La tensión de cara al referendo por la independencia de Cataluña previsto para el 1° de octubre crece con las horas.
Este miércoles la Guardia Civil realizó al menos 22 allanamientos y detuvo a 14 personas para impedir el llamado referendo del "1-O" que fue aprobado por el Parlamento catalán, pero suspendido por el Tribunal Constitucional de España.
Entre los detenidos se encuentran miembros del gobierno catalán, como el número dos de la consejería de Hacienda, Josep Maria Jové, el director del departamento de Atención Ciudadana, Jordi Graells, y al responsable de Informaciones y Comunicación, Xavi Puig.
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, dijo este miércoles en el Congreso que los registros en sedes del gobierno catalán fueron realizadas "por decisión del juez" para que se "cumpla la ley".
"En unas horas pretendieron liquidar la Constitución española, el Estatuto de Cataluña, el ordenamiento jurídico e inventaron una nueva legalidad. Por suerte el Estado de derecho ha funcionado", agregó.
Por su parte, el presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, anunció: "Defenderemos el derecho de los ciudadanos a decidir su futuro".
"El 1° de octubre saldremos de casa, llevaremos una papeleta y la usaremos", agregó Puigdemont, quien ha dicho que hará cumplir los resultados.
Hace 3 años se celebró un referendo simbólico en Cataluña donde 80% de los votantes se pronunció a favor de la independencia. No obstante, sólo 2,3 millones de los 5,4 millones de posibles electores participaron.
Según una encuesta realizada a finales de marzo, el 48,5% de esta región rica del noreste de España se oponen a la independencia frente a un 44,3% que la apoya.
