Organismos internacionales y de derechos humanos criticaron duramente la violencia empleada por la policía de Nicaragua este sábado para impedir una manifestación que se saldó con más de 100 personas detenidas.
La marcha había sido convocada en Managua por la Unidad Nacional Azul y Blanco -una alianza opositora al gobierno de Daniel Ortega formado por más de 40 organizaciones sociales- para pedir "la liberación de todos los presos políticos" en el país.
Las autoridades nicaragüenses informaron el viernes que la manifestación no estaba autorizada, pero la Unidad mantuvo la convocatoria apelando a "los derechos de liberad de expresión y movilización" recogidos en la Constitución.
"A pesar de las advertencias formales de la Policía Nacional sobre una actividad no autorizada (...), salieron al lugar grupos de personas que violentaron el orden público", expresó la policía en un comunicado.
Por este motivo, la institución comunicó que "se vio en la obligación de capturar a 107 personas, que fueron trasladadas a la Dirección de Auxilio Judicial".
En el comunicado se informó también que gracias a gestiones del nuncio del Vaticano en Nicaragua, Stanislaw Waldemar Sommertag, "la Policía Nacional está poniendo en libertad a esas personas".
La Unidad Nacional Azul y Blanco, sin embargo, publicó en Twitter que había "164 secuestrados" y seis heridos con perdigón y balas de goma.
"Represión inaceptable"
Las personas arrestadas trataban de participar en la manifestación que, debido a la actuación de la policía, no pudo llevarse a cabo.
La Agencia Efe informó que muchas de las detenciones ocurrieron de forma violenta e incluyeron disparos.
Organismos de derechos humanos y medios locales denunciaron que varios manifestantes y periodistas que cubrían el evento fueron golpeados.
https://twitter.com/laprensa/status/1107013388918509568
Asimismo, decenas de agentes entraron a establecimientos privados donde manifestantes se habían refugiado y rodearon estos edificios y gasolineras a la espera de su salida.
Tras seis horas, la policía y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia acordaron que los agentes permitirían salir a las personas de varios centros comerciales sin ser arrestadas, informó EFE.
La Unidad Nacional Azul y Blanco comunicó que, entre los detenidos, se encontraban el exministro de Educación nicaragüense Humberto Belli, la exguerrillera sandinista Mónica Baltodano, la líder opositora Ana Margarita Vigil y la periodista Marlen Chow.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció una "inaceptable represión de la policía" contra una protesta pacífica.
https://twitter.com/OACNUDH/status/1107030365506596864
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), igualmente, condenó esta "represión" contra periodistas y manifestantes.
https://twitter.com/CIDH/status/1107026309937618949
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijo que "no se puede avanzar hacia una negociación creíble si al momento de sentarse a la mesa se reprimen protestas legítimas".
https://twitter.com/Almagro_OEA2015/status/1107053337772462085
La Embajada de Estados Unidos en Nicaragua también llamó a las autoridades a "cesar el uso de fuerza excesiva" contra quienes ejercen su derecho a la libre expresión.
https://twitter.com/USEmbNicaragua/status/1107032907498090498
Liberación de presos
La manifestación por la puesta en libertad de "presos políticos" estaba convocada después de que este viernes el gobierno de Nicaragua liberara a 50 personas encarceladas tras participar en manifestaciones contra Ortega en los últimos meses.
Esta cifra fue considerada insuficiente por la opositora Alianza Cívica, que amenazó con abandonar el diálogo que busca resolver la grave crisis política que vive el país si no se libera a 677 manifestantes que hasta el jueves permanecían en prisión.
La crisis en Nicaragua comenzó en abril del año pasado con una protesta estudiantil contra una reforma a un plan de pensiones y escaló hasta pedir la salida del poder de Ortega, de 72 años.
De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), "crímenes de lesa humanidad" cometidos por el gobierno y enfrentamientos entre manifestantes y policía dejaron ya más de 325 muertos, aunque grupos locales elevan la cifra a 561.
El gobierno, por su parte, asegura que ha sufrido un intento de "golpe de Estado" y solo reconoce la muerte de 199 personas.
