Nicaragua ya no genera titulares, pero que la situación en el país centroamericano está lejos de haber regresado a la normalidad luego de la ola de protestas que estalló hace exactamente un año, lo demuestra el hecho de que su periodista más prestigioso ahora trata de explicarla desde el exilio.
Carlos Fernando Chamorro, ganador del prestigioso premio Maria Moors Cabot y del premio a la libertad de expresión en Iberoamérica, se instaló en Costa Rica en enero luego de que las instalaciones de los medios que dirige fueran ocupadas por la policía nicaragüense.
El gobierno del presidente Daniel Ortega ha acusado en numerosas ocasiones al comunicador de de ser un agente de Washington y de estar detrás de lo que el mandatario ha denunciado como un intento de golpe de Estado organizado desde la capital estadounidense.
Pero Chamorro describe el estallido de abril de 2018 como el inicio de una rebelión cívica espontánea y explica su salida como una consecuencia del hostigamiento al que han sido sometidos todos los críticos del gobierno, incluidas organizaciones de derechos humanos y prensa independiente.
La situación -que ha dejado al menos 320 muertos, centenares de prisioneros, decenas de miles de exiliados y millonarias pérdidas económicas en el segundo país más pobre del continente americano- estalló después de que el 18 de abril de 2018 un grupo de simpatizantes del gobierno atacaran una pequeña protesta de un grupo de pensionados.
Y un año después, los esfuerzos por encontrar una salida a la crisis parecen estancados, con el gobierno insistiendo en que la demanda de un adelanto de elecciones -una de las exigencias claves de los manifestantes de abril, secundada por Chamorro- constituiría un rompimiento inaceptable del orden constitucional nicaragüense.
Para recordar cómo se llegó ahí, conocer su perspectiva sobre la situación actual y analizar las perspectivas de salida de la crisis, BBC News Mundo conversó vía telefónica con el periodista, hijo de la expresidenta Violeta Chamorro, pero también exdirector del diario del FSLN de Ortega en la década de 1980.
También le pedimos su balance de la situación al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao.
Cuando se dio aquella pequeña protesta contra las reformas al sistema de pensiones, el 18 de abril de 2018, ¿se imaginó Carlos Fernando Chamorro que un año después iba a estar en el exilio en Costa Rica? ¿Qué pasó en Nicaragua para que eso ocurriera?
La rebelión ha sido un fenómeno absolutamente impredecible. Antes del 18 de abril (de 2018) sabíamos que el régimen de Ortega no era sostenible porque estaba fundado en pies de barro: en una excesiva centralización del poder, en una excesiva corrupción; y que una alianza como la que le sostenía, con el gran capital, no era duradera sin instituciones democráticas y sin rendición de cuentas. Pero nadie podía predecir, ni imaginar el estallido social que se iba a producir.
Cuando se convocó a esa protesta del 18 de abril enviamos un equipo a cubrirlas, pero suponíamos que iba a ocurrir lo mismo que pasaba siempre: que las fuerzas de choques llegaban, sometían a los participantes en las protestas en el lapso de una hora y posteriormente se mantenía el control político y social del régimen sobre todos los espacios públicos.
Sin embargo todo cambió, en parte por la resistencia de la gente en León y Managua ese día, que generó mucho repudio por la represión y el ataque de las fuerzas de choque del que fueron víctimas, la colusión y complicidad de la policía.
Eran hechos que habían ocurrido muchas veces antes. ¿Por qué esto desencadenó al día siguiente esta rebelión? Yo creo que está directamente relacionado a la rebelión de los estudiantes universitarios. Los estudiantes universitarios, fundamentalmente los de las universidades públicas, explotaron en la noche del 18 de abril y a lo largo del día 19, 20, 21 y ese fue el motor principal de esta protesta.
Pero lo que la generaliza, lo que convierte esto en algo irreversible es la manera como el régimen reacciona, es el nivel de violencia estatal, policial y paramilitar que desplegaron.
El día 18 no hubo ni un muerto; hubo heridos, robos, agresiones. Pero el 19 ya hubo tres muertos y el 20 había siete más. Y el 21 y 22 la cifra sobrepasaba ya los 25. Es decir, hubo un baño de sangre desde los primeros días, y eso fue lo que provocó la crisis definitiva del régimen.
Ha utilizado la palabra rebelión varias veces. ¿En qué difiere eso de la caracterización de lo ocurrido como un "intento de golpe de Estado", que es la versión del gobierno de Nicaragua?
El gobierno nunca habló de intento de golpe de Estado en abril. Ese fue un relato que inauguró Ortega el 19 de julio, varios meses después, cuando había plena evidencia para los nicaragüenses, para la prensa internacional y para las comisiones internacionales de Derechos Humanos que en Nicaragua lo que se había desatado era una insurrección cívica, por ponerlo de alguna manera.
Fue una combinación de muchas formas de protesta, no armadas -porque esto no estaba dirigido por un movimiento armado ni tenía esa dirección- y con banderas políticas que estaban enfocadas en el cese de la represión, en la renuncia de Ortega y Murillo, por su responsabilidad en estos crímenes, y por otro lado en reformas políticas para llamar a elecciones anticipadas.
El representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, el señor Guillermo Fernández, recuerdo que yo lo entrevisté y le hice la pregunta directa, y dijo: "Aquí no hay ningún indicio de que se haya producido algo parecido a un intento de golpe de estado lo que ha habido es un exceso de violencia estatal, policial y parapolicial".
Y el mismo diagnóstico han dado también los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Internacional de Expertos Independientes.
Es decir, hay tres entidades de derechos humanos internacionales que corroboran que en Nicaragua lo que hubo fue un baño de sangre desatado por la represión estatal.
Nicaragua, sin embargo, en cierta forma dejó de contar muertos en julio, cuando la CIDH contabilizó 325 muertos en el marco de las protestas. Y usted se fue del país siete meses más tarde?
La represión ha tenido varias etapas, como la ha caracterizado muy bien la CIDH. Primero fue la matanza, el uso excesivo de la fuerza estatal, policial y paramilitar. Eso tiene su momento más intenso en el mes de julio con la "Operación Limpieza" para desmantelar las barricadas y los tranques en los diferentes puntos del país.
Posteriormente viene la operación de detención de los participantes en las protestas cívicas, secuestros y capturas ilegales Llegaron a existir aproximadamente más de 700 presos políticos en las cárceles.
Y en el mes de septiembre se impone lo que la propia CIDH calificó como un estado de excepción de facto: la prohibición que establece el Estado de la libre movilización, la prohibición de las marchas cívicas, y la conculcación de derechos constitucionales sin imponer un estado de emergencia, sin hacerlo por la vía del parlamento.
En el mes de diciembre se produce una escalada contra organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación, incluidos Confidencial y Esta Semana, los medios que yo dirijo.
No es que la agresión contra la prensa empezó en diciembre, fue una escalada. La represión contra la prensa empezó antes del 18 de abril y se intensificó el 18 de abril. La primera semana de las protestas se produjo el asesinato del periodista Ángel Gahona, asaltos y agresiones contra reporteros y medios, el incendio de Radio Darío, la censura contra 100% Noticias, y eso vino escalando. Se contabilizan más de 700 agresiones contra la prensa.
Luego, la noche del 13 de diciembre, la redacción de Confidencial y Esta Semana es asaltada por la policía a medianoche. No había ningún reportero en ese momento, solo los guardias de seguridad, y se produce un asalto durante cuatro horas. La policía saqueó nuestra redacción y al día siguiente regresó a ocuparla de manera definitiva.
Y al día de hoy "Confidencial" y "Esta Semana" continúan ocupadas por elementos armados de la policía sin ninguna orden judicial y sin ninguna justificación de tipo administrativo. Es un acto de confiscación de facto.
Pero lo más grave, lo que provoca realmente mi decisión de salir al exilio para proteger mi libertad y mi integridad física es lo que ocurre una semana después en el asalto contra 10% Noticias, el canal de cable dirigido por Miguel Mora, que es asaltado por la policía a eso de las 9:00 pm, y son capturados Miguel Mora, Lucía Pineda Ubau, jefa de prensa y periodista, y Verónica Chávez, esposa de Miguel y periodista.
El medio es sacado del aire y al día siguiente se les abre a ellos un proceso criminal. Son acusados de delitos totalmente fabricados e inexistentes, como incitación al odio, conspiración y terrorismo. Y hoy tienen más de 114 días de estar presos, sometidos a ese juicio político.
Paulo Abrao, CIDH: "En Nicaragua hay un estado de excepción de hecho"
Para el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, en el marco de la crisis el gobierno de Nicaragua optó por "cerrar todos los espacios democráticos, estableciendo en los hechos un estado de excepción donde el derecho a la protesta social no se puede ejercer".
En entrevista con BBC Mundo, Abrao destacó como el Estado nicaragüense se ha ocupado de impedir cualquier manifestación pública de protesta, lo que paradójicamente también ha resultado en que desde el 23 de septiembre del 2018 no se registran muertos en el marco de lo que él sigue considerando una de las crisis de derechos humanos "más graves en la región en el último tiempo".
"Como las muertes han sido resultado de la represión de las manifestaciones callejeras, sin la posibilidad de la realización de protestas multitudinarias, no se registraron nuevas víctimas en el marco de la represión estatal", explicó el secretario de la CIDH, que ha responsabilizado directamente al gobierno del presidente Ortega por el elevado número de muertes antes de esa fecha.
Aunque, como destaca Abrao, desde mediados de marzo, cuando reinició el diálogo "hay intentos de manifestaciones públicas de protesta en Managua y en las principales ciudades del país".
"Los manifestantes, en su creatividad, inventan nuevas formas de protesta, para evitar la represión policial y las detenciones, que se materializan en intervenciones callejeras exprés o en apariciones breves en lugares privados", explica.
Pero la CIDH ha seguido registrando detenciones arbitrarias y "otras formas de represión: asedio policial en los barrios, amenazas en redes sociales a disidentes y por medio de pintadas en las casas de personas asociadas a la oposición".
"Claramente, estamos ante una etapa nueva en la que conviven los intentos de diálogo con la persistente violación a los derechos humanos", describe Abrao.
Y, sobre ese diálogo, advierte que ninguno de sus potenciales acuerdos "puede suponer impunidad para las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el contexto de la crisis".
"En el derecho internacional de los derechos humanos, el estándar es claro y supone verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición", recuerda el secretario de la CIDH, después de lamentar el "incumplimiento generalizado" del Estado de Nicaragua a las recomendaciones de la organización que preside.
Yo conocí en los días posteriores a la Navidad que había ya una decisión política al más alto nivel de capturar a otros periodista y someterlos a procesos criminales similares, y que en esa lista estaba mi persona.
Y tenía el dilema de esperar a ser capturado y que me fabricaran un juicio político penal, o ponerme en resguardo y preservar mi libertad. Y por eso salí al exilio a Costa Rica para continuar desde aquí haciendo periodismo en Nicaragua, desde Costa Rica.
Porque aclaro lo siguiente: la mayoría de mi staff está en Nicaragua, y ha seguido trabajando en Nicaragua bajo condiciones de persecución, de amenazas, de intimidación, pero nuestros medios nunca han salido del aire.
Es decir, si el objetivo de la dictadura era callarnos nunca lo lograron, porque hemos estado siempre en línea el sitio web de Confidencial, y el programa de TV lo hemos seguido produciendo y transmitiendo ahora a través de las redes sociales, YouTube y Facebook, debido a la censura de facto que impusieron también contra Canal 12, el canal que transmitía los programas de televisión Esta Noche y Esta Semana.
Las noticias que llegan afuera, sin embargo, hablan de un reinicio del diálogo, de la liberación de presos políticos, de un programa de repatriación del gobierno de Nicaragua. Y el gobierno insiste que poco a poco las cosas han regresado a la normalidad. ¿No ha mejorado la situación?
La situación no ha mejorado porque se mantiene el estado de sitio de facto. A lo largo de estos tres meses se han producido nuevas capturas, nuevos secuestros de personas que simplemente salen a los espacios públicos a ondear la bandera azul y blanco. Ese es el peor crimen. La dictadura ha criminalizado el uso del símbolo nacional como si esto fuese un delito.
Es cierto que Ortega aceptó en el mes de febrero sentarse nuevamente a negociar con la Alianza Cívica y creo que fue el 20 de marzo que acordó con la Alianza Cívica y se comprometió a liberar a todos los presos políticos en un plazo de 90 días. Pero al día de hoy eso no ha ocurrido: se ha producido la excarcelación, no liberación, de unos 200 presos políticos; quedan más de 300 o 400 en las cárceles.
Y el compromiso no es excarcelarlos, el compromiso es liberarlos plenamente, lo que implica anular los juicios políticos para que recuperen plenamente su libertad.
¿Y por qué tendría que esperar 90 días? No hay ningún motivo, ninguna razón, simplemente es que, para Ortega, los presos políticos desde el primer momento han sido rehenes políticos.
Y son rehenes que él mantiene encarcelados como una moneda de cambio, como un mecanismo de último recursos para ponerlo en la mesa de negociación. ¿A cambio de qué? Pues posiblemente a cambio de la impunidad de los crímenes que ha perpetrado la dictadura.
En estos momentos en Nicaragua no hay -excepto un guarda de seguridad que asesinó a una estudiante de medicina de nacionalidad brasileña- ningún perpetrador de crímenes de la represión que haya sido investigado o que esté siendo procesado. Ningún policía ha sido investigado o dado de baja por estos crímenes, y tampoco ningún paramilitar.
El tema de la impunidad es central para el futuro de Nicaragua, y lo que prevalece hoy en el país es un estado de sitio de facto. Nicaragua es un país que está absolutamente dominado por la policía, en el que no se permite el ejercicio del derecho constitucional de reunirse, de marchar y protestar.
¿Y hay solución a la vista? ¿Se puede confiar en el diálogo entre el gobierno y la denominada Alianza Cívica?
La única salida a la crisis de Nicaragua pasa por una negociación política. Pero en estos momentos Ortega no tiene voluntad política de ceder ni en las precondiciones de esa negociación, que son la liberación de todos los presos y, en segundo lugar, el restablecimiento de las libertades públicas.
No puede haber una negociación política en igualdad de condiciones si el pueblo está con censura, sin libertad de prensa y sin libertad de movilización. Por lo tanto yo creo que todavía no hay condiciones para llegar a la negociación de fondo sobre la reforma política y el adelanto de elecciones, y por el otro lado la investigación de los crímenes para que sean sometidos eventualmente a la justicia y no queden en la impunidad.
¿Cómo se llega a ese punto? Yo creo que la única manera de llegar a esa negociación política es bajo condiciones de mayor presión nacional e internacional. Y una presión también de naturaleza económica.
La economía nicaragüense está en proceso de recesión, que podría convertirse en depresión y llegar incluso al colapso de la economía. Hay una gran precariedad del sistema financiero: se ha perdido por lo menos un tercio de las reservas del Banco Central y hay una fuga permanente de depósitos del sistema bancario; los bancos han anunciado que no están en condiciones de financiar el próximo ciclo agrícola.
Pero hasta hoy Ortega sigue teniendo capacidad para mantener el control de las finanzas públicas y para pagar la planilla del estado, el subsidio del transporte público y el subsidio de la energía, que en mi opinión son tres variables claves.
La única salida es a través de una negociación política porque esta no es una revolución armada. El único camino pasa por la negociación. La pregunta es si la negociación será con o sin Ortega. En estos momentos Ortega es un obstáculo para esa negociación, porque no está facilitando la reforma política para ir a elecciones adelantadas, y solamente llegaremos a ese momento cuando el régimen se sienta realmente al borde del abismo.
Hoy Ortega está apostando a que él es parte de una alianza regional con Cuba y con Venezuela, y mientras (el presidente de Venezuela) Nicolás Maduro mantenga una posición de fuerza frente a las demandas de cambio que está enfrentando, yo tampoco veo a Ortega cediendo. Ortega solamente va a ceder cuando las condiciones de presión nacional e internacional lo pongan en una situación extrema.
Y esa situación extrema, me temo, es bastante incierta y peligrosa, porque podría desatar una nueva ola de represión. Aunque yo espero que en una circunstancia como esa el ejército de Nicaragua pueda jugar un papel estabilizador, para que no se produzca otra matanza.
Esa situación extrema, sin embargo, afectaría también especialmente a los más pobres. ¿Es ese un precio que vale la pena pagar?
Ya está afectando a los más pobres. Hay 70.00, 80.000 refugiados y exiliados, la mayor parte de ellos en Costa Rica, y son en su mayoría personas de escasos recursos. Y también hay una pérdida de más de 340.000 empleos en Nicaragua. El punto es que no hay otra salida. El riesgo mayor que se corre en esta crisis es que por la desesperación y la presión que hay en el país se acepte un mal arreglo.
Cuando digo mal arreglo, me refiero a uno que le permita a Ortega preservar una alta cuota de poder a cambio de unas pocas concesiones. Hay premura y hay presión de los grandes capitales y los sectores empresariales para que se llegue a un acuerdo político para que la economía pueda respirar y se pueda recuperar. El problema es que un mal acuerdo político puede simplemente hacer que el país sea ingobernable en el futuro.
Nicaragua necesita una salida política integral, y esa salida política pasa por una reforma electoral, por adelantar las elecciones, sentar las bases para la justicia, desmantelar las bandas paramilitares y reformar integralmente la Policía Nacional. De lo contrario no importa si mañana Ortega deja la presidencia de la República y en una elección anticipada una coalición nacional puede ganar la presidencia. Ese no es el objetivo de lo que empezó en abril del año pasado.
El objetivo de la revolución de abril, de esta revolución pacífica, ha sido siempre la democratización y la justicia en Nicaragua. Y eso no sería posible nunca si el país sigue siendo ingobernable bajo el control de Ortega y de sus fuerzas paramilitares y del control político y económico que él mantiene en el país.
