Es un momento de definiciones, un punto de inflexión que puede marcar el rumbo que tomará la crisis política venezolana.
Este 23 de febrero es la fecha indicada por el presidente de la Asamblea Nacional de ese país, diputado Juan Guaidó, quien el mes pasado se proclamó como mandatario encargado, para el ingreso de la ayuda donada por Estados Unidos y otras naciones para paliar la crisis humanitaria que vive Venezuela.
Los insumos, principalmente alimentos y medicinas, se han ido almacenando durante varias semanas en tres puntos fronterizos: en la ciudad colombiana de Cúcuta, por el oeste; en el estado brasileño de Roraima, por el sureste; y en la isla caribeña de Curazao, por el norte.
Sin embargo, su entrada no está garantizada y, de hecho, podría desencadenar una situación impredecible.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha rechazado este cargamento asegurando que se trata de un "show de la oposición" cuyo objetivo real es forzar su salida del poder.
"La ayuda es un regalo podrido, un paquete tramposo", dijo Maduro hace un par de semanas en una rueda de prensa, durante la cual negó la existencia de una crisis humanitaria y atribuyó a Washington el haber "fabricado" los graves problemas económicos que vive Venezuela para disponer de una excusa que le permita intervenir militarmente y apropiarse de sus recursos.
En una reafirmación de su rechazo a esta ayuda, el mandatario ordenó esta semana el cierre indefinido de la frontera marítima con las islas de Aruba, Bonaire y Curazao -territorios autónomos de Holanda en el mar Caribe-, así como de la frontera terrestre con Brasil.
Además, en la noche del viernes, Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro, anunció el cierre de todos los cruces entre Venezuela y Colombia.
Estas medidas se suman al bloqueo del paso por el puente internacional Tienditas, que une a la ciudad colombiana de Cúcuta con la localidad venezolana de San Antonio, y a través del cual se pensaba que iba a ser transportada la carga.
Esta infraestructura, cuya construcción fue concluida en 2016, nunca fue inaugurada debido a las malas relaciones que han predominado desde entonces entre Caracas y Bogotá.
A inicios de febrero fueron colocados unos contenedores impidiendo el acceso hacia el lado venezolano de la vía y, este viernes, la oficina de migraciones de Colombia acusó al gobierno de Maduro de haber soldado esos obstáculos al puente.
Una crisis inédita
En condiciones de normalidad, las medidas tomadas por el mandatario venezolano habrían bastado para dar por finalizado el tema del ingreso de la ayuda humanitaria en cualquier nación. Pero la situación de Venezuela es particularmente atípica.
El país sudamericano vive un intenso choque de poderes desde que, el pasado 10 de enero, Maduro inició un segundo periodo presidencial para el cual fue electo en unas votaciones consideradas fraudulentas por la oposición.
Menos de dos semanas después, argumentando que el poder Ejecutivo estaba siendo usurpado, Guaidó se juramentó como "presidente encargado" de la República con el objetivo declarado de encabezar un gobierno de transición que convoque unas elecciones libres.
El líder del Parlamento venezolano obtuvo el reconocimiento de Estados Unidos, Canadá y de la mayor parte de los países de América Latina y de la Unión Europea.
Maduro, por su parte, calificó la actuación de Guaidó como un "intento de golpe de Estado" y obtuvo el respaldo de China, Rusia, Irán, Turquía, Nicaragua y Bolivia, entre otros.
Así, la confrontación en Venezuela saltó al tablero internacional, llegando incluso a ser objeto de debate en una sesión abierta a finales de enero pasado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Pero, en realidad, la situación hacía rato que había traspasado las fronteras de ese país, en especial, a través del éxodo de 3,4 millones de venezolanos -según cálculos de ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados-, considerado como la mayor ola migratoria que ha experimentado América Latina en tiempos recientes.
Esa emigración masiva de ciudadanos es una de las evidencias esgrimidas por los expertos para poner en evidencia que, pese a la negativa del gobierno de Maduro a reconocerlo, sí existe una crisis humanitaria.
Otros argumentos apuntan a los problemas de pobreza y de escasez de alimentos que sufre Venezuela.
Vidas en peligro
Al anunciar el plan para la entrada de la ayuda humanitaria, Guaidó dijo que estos insumos irían destinados a atender a unas 300.000 personas cuyas vidas corren peligro.
Según explicó al portal Prodavinci el médico Julio Castro, miembro del equipo técnico que asesora al Parlamento venezolano en este asunto, este cálculo se basa principalmente en el reporte Encovi sobre condiciones de vida realizado por varias universidades venezolanas, en el monitoreo que hace de la situación la ONG Cáritas y en la Encuesta Nacional de Hospitales.
Este último estudio permite saber cuáles son las medicinas que faltan en los centros de salud y cuáles son las consecuencias de su carencia.
Del análisis de estos datos concluyeron que hay unos 200.000 niños que padecen desnutrición grave, moderada o que están en gran riesgo de sufrirla por falta de alimentos, lo que puede dejarles daños neurológicos de por vida; mientras que otras 100.000 personas podrían morir por falta de medicamentos en los hospitales, especialmente los requeridos para atender dolencias como la diabetes, la hipertensión y las enfermedades infecciosas que deben ser tratadas con antibióticos.
El gobierno de Maduro rechaza estos reportes y afirma que los problemas que enfrenta Venezuela no constituyen una crisis humanitaria y que, en todo caso, son derivados de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos.
Aunque esa posición contrasta con las dificultades cotidianas que viven miles de venezolanos para asegurar su acceso a alimentos y medicinas -una realidad constatada en el terreno por numerosas ONG, así como por reporteros de la BBC y de otros medios internacionales-, algunos expertos señalan que Maduro tiene fuertes incentivos para negar lo que ocurre pues en el pasado en distintas partes del mundo se ha utilizado el argumento de la crisis humanitaria para justificar una intervención militar extranjera.
Estrategia política
En el caso de Venezuela, la iniciativa actual de ingreso de ayuda ha sido presentada en el marco de una estrategia de la oposición que apunta a un cambio de gobierno en el país y que cuenta con pleno respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha dicho de forma reiterada que "todas las opciones están sobre la mesa" cuando se trata de resolver la situación en ese país sudamericano.
Cabe recordar, sin embargo, que la solicitud de abrir un canal para el ingreso de ayuda humanitaria ha sido una propuesta que tanto la oposición como numerosas ONG han presentado al gobierno de Maduro desde hace varios años, mucho antes de la aparición en escena de Guaidó y de su propuesta de gobierno de transición, y que el oficialismo reiteradamente se ha negado a aceptarla.
Ese rechazo dejó en manos de la oposición una valiosa iniciativa política, percibida como legítima y necesaria no solo por una parte importante de la población venezolana, sino también de la comunidad internacional.
La estrategia opositora para conseguir una transición en Venezuela contempla como un paso necesario lograr el quiebre del respaldo que el gobierno de Maduro tiene dentro de las instituciones y, sobre todo, en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Con este objetivo, Guaidó y la Asamblea Nacional han impulsado una Ley de Amnistía para beneficiar a todos los funcionarios civiles y militares que cambien de bando y colaboren activamente en la "restauración de la democracia" en Venezuela.
Esta iniciativa goza del apoyo de Estados Unidos, que ha sancionado a decenas de altos cargos y militares del gobierno venezolano, a quienes ha dirigido numerosos mensajes para que apoyen un cambio político en el país.
En ese contexto, la entrada de ayuda humanitaria será una primera prueba para determinar la solidez del respaldo militar a Maduro.
Está previsto que los cargamentos con insumos intenten ingresar a Venezuela protegidos por una movilización masiva de voluntarios denominada avalancha humanitaria
Esta situación crearía una encrucijada, en primer lugar, para el gobierno de Maduro, que tendría que decidir si ordena reprimir esos esfuerzos y, en segundo lugar, para los oficiales y soldados desplegados en los puntos fronterizos, que deberán valorar si obedecen o no esas órdenes.
Con el objetivo de ganar el apoyo de las FANB, Guaidó ha hecho numerosos llamados a los militares en los que les señala que gracias a esa ayuda se podrían salvar la vida miles de venezolanos, incluidas las de miembros de sus propias familias.
"El 23F debe elegir entre servir a Maduro o servir a la patria", ha advertido en sus mensajes de Twitter.
https://twitter.com/jguaido/status/1099124241075707904
Pero este sábado, la presión sobre los militares no se limitará a la frontera. La oposición ha convocado multitudinarias manifestaciones en torno a instalaciones militares en todo el país bajo la consigna "Es la hora de la libertad, es la hora de Venezuela".
Los límites de la contención
Poseedor del control de la mayor parte de las instituciones y de las Fuerzas Armadas, el gobierno de Maduro ha mostrado desde el inicio de esta reciente crisis una relativa contención a la hora de responder al desafío planteado por la oposición.
Un indicador de ello es el hecho de que pese a que acusa a Guaidó de encabezar un intento de golpe de Estado, los cuerpos de seguridad no han detenido ni procesado al presidente de la AN.
Del mismo modo, aunque la ONG Foro Penal registró en las últimas semanas cifras récord de detenciones por motivos políticos, el gobierno ha logrado evitar la imagen de que Venezuela sufre una represión especialmente sangrienta.
Dos de los elementos que explican esta contención son la apuesta del gobierno a que el órdago lanzado por la oposición pierda fuerza con el paso del tiempo y las líneas rojas marcadas por el gobierno de Estados Unidos, que ha amenazado con graves consecuencias en caso de que Maduro actúe en contra de Guaidó o de la Asamblea Nacional.
Esta estrategia de "dejar hacer" plantea, no obstante, un importante dilema para Maduro de cara a la entrada de la ayuda humanitaria, pues permitir su ingreso después de haberla rechazado tantas veces podría ser visto como un triunfo para la oposición.
Intentar reprimir, por otra parte, implica el riesgo de ser repudiado por los ciudadanos y la comunidad internacional. Además, existe el peligro de que una actuación excesiva pueda servir para justificar una respuesta estadounidense que implique, en alguna medida, el uso de la fuerza militar.
Para conjurar la percepción de que no está interesado en ningún tipo de asistencia externa que ayude a los venezolanos a sobrellevar la crisis, Maduro anunció esta semana que recibirá 300 toneladas de ayuda humanitaria procedente de Rusia.
Cierre de fronteras
Hasta ahora, el gobierno venezolano parece querer minimizar los riesgos de enfrentamiento, cerrando las fronteras con Colombia, Brasil y las islas del Caribe, y colocando barreras físicas para bloquear el puente Tienditas, lo que podría reducir la necesidad de usar a los cuerpos de seguridad para evitar la entrada del cargamento.
Este viernes, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, dijo en relación con la operación humanitaria de la oposición que la FANB no va a atacar a personas desarmadas pero garantizó que los militares defenderán el territorio de "cualquier agresión armada".
Un resultado óptimo para Maduro sería evitar el ingreso del cargamento sin necesidad de hacer uso de la fuerza, pues no solamente obtendría su objetivo, sino que pondría en aprietos a Guaidó, quien también se juega su capital político tras prometer que la ayuda humanitaria entrará en Venezuela "sí o sí".
De esta forma, el gobierno también eludiría otros riesgos vinculados a los intentos de represión, como la posibilidad de que sus órdenes sean desobedecidas, lo que supondría una ruptura de la cadena de mando y abriría las puertas a posibles deserciones dentro de la FANB.
"Leales, siempre; traidores, nunca", es el lema que el gobierno ha utilizado durante los numerosos actos que ha realizado Maduro junto a miembros de la FANB desde el inicio de esta crisis.
Que los militares decidan en este contexto desobedecer las órdenes de reprimir y permitan la entrada de la ayuda humanitaria sería un punto de inflexión en el conflicto, una auspiciosa victoria para la oposición.
Sin embargo, predecir el quiebre o la continuidad del apoyo de los militares al gobierno es una tarea cuesta arriba debido a las condiciones que caracterizan la vida castrense en Venezuela.
Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano y una de las expertas de referencia sobre el mundo militar venezolano, aseguró a BBC Mundo que 97% de los uniformados sufren las mismas dificultades que los civiles.
De igual modo, la semana pasada dos oficiales de baja graduación entrevistados por una corresponsal de la BBC en Caracas bajo condición de anonimato afirmaron que hay gran descontento dentro de los cuarteles, pero que los militares tiene miedo a manifestarse porque están sometidos a una gran vigilancia.
Hasta ahora, las expresiones de malestar procedentes del mundo castrense han sido formuladas por oficiales que están retirados o en el exilio.
Esto no significa necesariamente que no haya descontento dentro de los cuarteles, sino más bien que si existe, este solo se expresará cuando ya no haya marcha atrás.
