"Pensé matarme. Bebí lejía".
Dayelin, una joven dominicana de 22 años, se sometió a un aborto clandestino cuando tenía 12 años al quedarse embarazada tras ser violada por un hombre de 25 años.
"Era la primera vez que tenía relaciones. No quería tener sexo. No consentí".
Cuando supo que estaba embarazada, Dayelin quedó profundamente angustiada.
"Lloraba y estaba desesperada. No quería tenerlo. Yo era una niña, ¿qué iba a hacer con un bebé? Un amigo me dio un té y tuve un aborto. No fui al médico. Me quedé en casa. Tenía miedo de ir a la cárcel".
Dayelin le contó su historia a la organización de derechos humanos con sede en Estados Unidos Human Rights Watch (HRW), que esta semana presentó un informe sobre los efectos que tiene la prohibición total del aborto en República Dominicana.
Veto total
"La evidencia demuestra que penalizar el aborto en todas las circunstancias lo que hace es poner a la mujer en riesgo", le dice a BBC Mundo la doctora Lilliam Fondeur, ginecóloga y obstetra dominicana.
"La mujer cuando decide interrumpir el embarazo lo interrumpe con las condiciones que tenga", subraya. "Dependiendo de su nivel económico y su acceso al sistema de salud y a la información, pues con eso lo va a hacer".
En la actualidad, el aborto está prohibido bajo todas las circunstancias en República Dominicana.
En 2010, los legisladores del país caribeño reformaron la Constitución para establecer el derecho a la vida desde la concepción en su artículo 37: "El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte".
El presidente del país, Danilo Medina, se ha mostrado partidario de despenalizar el aborto en tres circunstancias:
- Cuando la vida de la mujer corra peligro.
- Cuando el embarazo sea producto de violación o de incesto.
- Cuando el feto sea inviable fuera del útero materno.
Sin embargo, una mayoría de legisladores se opone a la despenalización, y la reforma del Código Penal para que refleje estas tres causales está bloqueada en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
BBC Mundo contactó con Presidencia y con el Ministerio de Salud Pública de República Dominicana para conocer su reacción al informe y ambos organismos dijeron que no tienen comentarios al respecto.
"El Presidente se remite a la que ha sido su posición hasta ahora. La discusión le corresponde a la Cámara de Diputados", señaló una portavoz de prensa del presidente.
Falta de tratamiento
Tanto Human Rights Watch como organizaciones de mujeres como Women's Link Worldwide y Colectiva Mujer y Salud reconocen que es inusual que en República Dominicana las mujeres vayan a la cárcel por abortar.
Pero, según la investigadora de HRW y autora del informe Margaret Wurth, el miedo a las posibles represalias hace que las mujeres y adolescentes no pidan ayuda.
"El efecto sobre la salud y los derechos humanos es el mismo", señala Wurth en conversación con BBC Mundo. "Acudir al doctor por complicaciones en el embarazo puede significar que sean procesadas.
"La prohibición total del aborto es una violación de los derechos humanos", subraya.
Otra de las consecuencias del veto total al aborto es la reticencia del personal médico a realizar tratamientos que puedan poner en riesgo la vida del feto.
Es lo que pasó con Rosaura Almonte, una joven de 16 años que murió en 2012.
"Mi hija tenía 16 años, tenía bastante fiebre que no cesaba. La llevé a emergencias y me dijeron que ella tenía un embarazo de pocas semanas", le explicó su madre, Rosa Hernández, a HRW.
"Después de 15 días, cuando llegaron los resultados, supe que mi hija tenía leucemia, pero ellos ya lo sabían, se lo callaron y no me lo dijeron. Todos los días ella me decía: 'Yo no aguanto los dolores. Me estoy muriendo'. Y siempre yo les decía: 'Mira, yo quiero que interrumpan ese embarazo porque mi hija necesita tratamiento médico'", relató.
"Le daban calmantes para no perjudicar el embarazo, ellos me lo decían a la cara: 'No le podemos dar nada porque está embarazada' y todo el tiempo fue así. A mi hija me la dejaron morir", lamentó.
Para Rosa Hernández, la situación tiene que cambiar.
"Eso del aborto prohibido, eso no puede seguir aquí en nuestro país, no me voy a callar porque a mi hija me la destruyeron. Ella tenía muchos planes, mucha esperanza, esa niña tenía muchos sueños".
Oposición al aborto
No todos opinan como Rosa Hernández en República Dominicana.
El pasado domingo 18 de noviembre miles de personas salieron a la calle en Santo Domingo para pedir que se mantenga la criminalización del aborto.
La marcha "Un paso por mi familia" fue convocada por la Vicaría Episcopal Familia y Vida de la Arquidiócesis de Santo Domingo para expresar su rechazo a las tres causales.
Los manifestantes se mostraron orgullosos de que República Dominicana sea, junto a Haití, Honduras, Nicaragua y El Salvador, uno de los pocos países que mantiene la prohibición absoluta del aborto.
Este evento contrasta con otra manifestación del pasado julio en la que se exigió al Congreso que se incorporen las tres causales al código penal.
Mortalidad materna
República Dominicana tiene una tasa de mortalidad materna más alta que la media regional.
Según la doctora Fondeur, un 15-18% de estas muertes se deben a complicaciones de un aborto natural o inducido, pero la comunidad médica no puede hacer mucho por evitarlo.
"El sistema a nosotros nos tiene con las manos atadas porque no podemos ayudar a las mujeres, el ayudarlas está también penalizado.
"Si una mujer llega con un aborto incompleto, yo voy a hacer todo lo posible por que ella trate de retener el producto. Tenemos un marco jurídico que nos prohíbe salvar la vida de las mujeres, algo para lo que fuimos formados", sostiene.
"Estamos poniendo en riesgo la vida de la mujer y, que quede bien claro, de la mujer pobre, que por lo tanto es la mayoría de la población".
