El grupo, que se ha autodenominado "Justicia para las Víctimas de la Masacre de 1988 en Irán", hizo un llamamiento al alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, y al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para que establezcan un mecanismo que investigue los hechos.
En julio de 1988, el ayatolá Homeini emitió una fatua en la que ordenó la muerte de todos los opositores políticos del país, y según denuncian los miembros del comité, más de 30.000 personas perecieron a manos de "comisiones de la muerte".
Recientemente salió a la luz una grabación del que iba a ser el sucesor de Homeini, ayatolá Montazeri, en la que confirmaba y condenaba los ataques, lo que ha dado fuerza a los familiares de las víctimas para comenzar una campaña internacional con el fin de que se reconozca y se investigue el crimen.
“Por víctimas de ayer, hoy, y porque no haya más en el futuro"
"Estamos aquí para defender los intereses de las víctimas de ayer, de las de hoy, y evitar que haya más víctimas en el futuro", afirmó en rueda de prensa Ingrid Betancourt, quien estuvo seis años cautiva de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La idea es que los responsables de ejecutar las masacres, algunos de los cuales ostentan cargos gubernamentales actualmente, según el comité, asuman su responsabilidad penal.
Por su parte, Kirsty Brimelow, la presidenta de la comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Inglaterra y Gales, afirmó que la masacre puede constituir una crimen contra la humanidad y que, si se puede probar la intención de acabar con un grupo determinado, se podría incluso clasificar de genocidio.
"El ayatolá quería erradicar completamente a la oposición. Era el final de la guerra con Irak y se sentía débil, y tuvo miedo", declaró a su vez Vidal-Quadras. En la comisión también participan Nigel Rodley, antiguo relator sobre la Tortura de la ONU, y Tahar Boumedra, exdirector de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Irak.
