España autoriza la extradición de la enfermera de Hugo Chávez a Estados Unidos
Un tribunal de España aprobó este viernes la extradición a Estados Unidos de Claudia Patricia Díaz Guillén, una extesorera del gobierno de Venezuela que también fue enfermera del fallecido presidente Hugo Chávez.
La Audiencia Nacional emitió una sentencia para que Díaz Guillén responda en EE.UU. a las acusaciones de blanqueo de capitales y organización criminal.
Esto debido a que presuntamente participó en un esquema de cambio de divisas que generó ganancias por cientos de millones de dólares cuando fue funcionaria del gobierno chavista.
Uno de los implicados en el caso es el empresario Raúl Gorrín, quien está acusado de coludirse con Díaz Guillén y su esposo, Adrián Velásquez Figueroa (un guardaspaldas de Chávez), en una "estratagema corrupta" en relación al cambio de moneda extranjera efectuado por el gobierno venezolano a cambio de sobornos.
Venezuela también había buscado la extradición de Díaz Guillén, pero la Audiencia Nacional rechazó la petición de Caracas por considerar que la situación política del país ponía en riesgo la integridad de la extitular del Tesoro venezolano.
La enfermera en la trama de sobornos
Díaz Guillén era militar y en 2001 se incorporó a la Guardia de Honor, el cuerpo encargado de la seguridad del presidente. Compaginó su carrera militar con la obtención de los títulos de Enfermería y Derecho en la Universidad Central de Venezuela.
Eso le valió para incorporarse, a partir de 2003, al equipo de médicos y enfermeras de Chávez, donde estuvo hasta el año 2011, y después a la Oficina Nacional del Tesoro durante los siguientes dos años.
Díaz asegura que accedió a esos cargos públicos por méritos propios.
"A mí se me ha presentado como una enfermera sin más, sin ningún tipo de preparación, y yo soy una mujer que se ha preparado, ha estudiado, y he compaginado muy bien la carrera militar con la obtención de dos carreras", aseguró lña mujer.
Fue cuando estuvo al frente del Tesoro cuando ocurrió el presunto lavado de dinero del que está acusada en Estados Unidos.
Según el Departamento de Justicia estadounidense, el empresario Raúl Gorrín hizo pagos tanto a Díaz como a su esposo -así como otros funcionarios- para "asegurar corruptamente los derechos de realizar transacciones de cambio de moneda extranjera para el gobierno venezolano a tasas favorables".
Los pagos se usaron para la adquisición de jets privados, yates, casas, caballos de carreras, relojes de alta gama y una línea de moda por parte de los beneficiarios.
Entre 2011 y 2013, el empresario presuntamente pagó al menos US$65 millones en sobornos a Díaz Guillén en transferencias de Suiza hacia Estados Unidos.
España también abrió una investigación contra Díaz Guillén por la compra de una casa presuntamente bajo el mismo esquema de sobornos del que se le acusa.
Su defensa
La extesorera ha alegado desde que surgieron las primeras acusaciones, en 2018, que el cáncer incapacitó a Chávez llevó a gestiones indebidas en las altas esferas del gobierno venezolano en las que quedó atrapada.
"En la última etapa de su enfermedad es cuando el ministro [de Finanzas, Jorge Giordani] y yo nos vemos sometidos a unas fuertes presiones por parte del alto gobierno, que en ese momento Chávez no lo podía ejercer directamente, ya en los últimos meses de su enfermedad, en los últimos meses de 2012. Y es cuando comenzamos a recibir unas instrucciones totalmente ajenas a la ley, y el ministro y yo nos negamos rotundamente", dijo Díaz Guillén a BBC Mundo en 2018.
"El ministro y yo estábamos muy sorprendidos de cómo con el presidente en sus últimos momentos de vida eran capaces de emitir este tipo de instrucciones, como un poco aprovechándose de que él estaba en sus últimos momentos", añadió.
Sin embargo, en la entrevista optó por no revelar los nombres de las personas que emitieron esas instrucciones "ajenas a la ley", pues señalaba que temía por su vida.
Se limitó a decir que fueron "altos funcionarios".
"Una vez que muere Chávez -el 5 de marzo de 2013- se intensifican las instrucciones ajenas a la ley hacia el ministro y hacia mí, y nosotros, rotundamente, decimos que no, que no vamos a alinearnos a esas peticiones".
En abril de 2013 fue destituida de su cargo por el actual presidente venezolano, Nicolás Maduro.