La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se reunió este jueves con altos funcionarios en su segundo día de visita a Venezuela, marcado por protestas para llamar su atención sobre la grave crisis.
Varios cientos de personas se concentraron en distintos puntos de Caracas para advertir a Bachelet sobre el colapso de la salud y los "presos políticos", entre múltiples denuncias.
"Espero muchísimo de la visita, que ponga sus buenos oficios (...) y nos ayude a las madres, esposas, hijos de los presos políticos", dijo a la AFP Betzayda Natera, madre de un militar detenido por una rebelión contra el presidente Nicolás Maduro en enero pasado.
A la fecha hay 687 "presos políticos", según la ONG Foro Penal, cuyo director, Alfredo Romero, será recibido por la Alta Comisionada junto con familiares de opositores presos y de fallecidos en protestas.
Temprano, en la Cancillería, la comisaria se entrevistó con el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, clave en el apoyo militar a Maduro, y con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, de línea oficialista.
"¡Bachelet, escuche al pueblo, no se encierre con políticos que le van a decir que todo está bien!", gritaron manifestantes frente a la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, donde estuvo la diplomática a primera hora.
Trabajadores de la salud y del sector educativo también denunciaron la falta de medicamentos e insumos hospitalarios, y la precariedad de las escuelas.
"Los hospitales necesitan ayuda humanitaria, la situación es crítica", dijo a periodistas Silvia Bolívar, enfermera de la maternidad Concepción Palacios.
Con el alto mando
Venezuela enfrenta la peor crisis económica de su historia reciente y una lucha de poder entre Maduro y el opositor Juan Guaidó, reconocido como mandatario interino por medio centenar de países liderados por Estados Unidos. Bachelet se reunirá con ambos, aunque no hay detalles de la agenda.
El fiscal general, el chavista Tarek William Saab, dijo haberle informado a la comisionada que su despacho ha acusado a 596 agentes del Estado por violaciones de derechos humanos.
Bachelet, quien hará una única declaración antes de partir el viernes, refirió hace poco denuncias de "asesinatos, detenciones arbitrarias y torturas" por parte de autoridades durante protestas a inicios de este año.
Maduro advirtió el miércoles que espera que la visita de la expresidenta chilena "sea para bien", mostrándose abierto a escuchar "recomendaciones". El gobierno está dispuesto a "corregir lo que haya que corregir" de la mano de la ONU, afirmó en tanto su canciller Jorge Arreaza.
Escasez de bienes básicos y una hiperinflación que el FMI proyecta en 10.000.000% para 2019 caracterizan la debacle del país con las mayores reservas petroleras, de la cual la oposición culpa a Maduro, y éste, a su vez, a un "bloqueo financiero y comercial" de Washington.
Según la ONU, debido a ello un cuarto de la población -equivalente a siete millones de personas- requiere ayuda humanitaria urgente, mientras cuatro millones emigraron desde 2015.
Un informe del organismo estima además que 22% de los menores de cinco años sufre desnutrición, y que 300.000 enfermos crónicos están en riesgo.
Bachelet ha dicho que la negativa del gobierno a reconocer el problema torna insuficiente la respuesta oficial.
Sanciones, en agenda
Bachelet es crítica con las sanciones del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para estrangular financieramente a Maduro. En particular, teme que la prohibición de transar crudo venezolano en el mercado estadounidense agrave las penurias.
El ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, le manifestó a la diplomática que esas medidas "vinieron a exacerbar la situación de asfixia de la economía", ya golpeada por una reducción del ingreso petrolero de 42.600 millones de dólares en 2013, a 4.000 millones en 2018.
La alta responsable abordó esta cuestión el miércoles con Arreaza, quien asegura que el congelamiento de activos en Estados Unidos y Europa ha mermado el presupuesto para importar fármacos e insumos médicos.
Caracas cifra en 30.000 millones de dólares el daño a la economía por culpa de las sanciones, que Washington advierte con endurecer hasta que Maduro caiga.
