Ecuador fue uno de los países más golpeados durante las primeras semanas de propagación del coronavirus en América Latina y organismos internacionales sostienen que será uno de los que más duras consecuencias económicas sufrirá a causa de la pandemia.
El mismo presidente Lenín Moreno reconoció que la enfermedad covid-19 "golpeó en un momento crítico, luego de una durísima, muy dura crisis económica" y por ello anunció el fin de semana un nuevo paquete de medidas para mantenerse a flote.
Entre ellas se encuentra la creación de la llamada Cuenta Nacional de Emergencia Humanitaria con el objetivo garantizar alimentos, salud y evitar la ola de quiebras de los negocios locales.
Una de las fuentes de este fondo serán las compañías que generan ingresos superiores a US$1 millón, que deberán aportar el 5% de sus utilidades en tres pagos mensuales.
"De las empresas para las empresas vamos a evitar que el pequeño productor quiebre y que nadie se quede sin su trabajo", dijo el presidente.
La cuenta también recibirá recursos del sector asalariado, que deberá hacer aportes de acuerdo a sus ingresos durante los siguientes nueve meses.
Quienes ganen menos de US$500 no estarán obligados a contribuir al fondo.
Con la Cuenta Nacional de Emergencia Humanitaria, de acuerdo a Moreno, se podrá ayudar a alrededor de dos millones de familias en serias dificultades.
"Vivimos tres grandes emergencias: la sanitaria, la económica y la social", indicó el mandatario.
Controversia
La iniciativa gubernamental fue rechazada tanto por la industria como por el sector sindical del país.
Ante el anuncio hecho por Moreno, la Cámara de Industrias y Producción de Ecuador sostuvo que "no va en línea de aliviar los problemas urgentes que aquejan a la sociedad en su conjunto".
"Rechazamos enérgicamente el contenido de las medidas anunciadas en lo que tiene relación con seguir succionando la liquidez de las empresas y de las personas trabajadoras", indicó la entidad en un comunicado emitido el domingo.
La entidad que aglutina a diferentes rubros empresariales ecuatorianos sostiene que el 80% de los negocios y empresas de Ecuador no realiza ninguna actividad debido a la crisis sanitaria.
"A diferencia de permitirle un respiro, restan aún más la liquidez de las empresas y la capacidad de compra de la población ecuatoriana", indica el comunicado.
Mientras tanto, el Frente Unitario de Trabajadores, la central sindical más grande del país, también se expresó en contra del paquete anunciado por Moreno.
Mesías Tatamuez, presidente de la entidad, indicó que la iniciativa gubernamental es inconstitucional y que los fondos de ayuda no deberían salir de los asalariados, sino de otras fuentes.
En una comunicación con la agencia EFE, el líder sindical señaló que los trabajadores plantean que se suspendan los pagos de la deuda externa y que de allí salgan los fondos para la recuperación económica.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador también hizo conocer su rechazo y acusó al gobierno de afectar directamente al bolsillo del trabajador.
"Hemos puesto el contingente humano, los muertos y la plata, y ahora el gobierno saquea más nuestros bolsillos", indicó la organización en un comunicado publicado este lunes.
Según el director del Centro de Estudios de la Política Laboral de Ecuador, Gabriel Recalde, el malestar de sindicatos e indígenas se debe a que el punto de partida de US$500 para aportar a la Cuenta Nacional de Emergencia Humanitaria es muy bajo.
El experto sostiene que los asalariados en ese país sufren otros descuentos, por lo que añadir uno más es demasiada carga para quienes perciben ingresos moderados.
"Hay que tomar en cuenta que los empleados enfrentan otros recortes regulares como el 9,45% para la seguridad social. Además, hay gente a la que en estos momentos no se le está pagando o se le está cancelando un menor salario", indicó el investigador, según el diario ecuatoriano "El Comercio".
Para Recalde, el punto de partida para los aportantes al fondo especial deben ser aquellos que ganan entre US$800 o US$1.000.
Otras medidas
Además de la creación del fondo especial, el gobierno ecuatoriano anunció que tramitará ante la Asamblea Nacional (congreso) una serie de disposiciones legales que impidan el desalojo de familias por falta de pago de arriendos mientras dura el estado de emergencia y 60 días después de que este se levante.
También una ampliación de la cobertura de salud a favor de desempleados y un seguro para las personas que se encuentren en situación de paro.
Las otras dos iniciativas son ayudas para el pago de pensiones escolares y la apertura de créditos de bajo interés y sin garantías para aliviar la liquidez de empresas y productores.
Desde el 12 de marzo Ecuador se encuentra en emergencia sanitaria.
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