El gobierno de México pidió por primera vez disculpas en un caso de desaparición forzada.
El caso se ha identificado como Tierra Blanca y sucedió el 11 de enero de 2016 en Veracruz.
Cinco jóvenes regresaban de pasar un fin de semana en el puerto de Veracruz cuando fueron detenidos sin causa justificada en el municipio de Tierra Blanca por la policía estatal.
Los policías los entregaron a presuntos integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes los torturaron y asesinaron.
Sus cuerpos fueron incinerados y luego arrojados a un río cercano, según las investigaciones posteriores del gobierno federal, que tomó el caso después de desacreditar el trabajo de la fiscalía de Veracruz.
Esta semana en un evento público el gobierno mexicano pidió disculpas a los familiares de los cinco jóvenes, entre los que había cuatro hombres y una adolescente.
Sus nombres eran: Mario Arturo Orozco (27 años), Bernardo Benítez Arroniz (25 años), Alfredo González (25 años), José Benítez de la O (24 años) y Susana Tapia (16 años).
"Colusión con las autoridades"
"Todos deben saber que elementos (de la policía) de Veracruz desaparecieron a sus hijos. Por eso reconocemos la responsabilidad del gobierno. Les ofrezco una disculpa pública por el sufrimiento que vivieron sus hijos y por la impunidad a la que se enfrentaron", dijo el gobernador del estado Cuitláhuac García.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, reconoció que una disculpa no repara la gravedad del caso, pero que es un paso relevante para hacer justicia y que estos crímenes no vuelvan a suceder.
"En este lamentable caso, como en miles que lastiman al país, sabemos bien que la delincuencia organizada aún opera en colusión con autoridades de todos los niveles, sin embargo esto no seguirá sucediendo", dijo en la conferencia de prensa del pasado lunes en la Ciudad de México.
21 detenidos, ninguna condena
Los padres de las víctimas han sido clave en el esclarecimiento del caso, ya que en un principio la fiscalía del estado intentó cerrarlo fabricando un escenario del crimen.
"Las familias de las víctimas de desaparición forzada decimos: ni perdón ni olvido. Queremos y exigimos que se juzgue a los culpables de estos crímenes. A tres años de lo sucedido no tenemos a ningún sentenciado", dijo Bernardo Benítez, padre del desaparecido con el mismo nombre.
A partir de las distintas investigaciones hay un total de 21 personas detenidas: ocho policías y 13 presuntos integrantes del cartel. Tienen cargos por desaparición forzada, delincuencia organizada y delitos contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad.
El Centro Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que ha llevado el caso, asegura a BBC Mundo que ahora el tema pendiente es que se condene a los culpables.
Las organizaciones de derechos humanos coinciden que esta es una disculpa importante porque se puso en el centro la dignidad de los desaparecidos y se reconoció su inocencia, cuando habían sido criminalizados.
Sofia de Robina, abogada del Centro Prodh, explica a BBC Mundo que también está pendiente investigar las posibles responsabilidades de los superiores que pudieron tener conocimiento de los hechos y no los impidieron o incluso si estuvieron coludidos con el crimen organizado.
El caso Tierra Blanca ocurrió durante el gobierno de Javier Duarte, quien está en prisión y enfrenta cargos por corrupción.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador considera que México "se ha convertido en una enorme fosa clandestina" y que se estima que actualmente existen unas 40.000 personas desaparecidas.
Los datos del desaparecidos en estado de Veracruz van desde 4.000, según la fiscalía, hasta 20.000 según distintas ONG.
"Hoy estamos nosotras aquí por nuestros hijos, pero queremos recordar a tantas mamás de nuestro estado que tampoco se rinden y quieren justicia", dijo durante el evento de disculpa Carmen Garibo, madre de Susana Tapia.
