Con el mundo entero luchando para frenar el avance del coronavirus, muchos países se enfrentan con un gran desafío a la hora de poder costear el equipamiento sanitario y hospitalario necesario para contener la pandemia.
Pero dos países latinoamericanos han encontrado una forma original de conseguir algunos de estos recursos extras.
Argentina y Colombia utilizan bienes incautados del narcotráfico y otras actividades delictivas para apuntalar sus sistemas sanitarios ante el avance del virus.
Desde autos a inmuebles que pertenecían a presuntos criminales son utilizados para trasladar o alojar a enfermos de coronavirus, o para aislar a personas en riesgo debido a la pandemia.
Esto es posible gracias a una figura jurídica llamada "extinción de dominio", que aplica a bienes presuntamente adquiridos de forma ilegal.
Básicamente permite que las pertenencias malhabidas de personas acusadas de delitos como narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, terrorismo o corrupción puedan quedar a disposición del Estado.
Cómo funciona
Las personas investigadas por estos delitos normalmente enfrentan un proceso penal, y sus bienes, en los países que no tienen un régimen de extinción de dominio, recién pueden ser decomisados si la persona es condenada (algo que puede tardar años).
Con el mecanismo de extinción de dominio el procedimiento es mucho más veloz.
Apenas un juez penal dicta medidas cautelares sobre bienes sospechosos de provenir de origen criminal, estos bienes pasan inmediatamente al fuero civil, donde se decide sobre su posible decomiso.
Es decir, incluso antes de que un sospechoso es procesado e imputado por la justicia, todo aquello que se presume adquirió gracias a actividades ilícitas pasa a manos de la Justicia civil.
Esta puede aplicar la extinción de dominio sobre esos bienes, lo que hace que el sospechoso pierda sus derechos de propiedad sobre ellos.
Esos bienes pasan entonces a manos del Estado y son administrados por entes creados especialmente para ese fin.
En Colombia, donde la extinción de dominio se aprobó por ley en 2014, ese organismo es la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
En Argentina, que aprobó el régimen a comienzos de 2019 a través de un decreto del entonces presidente Mauricio Macri -quien no pudo hacer aprobar el proyecto en el Congreso- es la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
Contra el covid-19
Estas dos naciones no son las únicas de la región que tienen esquemas de este tipo.
También Perú, México, El Salvador, Honduras, Guatemala y Bolivia cuentan con figuras jurídicas similares en su legislación, al igual que varios otros países en el mundo.
Sin embargo, Argentina y Colombia son los primeros dos que le han dado a este recurso un uso puntual en la lucha contra el coronavirus.
Hasta ahora, los bienes incautados de actividades ilegales eran usados o subastados para financiar a las organizaciones que luchan contra el crimen organizado, o para ayudar a las personas con menos recursos.
Pero el enorme desafío que representa la pandemia llevó a que hoy se utilicen como parte de la estrategia para contener el avance del virus.
El primer ejemplo de ello ocurrió en el norte de Argentina el pasado 21 de marzo, tres semanas después de que ese país registrara su primer caso de coronavirus y un día después de que se decretara una cuarentena obligatoria nacional.
La AABE le entregó al gobierno de la provincia de Salta -un popular destino turístico- dos hoteles, para alojar a viajeros extranjeros procedentes de zonas de riesgo.
Los hoteles eran dos de las decenas de propiedades que pertenecían al clan Loza, una organización narcocriminal internacional que fue desbaratada en 2018, y cuyos bienes se convirtieron en los primeros recuperados gracias al régimen de extinción de dominio argentino.
Edificios, autos y dinero
Unos días más tarde, la AABE aceptó un pedido de la municipalidad de Pilar, un municipio en el norte de la provincia de Buenos Aires, para disponer de un "megaemprendimiento" presuntamente financiado por un cartel de drogas colombiano.
Se trata de un enorme proyecto inmobiliario llamado Pilar Bicentenario, que según la Justicia argentina formaba parte de un operativo de lavado de dinero del cartel liderado por José Bayron Piedrahita Ceballos, actualmente detenido en Estados Unidos.
A través de una resolución, la AABE aprobó la transformación del edificio en construcción en un "centro de diagnóstico del covid-19".
La Justicia argentina no solo ha permitido el uso de edificios incautados para colaborar en la lucha contra el coronavirus. También ha adjudicado autos y dinero.
El 4 de abril, un juez en la ciudad de Mar del Plata, el balneario más famoso de Buenos Aires, aceptó el pedido del intendente local y dispuso que 26 vehículos decomisados a una presunta banda de narcotraficantes sean usados para prestar servicios en el marco de la pandemia.
Los autos se destinarán al transporte de pacientes y otras labores de seguridad en el contexto de la cuarentena obligatoria.
"Esta decisión de la Justicia es valiosa porque son recursos que fueron recuperados del crimen organizado, y que hoy vuelvan al servicio de los vecinos es muy importante", señaló al diario La Nación el intendente local, Guillermo Montenegro.
Dinero de la corrupción
No solo el dinero del narcotráfico se destina a la lucha contra el coronavirus en Argentina, también el de la corrupción.
Las fortunas incautadas en dos de las causas de corrupción de más alto perfil de los últimos años han sido puestas a disposición por la justicia para este fin.
El tribunal que juzgó al exsecretario de Obras Públicas del gobierno kirchnerista, José López, condenado por enriquecimiento ilícito luego de haber sido filmado escondiendo bolsos con millones dólares en un convento, determinó que US$2 millones de ese dinero sea donado al hospital pediátrico Garrahan.
Ese dinero, más otros US$12.000 en pesos, será destinado a comprar respiradores, barbijos y antiparras.
En tanto, el tribunal que juzga al empresario Lázaro Báez, acusado de lavar dinero para el gobierno kirchnerista, le entregó al Ejército "en calidad de depositario judicial" bienes incautados que incluyen 17 contenedores vacíos, 300 equipos de protección y 21 camillas.
En su dictamen, los jueces explicaron que actuaban "en atención al contexto actual de emergencia pública en materia sanitaria (...) y a la utilidad pública que podría reportar la entrega de los elementos solicitados frente a la nula actividad que podría efectuarse en el proceso de loteo y remate".
En Colombia
La Sociedad de Activos Especiales (SAE) de Colombia también ha permitido que algunos bienes decomisados se utilicen provisionalmente para ayudar en la lucha contra el coronavirus.
"Para apoyar al gobierno y a las entidades territoriales en la atención de esta contingencia, la SAE ajustó procedimientos internos", le explicó al diario El Tiempo Virginia Torres, presidenta de la SAE.
"Así se garantiza que los bienes administrados puedan ser utilizados y adecuados como instalaciones para tratamiento, aislamiento y atención, sin el cumplimiento de otros requisitos ordinarios".
Entre las propiedades que ha ofrecido la entidad se incluye el Hotel Benjamin, en la norteña ciudad de Santa Marta, que pertenecía al israelí Assi Mosh, expulsado de Colombia en el 2017 por supuestos nexos con redes de prostitución.
Y un exprostíbulo conocido como 'El Castillo', en el centro de Bogotá, que fue ofrecido al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), para que pueda utilizarlo si necesita trasladar a prisioneros infectados con covid-19, para que no contagien al resto de la población carcelaria.
Por otra parte, la SAE puso a disposición de las autoridades regionales 65 inmuebles para ser usados durante la pandemia como refugios para mujeres que estén en peligro de sufrir violencia intrafamiliar durante el aislamiento obligatorio dispuesto hasta el 27 de abril.
