El acuerdo en el que México se compromete a controlar la migración irregular como una forma de frenar la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, desató controversia.
Organizaciones civiles advierten que enviar militares a la frontera sur de México, una de las acciones de la estrategia, no es la mejor solución.
El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el despliegue de 6.000 efectivos de la Guardia Nacional, para controlar el flujo migratorio en las fronteras norte y sur. La corporación, creada hace unas semanas, está formada principalmente con oficiales de la Policía Militar.
Utilizarlos para atender el problema de quienes ingresan irregularmente al país implica riesgos, le dice a BBC Mundo Rubén Figueroa, del Movimiento Migrante Mesoamericano.
"Es muy peligroso, hemos visto un largo historial de violación a derechos humanos de los militares y además, no tienen capacidad para atender estos flujos humanos", afirma.
De hecho no es la primera vez que las fuerzas armadas son desplegadas en la frontera sur para controlar el flujo migratorio, recuerda el activista.
Una operación similar se implementó en 2014 con el llamado Plan Frontera Sur, que no logró detener la migración.
Inclusive en los últimos meses la cantidad de personas provenientes de Centroamérica se incrementó. De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, más de 100.000 personas cruzan cada mes por el país.
Además, hace unos días el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que cerca de 133.000 migrantes irregulares fueron detenidos en mayo.
El presidente López Obrador rechaza que se vayan a cometer abusos con las operaciones de la Guardia Nacional.
"Estamos haciendo lo que nos corresponde pero al mismo tiempo cuidamos que se respeten los derechos humanos, y que se atienda el problema de fondo, la falta de oportunidades" asegura.
¿Funcionará el plan?
En este escenario, organizaciones civiles ven difícil que la estrategia pactada con el gobierno estadounidense pueda frenar la migración irregular, como pretende el presidente Donald Trump.
El acuerdo se negoció tras varios días de conversaciones en Washington para frenar la imposición de aranceles a las exportaciones mexicanas a Estados Unidos.
Trump anunció la medida como una sanción por el creciente número de migrantes irregulares que ingresan a su país.
Los aranceles se aplicarían a partir del lunes 10 de junio, pero este viernes las delegaciones de ambos países concretaron un acuerdo para suspenderla.
La estrategia contempla, además del despliegue de la Guardia Nacional, combatir a las bandas de tráfico de personas.
Esta semana, por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda congeló las cuentas bancarias de algunas personas a quienes investiga por promover la migración irregular.
Otra medida que acordó México con la Casa Blanca es recibir a las personas que soliciten asilo en Estados Unidos, durante el tiempo que se resuelva su petición.
En ese lapso las autoridades mexicanas se comprometen a ofrecerles empleo y atención médica.
A su vez el gobierno estadounidense procuraría que los juicios de asilo se resuelvan "lo más expedito posible".
El gobierno de Donald Trump también aceptó apoyar con US$5.800 millones una estrategia para promover el desarrollo de Honduras, Guatemala y El Salvador.
De esta región, conocida como el Triángulo Norte, es de donde sale el mayor número de migrantes irregulares.
"Muro militar"
El acuerdo, sin embargo, puede resultar insuficiente para controlar la migración, insisten organizaciones como el Movimiento Migrante Mesoamericano.
El plan de López Obrador es que para 2030 en el Triángulo Norte se hayan generado suficientes empleos, mejores condiciones de seguridad y educación para disuadir a las personas a abandonar sus países.
La propuesta en teoría puede funcionar, pero hay una dosis de incertidumbre recuerdan, especialistas.
"Es lo adecuado pero también es a muy largo plazo" le dice a BBC Mundo Leticia Calderón Chelius, investigadora del Instituto Mora.
Además existe el problema de utilizar a la Guardia Nacional en funciones de control migratorio.
"En esto hay un efecto de disuadir y el tema de las caravanas (de migrantes) también lo toca de refilón", explica.
"El mensaje de estos meses de ambigüedad fue que la gente podía cruzar, aunque el gobierno de López Obrador intenta apretar, que no sea tan fácil".
Rubén Figueroa insiste en que la Guardia Nacional difícilmente podría impedir el flujo migratorio.
Con el Plan Frontera Sur, por ejemplo, se pretendió disuadir el uso de ferrocarriles que los migrantes, especialmente de Centroamérica, utilizan para viajar al norte.
Lo que sucedió fue que miles de personas buscaron rutas alternativas, muchas veces por las montañas, para continuar su viaje.
Eso incrementó el riesgo de asaltos o secuestros, denunciaron organizaciones civiles.
El Plan Frontera Sur fue cancelado. La migración se mantuvo, e incluso aumentó en los últimos meses. Ahora no hay seguridad de que la nueva estrategia funcione.
"Anteriormente la participación de militares fue en apoyo al Instituto Nacional de Migración, pero ahora tomarían acción directa contra las personas migrantes, es la diferencia".
"Trump construye un muro de concreto en la frontera norte, y López Obrador hace un muro militar en la frontera sur del país".
