La posición de Argentina se ha visto fortalecida con declaraciones del juez neoyorquino Thomas Griesa. El juez que interviene en la causa de los fondos buitre contra Argentina hizo un guiño que mejora notablemente las posibilidades del país para volver a los mercados financieros internacionales.
Griesa dijo que en vista de “la buena disposición del Gobierno argentino” a llegar a un acuerdo y de la oferta realizada a los “fondos buitre”, no descarta liberar los pagos de Argentina a los acreedores que entraron en los acuerdos de 2005 y 2010 a pesar de que no todos los holdouts aceptan todavía la propuesta.
A comienzos de febrero, Argentina propuso pagar 6.500 millones de dólares de los 9.000 millones reclamados por los fondos que no aceptaron las dos reestructuras de deuda. Seis demandantes aceptaron ya la propuesta argentina, mientras que el “núcleo duro”, formado por otros cuatro fondos, aún la rechaza.
En vista de la negativa absoluta del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a negociar con los holdouts, Griesa dispuso en 2014 que en tanto Argentina no le pagara a los “fondos buitre”, tampoco le podía pagar a los acreedores que sí habían aceptado las reestructuraciones de 2005 y 2010.
“Default técnico” y riesgo país
Desde entonces, el país se encuentra en “default técnico”, porque si bien Argentina pone a disposición los dineros para pagar a los acreedores reestructurados, estos no pueden cobrar debido a la resolución del juez.
Debido al bloqueo de los pagos a los acreedores reestructurados, las agencias de rating siguen calificando negativamente al país. Moody's le da a la Argentina una calificación Caa2, ocho niveles por debajo del grado de inversión. Standard & Poor's la califica como en incumplimiento selectivo, SD (“Selective Default”).
El EMBI (Emerging Markets Bonds Index, principal indicador de riesgo país) de la Argentina en febrero de 2015 era de unos 700 puntos básicos. Actualmente es de unos 460, o sea que Argentina pasó de tener que pagar un 7 por ciento a un 4,6 por ciento más que EE. UU. No obstante tiene ya un menor “riesgo país” que Brasil, que se sitúa en los 525 puntos, aunque todavía mayor que otros países latinoamericanos (Panamá 257, México 273, Perú 284, Uruguay 325, Colombia 384).
Dos leyes obstaculizan posibles acuerdos
Una reanudación del pago a los acreedores reestructurados es esencial para una mejora de la calificación de la Argentina y consecuentemente su reinserción plena en los mercados financieros internacionales.
En todo caso, los acuerdos ya alcanzados con los holdouts están sujetos al levantamiento de la “Ley Cerrojo" y de la “Ley de Pago Soberano” por parte del Congreso argentino. Si el Parlamento argentino deja sin efecto ambas leyes, Griesa dejó entrever que podría dejar levantar la medida que impide al país el pago a los bonistas reestructurados.
La “Ley Cerrojo” se promulgó el 10 de febrero de 2005. El artículo clave dice que el Gobierno argentino no podrá reabrir el proceso de canje. Con la “Ley de Pago Soberano”, promulgada en 2014 por el Gobierno de Fernández de Kirchner para contrarrestar el fallo de Griesa, la sede de pago pasó a ser Buenos Aires o París (en lugar de Nueva York). Ambas leyes complicaron notablemente la negociación con los “fondos buitre”. Ahora, con las medidas del nuevo Gobierno, Argentina tiene muchas posibilidades de librarse de los buitres y reinsertarse en los circuitos financieros globales.
