El Ministerio Público de Bolivia resolvió abrir un proceso penal contra el expresidente Evo Morales y otras exautoridades, por supuesto fraude electoral en los comicios del pasado 20 de octubre, informó el miércoles el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.
En declaraciones a los medios, Lachimpa dijo que la Fiscalía de La Paz abrió un nuevo caso en contra de Morales, el exvicepresidente Álvaro García Linera y los exministros Juan Ramón Quintana, Héctor Arce y Carlos Romero.
Las autoridades abrieron una investigación en contra de los siete exvocales del Tribunal Supremo electoral por supuesto fraude en los comicios, de los cuales seis están en detención preventiva y uno en domiciliaria.
La investigación se abrió tras un informe preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA) que identificó irregularidades en la elección. Después de otras denuncias similares, Morales renunció a la Presidencia el pasado 10 de noviembre, denunciando ser víctima de un golpe de Estado para derrocarlo en medio de presiones de mandos policiales y militares.
El Gobierno transitorio de Bolivia promulgó en noviembre una ley que anuló los comicios de 2019 y que fijó las bases de un nuevo proceso electoral previsto para el próximo 3 de mayo.
MAS rechaza juicio
El diputado Édgar Montaño del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Morales, sostuvo que "se van a inventar un montón de procesos" en contra del expresidente porque "les da pavor" que "esté presente" en el Parlamento boliviano.
Evo Morales es el jefe de campaña de su partido de cara a los nuevos comicios del 3 de mayo y se postula al Senado por la región boliviana de Cochabamba, aunque está pendiente de habilitación por el órgano electoral.
El expresidente partió hacia México en noviembre, para luego trasladarse a Argentina en diciembre, donde solicitó refugio, acompañado de García Linera en ambos países.
En tanto que los exministros de la Presidencia Juan Ramón Quintana y de Justicia Héctor Arce se alojaron en la residencia de la embajada de México en La Paz, a la espera de un salvoconducto que el gobierno de Jeanine Áñez no les ha otorgado para salir del país.
Además de esta investigación, sobre el expresidente pesa una orden de aprehensión de la Fiscalía de Bolivia para que acuda a declarar, tras ser denunciado por el Gobierno interino del país por supuestos delitos como terrorismo.
