El primer ministro australiano, Scott Morrison, dijo este viernes que está "abierto" a discutir la repatriación del autor del ataque supremacista perpetrado el 15 marzo de 2019 en Nueva Zelanda para que cumpla la condena en su país, aunque aclaró que no hay una petición oficial.
El australiano Brenton Tarrant fue condenado el jueves por el Tribunal Superior de Nueva Zelanda a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, por la matanza de 51 musulmanes en el ataque a dos mezquitas de la ciudad de Christchurch, intento de asesinato de otros 40 y por terrorismo.
"Esta clase de decisiones evidentemente tienen muchas implicaciones y la primera ministra de Nueva Zelanda (Jacinda Ardern) y yo hablaremos de estos asuntos", explicó Morrison al canal 7 de la televisión australiana, al aclarar que Wellington no ha hecho el pedido formalmente.
Tras la condena a Tarrant, un australiano que viajó a Nueva Zelanda en 2017 para perpetrar el ataque terrorista, el líder del conservador Partido New Zealand First, Winston Peters, quien además es viceprimer ministro del gobierno de coalición de Ardern, pidió, entre otros, que se repatríe al supremacista.
Aumento de medidas de seguridad
La mandataria neozelandesa no quiso abordar el asunto directamente tras conocerse la condena, al remarcar que por el momento "no hay una base legal para ello. Así que sería un asunto muy complejo".
"Sin embargo, creo que lo que más me interesaría, además de la base jurídica, es la opinión de la familia", dijo el jueves a periodistas la mandataria, quien fue alabada por los sobrevivientes y familiares de los fallecidos esta semana durante el proceso condenatorio del terrorista supremacista.
El alto costo de mantener a Tarrant en Nueva Zelanda es uno de los debates en el país y el Gobierno ha presupuestado 2,6 millones de dólares (2,2 millones de euros) para cubrir los dos primeros años de encarcelamiento, incluido el "aumento de las medidas de seguridad".
Según el experto Alexander Gillespie mantener al terrorista en prisión cuesta alrededor de 3.275 dólares (2.772 euros) diarios por las medidas de seguridad adicionales, mientras que un recluso común supone un gasto de 225 dólares (190 euros) al día.
El gobierno australiano ha deportado a miles de neozelandeses desde 2014, generalmente después de que hayan cumplido su condena dado que Camberra y Wellington no tienen un acuerdo de intercambio de prisioneros.
