todo el mundo sean más seguras", explicó el periodista.
Dave dice que la lógica de los expertos es que si los agentes pueden acceder al contenido de los teléfonos de los terroristas sin su permiso, entonces también pueden acceder al de cualquier otro.
Este debate ya ocurrió en el pasado cuando Apple se negó a obedecer al FBI cuando quiso acceder al iPhone de los atacantes del atentado que mató a 14 personas en San Bernardino, California, en diciembre de 2015.
Las críticas
Open Rights Group, una organización británica sin ánimo de lucro que promueve la libre expresión en internet, advirtió que estas nuevas medidas pueden ser contraproducentes para los intereses del gobierno y que pueden terminar por "empujar a los terroristas hacia zonas más impenetrables del ciberespacio que los hará más difíciles de vigilar".
Shiraz Maher, del Centro Internacional para el Estudio de la Radicalización (ICSR) del King's College de Londres le dijo a la BBC que la forma de actuar de quienes apoyan a los grupos yihadistas en las redes sociales ha cambiado "pese a lo que dice la primera ministra".
"Han pasado a utilizar métodos más clandestinos", dice Maher, especialmente la aplicación de mensajería Telegram.
Peter Neumann, también al frente del ICSR, dijo en Twitter que "culpar a las redes sociales es políticamente conveniente, pero intelectualmente vago".
Pero no todos se oponen a la estrategia que propuso May.
Julia Rushchenko, investigadora del Centro Henry Jackson para la Radicalización del Terrorismo, expresó en declaraciones a la BBC que los gigantes tecnológicos podrían hacer más para eliminar ese tipo de contenidos y que se preocupan más por la privacidad que por la seguridad de sus usuarios.
"Sabemos que las redes sociales han sido de gran ayuda para difundir discursos de odio por parte de los extremistas", aseguró.
Simon Howard, director ejecutivo de UKSIF, una organización financiera británica es otro de los expertos que están de acuerdo: "Necesitamos que las compañías tecnológicas hagan un poco más y tenemos que decidir cuál es el marco legal en Reino Unido".
