Asamblea Popular de China aprueba ley de seguridad sobre Hong Kong
El parlamento chino adoptó el jueves prácticamente por unanimidad la polémica ley sobre la seguridad nacional en Hong Kong, que, según sus detractores, hará pedazos la autonomía de esta excolonia británica, donde hubo grandes manifestaciones prodemocracia en 2019.
Como se esperaba, los casi 3.000 diputados de la Asamblea Nacional Popular (ANP) china adoptaron esta medida que ha reactivado las protestas en Hong Kong y ha provocado el inicio de un proceso de sanciones por parte de Estados Unidos.
El borrador del texto fue aprobado durante la sesión de clausura de la reunión anual de la ANP, con 2.878 votos a favor, uno en contra y seis abstenciones. Un comité legal del Legislativo chino se encargará de redactar una versión definitiva que deberá ratificar el Comité Permanente de la ANP.
La nueva ley
La nueva legislación prohibirá "cualquier acto de traición, secesión, sedición, subversión contra el Gobierno Popular Central”. Además el texto establece la prohibición de organizar actividades en Hong Kong por parte de organizaciones políticas extranjeras y prohibición del establecimiento de lazos con organizaciones políticas extranjeras por parte de organizaciones políticas de Hong Kong.
Todo ello con el objetivo de "salvaguardar la soberanía nacional, la seguridad, los intereses de desarrollo, mantener y mejorar el sistema de 'Un país, dos sistemas', preservar la estabilidad y la prosperidad de Hong Kong a largo plazo y salvaguardar los legítimos derechos e intereses de los residentes de Hong Kong".
Protestas
La propuesta de ley llega tras casi un año de protestas prodemocráticas en la ciudad, que previsiblemente continuarán tras la aprobación, ya que tanto abogados como organizaciones de la sociedad civil consideran que el procedimiento violaría los cauces legales para la modificación de normativas de la Ley Básica de Hong Kong.
Ésta -considerada la "mini-constitución" de la ciudad semiautónoma- estipula que la excolonia británica ha de dotarse de una legislación de seguridad, cuyo debate ya provocó una importante oposición en las calles en 2003 por miedo a que se tradujera en un importante recorte de libertades, hecho que forzó a las autoridades a postergarla.