¿Está en venta PDVSA?
Es la pregunta que muchos se hacen en Venezuela desde que el presidente, Nicolás Maduro, declarara el pasado 19 de febrero la "emergencia energética" y anunciara una comisión especial para reflotar la compañía nacional de petróleos.
Pese a que durante años, el gobierno se jactó de haber recuperado la petrolera estatal "para el pueblo", la decisión alimentó las sospechas de observadores que denuncian un plan para la privatización de la empresa y señalan como potencial comprador a Rosneft, la petrolera estatal de Rusia, principal valedor internacional de Maduro frente a Estados Unidos.
El dirigente sindical petrolero Eudis Girot denuncia que en PDVSA se está produciendo una "privatización encubierta".
El plan de Maduro se topó a los pocos días de anunciarse con el desplome del precio del petróleo provocado por el impacto económico del coronavirus y la guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita, lo que añade aún más dudas sobre el futuro de la petrolera venezolana.
Qué está pasando en PDVSA
Al frente de la Comisión, Maduro colocó a su vicepresidente económico, Tareck El Aissami, uno de los pesos pesados de su gobierno, reclamado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico y uno de los dirigentes sancionados por ese país..
Fuentes familiarizadas con el día a día de la compañía dijeron a BBC Mundo que El Aissami es el máximo responsable político, pero en la práctica es otro miembro de la Comisión, Asdrúbal Chávez, quien lleva ahora las riendas en la gestión.
Asdrúbal Chávez es primo del primo del fallecido ex presidente Hugo Chávez y estuvo al frente de Citgo, la filial de PDVSA en Estados Unidos.
El general de la Guardia Nacional Manuel Quevedo continúa en el cargo de ministro de Petróleo, pero hasta tres fuentes conocedoras de la situación indicaron que sus competencias han sido ahora asumidas por Chávez.
Señalaron que Quevedo no ha sido destituido formalmente para evitar soliviantar a los militares y a Diosdado Cabello, uno de los dirigentes más influyentes en la Venezuela chavista, a quien es cercano.
Pocos días después de anunciar Maduro su comisión, comenzó una renovación acelerada de la junta directiva de PDVSA y sus principales dirigentes fueron destituidos, a lo que siguió una oleada de detenciones de directivos de la compañía acusados de pasar información a Estados Unidos y de corrupción.
"La comisión ha tomado el control y lo está auditando todo", dijeron las fuentes, que pidieron permanecer en el anonimato.
Ni el Ministerio de Comunicación de Venezuela ni Rosneft respondieron a una solicitud de comentarios de BBC Mundo.
Por qué se habla de privatización
Después de años de restricciones a la actividad privada, expropiaciones a empresas y férreos controles de cambio y de precios, el gobierno venezolano ha adoptado en los últimos meses una línea más tolerante que ha permitido tomar aire a algunos negocios privados.
Varios observadores señalan que PDVSA podría ser el próximo objetivo de la nueva política liberalizadora con la que el gobierno busca paliar la caída de sus ingresos, disminuidos por la crisis económica y las sanciones estadounidenses.
La compañía petrolera fue durante años el buque insignia de la "Revolución Bolivariana" fundada por Chávez y permitió financiar generosos programas asistenciales que favorecieron su popularidad.
Pero en los últimos años cayó en una profunda crisis debido al declive económico, las sanciones y, según numerosas denuncias, la falta de inversiones y la corrupción.
PDVSA llegó a producir a finales de la década de 1990 cerca de 3,5 millones de barriles de crudo, pero, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), su producción ha caído hasta los 733.000.
Antonio de la Cruz, experto del centro de análisis Inter-American Trends, le dijo a BBC Mundo que "la capacidad operativa de PDVSA se ha deteriorado tanto que el único negocio que se puede hacer con ella es vendérsela a los rusos".
"Pero para reflotarla harían falta al menos US$12.000 millones que el gobierno no tiene y los rusos no van a hacer esa inversión sin recibir garantías", indica el experto.
Aquí entra en juego la batalla por el control de la Asamblea Nacional.
La Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2006 establece que la Asamblea debe aprobar previamente las condiciones en las que se realiza la extracción del crudo, por lo que cualquier inversión que busque seguridad jurídica debe pasar por el Parlamento, en el que la oposición a Maduro tiene mayoría.
El pasado 5 de enero, con el apoyo de la bancada chavista y del gobierno, un diputado opositor tránsfuga se declaró presidente de la Asamblea en lugar del líder opositor, Juan Guaidó.
Muchos interpretaron este movimiento, y la urgencia del gobierno en celebrar elecciones parlamentarias este año como un indicio de la urgencia de Maduro por recuperar la Asamblea.
Los diputados leales a Guaidó, por su parte, aprobaron el 5 de marzo una resolución que declara la inconstitucionalidad de varios contratos suscritos por PDVSA y Rosneft.
El enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo desanima la llegada de inversiones extranjeras.
"Los rusos no van a poner todo ese dinero y arriesgarse a perderlo ante un cambio de gobierno", señala De la Cruz.
Cómo es la relación PDVSA-Rosneft
Como otras energéticas extranjeras, la compañía rusa está presente en Venezuela a través de las llamadas empresas mixtas, en las que actúa en sociedad con PDVSA.
Por esta vía, Rosneft ha sido parte en algunas de las explotaciones más importantes del país, como Petromonagas, Petroboquerón, Petrojunín y Petrovictoria.
Pero, según las fuentes consultadas, PDVSA no ha sido un socio fácil y no han faltado los problemas.
"PDVSA empezó a dejar de pagar dividendos y a acumular deudas por ese y otros conceptos".
A partir de enero de 2019, Rosneft intensificó su papel como comercializador del crudo que PDVSA ya no lograba colocar por el temor de sus compradores habituales a verse salpicado por las sanciones de Estados Unidos.
Igual que la española Repsol, Rosneft encontró de este modo la manera de cobrarse deuda pendiente, hasta que Washington aprobó nuevas sanciones hace escasas semanas, esta vez contra Rosneft Trading, la rama del gigante ruso que se dedica a la comercialización, entorpeciendo así sus actividades y obligándola a colocar en cuentas en rublos gran parte de sus fondos en dólares y euros que tenía en bancos occidentales.
Hasta 2017 la procura, como se conoce en el sector a las compras de productos, bienes y materiales necesarios para llevar adelante los proyectos, se hacían en su mayoría a través de filiales de PDVSA, como Bariven o PDVSA Servicios, lo que impedía a la compañía rusa controlar los precios que se pagaban y la selección de las empresas contratistas.
Pero los apuros de PDVSA le han permitido ir imponiendo cada vez más sus condiciones.
Para compensar la falta de transparencia en las compras y procuras que se llevaban a cabo a través de PDVSA, Rosneft ha recurrido cada vez más en los últimos años a Precision Drilling de Venezuela, una empresa auxiliar de su propiedad, lo que le permite ahora un mayor control de los costes y del destino final de los fondos.
"La instrucción es ir migrando a que todo sea adquirido a través de Precision Drilling", indicaron las fuentes.
Asimismo, Rosneft logró en la negociación de los últimos préstamos que concedió a PDVSA reforzar en las empresas mixtas en las que participa la figura del gerente de Administración y Finanzas, ahora nombrado directamente desde Rusia y con competencias para supervisar la gestión de las sociedades
También exigieron tener un mayor control del flujo de caja y el nombramiento de un alto directivo ruso que ahora audita todos los proyectos conjuntos.
¿Habrá entonces privatización?
Un reciente informe de la consultora Torino Economics indicó que "ampliar la participación de empresas extranjeras en el negocio petrolero luce inevitable en Venezuela".
La compañía necesitaría de una gran inversión y un plan de viabilidad, y los expertos no creen que el Estado venezolano esté en condiciones de aportar nada de esto.
Pero serían muchos los obstáculos a superar en una eventual privatización.
Para empezar, las sanciones de Estados Unidos prohíben los negocios con entidades gubernamentales venezolanas, por lo que sin la aprobación del Departamento del Tesoro será difícil que el gobierno pueda cerrar acuerdos con petroleras importantes.
Los expertos señalan además que PDVSA tendría que reducir su plantilla, y volver a contratar personal cualificado que compensara la marcha del suyo en los últimos años si quiere atraer inversores.
También hay trabas legales.
Aunque hay fórmulas que permitirían la participación de terceros, la Constitución venezolana establece que el Estado conservará la totalidad de las acciones de PDVSA.
Pero el principal escollo es la incertidumbre.
La reciente caída de los precios petroleros ensombrece aún más las perspectivas para Venezuela. "Nadie va a querer arriesgarse a sacar cargamentos de Venezuela si ya se puede conseguir el petróleo en el mercado a US$30 el barril".
El del petróleo es, además, un sector que exige grandes cantidades de capital y las fuentes consultadas ven improbable que ni Rosneft ni nadie vaya a hacer inversiones de envergadura dada la incertidumbre global y la situación política en Venezuela.
Rosneft, como la china CNPC en la empresa mixta Sinovensa, mantiene su presencia en las sociedades compartidas con PDVSA, pero estas apenas tienen ya actividad.
El sector petrolero parece así haber caído en la misma situación de bloqueo en la que se encuentra la política venezolana con el pulso sin resolver entre Maduro y Guaidó.
"Nadie se atreve a invertir, pero tampoco nadie se quiere marchar del país con las mayores reservas de petróleo del mundo", concluye un experto que trabaja en el sector.
*Los nombres acompañados de un asterisco en esta nota son ficticios. Se ha ocultado la identidad de algunas fuentes para proteger su seguridad.
