Florencia, uno de los destinos turísticos más populares de Italia, prohibió los nuevos alquileres residenciales de corta duración en plataformas como Airbnb en su centro histórico, en la última medida de las autoridades locales para intentar liberar más viviendas para la población local.
Las normas, aprobadas por la ciudad toscana a última hora del lunes, también ofrecen tres años de exenciones fiscales a los propietarios de viviendas alquiladas a corto plazo si las cambian por arrendamientos ordinarios.
El alcalde de Florencia, Dario Nardella, explicó que la ciudad había decidido actuar a nivel local porque los planes del Gobierno para regular el sector habían sido decepcionantes.
"En 2016 teníamos algo menos de 6.000 apartamentos registrados en Airbnb, hoy tenemos casi 14.378", dijo, señalando que durante ese tiempo el costo promedio de los alquileres residenciales mensuales ordinarios se había disparado un 42%.
Este año, los precios han aumentado un 15,1%, dijo Nardella.
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"Los 40.000 florentinos que viven en el centro se quejan de encontrarse, de repente, viviendo en apartahoteles", añadió.
Nardella es miembro del Partido Democrático, de centro-izquierda, que forma parte de la oposición a nivel nacional.
Al igual que en otros países europeos, una mezcla de bajos salarios, escasez de propiedades, alquileres vacacionales de corta duración y alta inflación han alimentado una crisis de la vivienda en Italia, en la que se ven especialmente afectados los estudiantes y las personas con bajos ingresos.
Los problemas son similares en otras ciudades más lejanas, como Nueva York, donde se está endureciendo la normativa sobre alquileres de corta duración.
Marco Stella, coordinador regional del partido Forza Italia, que forma parte de la coalición derechista en el poder, ha declarado que recurrirá la decisión de Florencia ante el Tribunal Administrativo.
Lorenzo Fagnoni, presidente de Property Managers Italia, una asociación de empresarios de alquileres turísticos, dijo que las normas eran "una elección completamente equivocada que va en contra del liberalismo del mercado".
Airbnb no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
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El Gobierno central está trabajando en un proyecto de ley que, según los medios de comunicación, exigiría una estancia mínima de dos noches en las viviendas situadas en los centros históricos de las ciudades y en los municipios con alta densidad de turistas.
Cada propiedad residencial alquilada a turistas necesitaría un código de identificación nacional para ayudar a rastrear y regular los alquileres. Los incumplidores se arriesgarían a una sanción de hasta 5.000 euros (5.500 dólares).
