AFP
Amnistía Internacional (AI) criticó en su informe anual publicado este jueves el "uso excesivo de la fuerza" con el que la policía española trató de impedir el referéndum catalán del 1 de octubre pasado, y las "violaciones" a los derechos de los migrantes en el país.
En la consulta sobre la independencia de Cataluña, prohibida por la justicia, hubo un "uso excesivo de la fuerza, incluyendo el uso de fogueo y pelotas de goma", afirmó en una conferencia de prensa en Madrid el director de Amnistía en España, Esteban Beltrán.
Como consecuencia, recordó el responsable, "decenas" de personas resultaron heridas y una perdió la visión de un ojo.
Beltrán se refirió también a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, dos dirigentes de asociaciones independentistas catalanas en prisión preventiva desde mitad de octubre.
La justicia los acusa de sedición por presuntamente arengar a una manifestación masiva contra unos registros judiciales practicados por la Guardia Civil en Barcelona.
Pero Beltrán estimó que su encarcelamiento "constituye una restricción excesiva y desproporcionada de su derecho a la libertad de expresión".
El responsable no habló en cambio de los otros dos independentistas en prisión provisional, el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y el exministro regional del Interior Joaquim Forn.
Migrantes con movimientos restringidos
Amnistía arremete también contra "las violaciones y abusos de derechos humanos" contra los migrantes y refugiados en España, tercera vía de entrada por mar de migrantes irregulares en Europa.
A las costas del sur de España llegaron en 2017 cerca de 22.900 migrantes, el triple que el año anterior, según datos de la agencia europea Frontex, que para 2018 estima "muy probable" un aumento del flujo migratorio.
Beltrán criticó que "los derechos humanos no se encuentran dentro de las políticas migratorias del gobierno español", y recordó que el ejecutivo incumplió su compromiso internacional de recibir a más de 17.300 refugiados y solicitantes de asilo, al reubicar sólo al 15% de ese total.
Beltrán detalló también que en los enclaves norteafricanos de Ceuta y Melilla, "las personas solicitantes de asilo siguen teniendo restringida su libertad de movimiento".
A su lado, la abogada Isabel Elbal aseveró que las fuerzas policiales españolas siguen practicando "devoluciones en caliente", es decir que interceptan migrantes y los entregan a agentes marroquíes, sin darles la oportunidad de que soliciten asilo o se informen en territorio español de sus derechos.
"Un mal año" para la libertad de expresión
Igualmente, Amnistía fustiga que decenas de personas fueran procesadas a lo largo del año por "enaltecimiento del terrorismo" y "humillación a las víctimas", por comentarios vertidos en redes sociales.
Según la organización, en muchos casos los comentarios "se inscribían entre las formas de expresión permisibles".
AI destacó en el informe la condena a un año de prisión impuesta a Cassandra Vera, una estudiante que bromeó en Twitter sobre el asesinato en 1973 de Luis Carrero Blanco, presidente del gobierno del dictador Francisco Franco. La condena no se tradujo en su ingreso en la cárcel, por ser de corta duración y no tener antecedentes.
Por otro lado, este mismo martes el rapero "Valtonyc" vio confirmada su condena a tres años y medio de prisión por "enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona", a causa de las letras de sus canciones.
Beltrán destacó que en 2011, el año en que la organización separatista vasca ETA abandonó la lucha armada, "se produjo una sola condena por enaltecimiento del terrorismo", y a partir de ahí y hasta 2017, "ha habido 76 sentencias condenatorias" por ese delito.
El director de AI en España proclamó por ello que el 2017 "fue un mal año para la libertad de expresión", un ámbito que este año "va a ser un campo de batalla decisivo para los derechos humanos".
