Acusan a ministro japonés de recibir dinero no declarado

AFP

El ministro japonés de Revitalización Económica, Akira Amari, está acusado por la prensa de haber recibido importantes cantidades de dinero no declaradas, un asunto que puede complicar la tarea del primer ministro Shinzo Abe poco antes de unos comicios senatoriales.

El semanario Shukan Bunshun afirma que Amari, el hombre clave de las negociaciones comerciales del equipo Abe, fue retribuido, al igual que sus secretarias, por unos servicios prestados a una empresa del sector de la construcción de la prefectura de Chiba (este de Tokio).

"Vamos a llevar a cabo una investigación para esclarecer este asunto", respondió este jueves Amari ante una comisión del Senado donde fue bombardeado de preguntas por la oposición. "Oí hablar de este asunto por primera vez al leer este artículo, se lo aseguro sinceramente", insistió.

"Los políticos tienen el deber de explicarse cuando existen dudas sobre su forma de obtener fondos", comentó por su parte este jueves el portavoz del Gobierno, Yoshihide Suga, en una cita regular con la prensa.

Una conferencia de prensa de Amari está programada la noche del jueves en Tokio.

El semanario sostiene que el ministro recibió personalmente al menos un millón de yenes (7.800 euros) en metálico. La revista fue alertada por un responsable de la empresa involucrada, que habría pasado diversos documentos, entre ellos unas grabaciones sonoras que corroboran sus palabras.

En Japón, la ley sobre financiación política, a menudo criticada por sus carencias, autoriza las donaciones de las empresas niponas que obtienen beneficios y no reciben ayudas del Estado.

Las sumas ofrecidas a Amari y su equipo en forma de entregas de dinero o de cenas e invitaciones ascendería a 12 millones de yenes, de los cuales 5 millones a un colaborador cercano, según las palabras recogidas por el informante, que trabajaba en la constructora.

El ministro habría recibido esos regalos por haber intervenido con el fin de resolver un litigio entre esa sociedad y un promotor público, UR, que gestiona viviendas de alquiler moderado. UR acabó pagando 220 millones de yenes de daños e intereses a la constructora.

Varios ministros de los gobiernos sucesivos de Shinzo Abe tuvieron que renunciar en su primer periodo en el poder, en  2006-2007, y en su regreso, a finales de 2012.

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