Alberto Fujimori es internado por severa deshidratación
Alberto Fujimori es internado por severa deshidratación
Por AFP
El ex presidente peruano, Alberto Fujimori fue internado el sábado pasado tras sufrir una severa deshidratación.
Su médico personal, Alejandro Aguinaga informó que el ex mandatario "evoluciona de manera adecuada". Sin embargo, detalló que "todavía no estamos dentro de lo que consideramos satisfactoria", por lo que no será dado de alta hasta que se estabilice por completo y se completen una serie de pruebas sanguíneas.
"Está deshidratado, decaído, tuvo una gastroenterocolitis intensa", comentó Aguinaga.
De momento, Fujimori está "en reposo absoluto" y recibe suero para recuperarse de las diarreas y vómitos, cuadro que hizo temer una complicación cardíaca, puesto que además presentó taquicardia.
A pesar de que los problemas de salud del ex presidente de Perú se repitieron en bastantes ocasiones cuando estuvo prisión, esta es la primera vez que le ocurre desde que el presidente Pedro Pablo Kuczynski le otorgó el indulto a fines de 2017 por "razones humanitarias".
El malestar de Fujimori coincide con el público enfrentamiento entre sus hijos Keiko y Kenji por la herencia del fujimorismo, primera fuerza política de Perú.
Kenji Fujimori, parlamentario e hijo menor del ex presidente, renunció esta semana en protesta a las revelaciones sobre los supuestos 1,2 millones de dólares que habría recibido el partido Fuerza Popular, dirigido por su hermana Keiko para financiar su campaña electoral.
A lo anterior se suma que la corte peruana decidió procesar al ex presidente el 20 de febrero por la matanza de seis campesinos durante su gobierno, descartando acatar la gracia presidencial de Kuczynki que lo exoneraba de ese proceso conocido como Pativilca.
Fujimori, de origen japonés, gobernó Perú de 1990 a 2000 y mantiene una importante popularidad en su país donde se le considera como "el presidente que derrotó al terrorismo".
El ex presidente peruano cumplió 12 años de prisión hasta diciembre del año pasado por una condena de 25 años por delitos de corrupción y violación de derechos humanos.
