Matanzas indiscriminadas, aldeas incendiadas, menores golpeados, violaciones colectivas de mujeres...
Estos son los hallazgos de los investigadores de Naciones Unidas que acusan al gobierno de Myanmar de cometer "los crímenes más graves según la ley internacional".
La ONU realizó la investigación a pesar de que el acceso al país le fue negado por el gobierno birmano, que ha rechazado el informe.
Así fue cómo los investigadores llegaron a sus conclusiones.
1. El preámbulo
En marzo 24 de 2017, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) acordó formar una misión investigadora independiente en Myanmar para verificar "supuestas acusaciones recientes sobre violaciones de los derechos humanos por parte del ejército y las fuerzas de seguridad".
Cinco meses después de que se conformara la misión, el ejército de Myanmar lanzó un asalto de gran escala contra el estado de Rakhine, en respuesta a ataques de rohingyas armados contra puestos de policía.
La campaña militar se convirtió en el foco principal de la investigación, que también incluyó abusos de derechos en los estados de Kachin y Shan.
En tres ocasiones, la misión solicitó al gobierno de Myanmar acceso al país. Nunca recibió respuesta.
2. Los testimonios
"La primera regla fue 'no hagas mal'", dice Christopher Sidoti, una de las tres personas que lideraron la investigación.
"Las personas con las que conversamos estaban severamente traumatizadas y si nuestro personal consideraba a que una entrevista exacerbaría ese trauma, no se hubiera realizado", explicó.
"Ninguna evidencia es lo suficientemente importante como para volver a traumatizar a alguien que haya pasado por todas estas experiencias".
Por lo menos 725.000 personas han huido del estado de Rakhine en los últimos 12 meses, muchos hacia el vecino Bangladesh.
Por eso, a pesar de no haber tenido acceso a Myanmar, los investigadores pudieron acumular enormes cantidades de testimonios de los que fueron víctimas de la violencia antes de haber huido.
Lograron hablar con 875 personas en Bangladesh, Malasia, Tailandia, Indonesia y Reino Unido, y tomaron la decisión desde muy temprano de que los testimonios más valiosos vendrían de aquellos que no habían compartido sus historias antes.
"No quisimos entrevistar a las personas que ya habían sido entrevistadas por otras organizaciones", explicó Sidoti, un australiano experto en leyes de derechos humanos. "No queríamos que se diera una situación en la que la evidencia estuviera comprometida".
"Intentamos buscar gente de una amplia variedad de zonas y, a medida que lográbamos enfocarnos más sobre una, buscábamos activamente a través de una red comunitaria a otros de esa misma zona para tener una mejor imagen de lo que había sucedido".
3. La evidencia
"Nunca dependimos de un solo testimonio como prueba", indica Sidoti. "Siempre buscamos corroboración de fuentes primarias y secundarias".
Esas fuentes incluyeron videos, fotografías, documentos e imágenes satelitales, que mostraban la destrucción de las aldeas rohingya a lo largo de varios meses en 2017.
En uno de los casos, los investigadores recibieron varios informes de refugiados congregados en el mercado de Cox, en Bangladesh, de una aldea que había sido destruida en circunstancias particulares durante un período en particular.
Los investigadores lograron conseguir imágenes satelitales que corroboraban los que alegaban los testigos.
Esto es lo que mostraban las imágenes satelitales:
- Unas 392 aldeas fueron parcial o totalmente destruidas en el norte del estado de Rakhine
- Cerca del 40% de todas las casas en la zona -37,700 edificaciones- quedaron afectadas
- Casi 80% fueron incendiadas en las primeras tres semanas de la campaña militar
La obtención de evidencia fotográfica en el lugar de los hechos resultó ser un desafío mayor.
"Cuando las personas abandonaban el estado de Rakhine, eran detenidas, registradas y se les quitaba el dinero, oro y teléfonos móviles", afirma Sidoti. "Quedaba bastante claro que esto era un intento por retener la evidencia en video o fotografía que habían tomado".
"No había mucha de esta pero la pudimos usar".
4. Los acusados
El informe hace mención de seis altas figuras militares que señala deberían ser enjuiciadas, incluyendo el comandante en jefe Min Aung Hlaing y su segundo.
Pero, ¿cómo pudieron señalar tan directamente a estos individuos?
El caso no estuvo basado en un rastro de papeles o en una grabación, sino en investigación.
Los investigadores dependieron fuertemente del detallado conocimiento de otros sobre cómo funciona el gobierno de Myanmar. Entre estos se encontraba un asesor militar que había cooperado con un tribunal de crímenes de guerra en el pasado.
"Tuvimos un acceso extraordinario al asesoramiento internacional sobre varios aspectos del ejército de Myanmar", indicó Sidoti. "La conclusión a la que llegamos es que el ejército está tan fuertemente controlado que nada que tenga que ver con el ejército en Myanmar sucede sin que el comandante en jefe ni sus segundos se enteren".
Mientras tienen los nombres de las personas que se cree que recibieron las órdenes, todavía se está trabajando en identificar a los miembros del ejército que pudieron haber cometido atrocidades.
"Tenemos una lista de supuestos responsables (de estos hechos) en el campo, pero se mantendrán en confidencialidad por ahora", manifiesta Sidoti. "Sus nombres han surgido tan frecuentemente como para colocarlos en una lista para una mayor investigación".
5. La que dice la ley
El identificar lo que aparenta ser genocidio y probar que lo que sucedió cumple la definición legal de genocidio son dos cosas diferentes.
"La evidencia de crímenes de lesa humanidad se obtuvo muy rápido y fue bastante abrumadora", dice Sidoti. "El genocidio en un asunto legalmente mucho más complejo".
Tal como el informe declara, el genocidio se da cuando "una persona comete un acto con la intención de destruir, completamente o en parte, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso".
La palabra clave es "intención". Los investigadores creen que la evidencia de esa intención por parte del ejército de Myanmar es clara.
En ese sentido, citan declaraciones de los comandantes y de los supuestos responsables, y el grado de preparación requerido para realizar tales operativos. Sin embargo, la identificación de genocidio desde una perspectiva jurídica les tomó una significativa cantidad de trabajo legal.
"Llegamos a una postura que no esperábamos al inicio", señala Sidoti. "Ninguno de los tres pensábamos que la evidencia de genocidio fuera tan robusta como resultó ser. Eso fue una sorpresa".
6. El siguiente paso
El informe declara que seis oficiales del ejército deberían enfrentar un juicio. También condena a la líder de facto de Myanmar, la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, por no intervenir para frenar los ataques.
El saliente director del CDH declaró esta semana que Suu Kyi debió haber renunciado.
El informe también hace una serie de recomendaciones, que incluye referir la investigación al Tribunal Penal Internacional o a otro nuevo tribunal, así como la imposición de un embargo de armas.
No obstante, en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde China tiene poder de veto, Pekín se ha opuesto hasta ahora un las fuertes medidas contra Myanmar, su vecino y aliado.
Sidoti reconoce que los funcionarios en Myanmar muy probablemente no investigarán las acusaciones por sí mismos.
El año pasado, una investigación interna del ejército exoneró a esa institución de responsabilidad en la crisis de los rohingya, y el representante permanente de Myanmar ante la ONU declaró al Servicio Birmano de la BBC que el informe estaba lleno de "acusaciones parcializadas contra nosotros".
"Hemos hecho recomendaciones y está en manos de otros tomar acción", declaró Sidoti. "Tengo altas expectativas de que el Consejo de Seguridad asumirá sus responsabilidades. Pero no soy ingenuo".
