La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció este lunes la "intimidación y criminalización" de activistas en Venezuela, lo que fue rechazado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
"Me preocupan las restricciones adicionales y los continuos informes de intimidación y criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos y de los y las líderes sindicales por sus actividades legítimas", destacó la expresidenta chilena en un informe sobre la situación del país sudamericano.
Bachelet reiteró un "llamamiento a la plena liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente" y destacó que "152 detenidos han sido liberados desde junio de 2020" a través de mecanismos de cooperación con su oficina, que mantiene presencia en Venezuela desde hace dos años.
"Doy la bienvenida a la absolución de Braulio Jatar", añadió en relación al periodista chileno-venezolano detenido en 2016 en un clima de protestas contra el gobierno y absuelto de supuestos crímenes de lavado.
Un total de262 personas están detenidas por razones políticas en Venezuela, según Foro Penal, ONG defensora de derechos humanos.
La cancillería venezolana rechazó "las falsas aseveraciones del informe sobre supuestas detenciones arbitrarias o persecuciones por el ejercicio o la defensa de los derechos humanos, por cuanto se inscriben en el guion político de quienes instrumentalizan esta materia para agredir" al país.
"Venezuela ratifica que continuará cooperando con la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con base en el respeto a la verdad y a los principios de objetividad, no selectividad, imparcialidad, no injerencia en los asuntos internos y diálogo constructivo", añadió el texto.
Bachelet señaló que la presencia de su misión se extenderá otro año tras la renovación de la Carta de Entendimiento con el gobierno.
Saludó "los esfuerzos realizados por el gobierno para hacer frente a los desafíos que plantea la pandemia", que a su juicio agravó la crisis humanitaria en el país junto con las sanciones económicas, que pidió levantar.
Indicó además que confía en que el proceso de diálogo que sostienen en México el gobierno de Maduro y la oposición "pueda conducir a soluciones significativas y se traduzca en mayores avances para la protección de los derechos humanos".
