Por AFP
El abogado de Michel Temer presentó este miércoles ante una comisión parlamentaria la defensa del mandatario, acusado de comandar una organización delictiva junto a otros políticos y de intentar obstruir la labor de la justicia.
"Se trata de una farsa en forma de acusación", afirmó el letrado Eduardo Carnelós en un comunicado tras entregar la defensa por escrito a la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ), encargada de analizar la denuncia antes de enviarla al plenario de la Cámara de Diputados.
"Está amparada única y exclusivamente en declaraciones prestadas por delatores que se revelaron malhechores confesos", añadió Carnelós.
Junto a dos de sus ministros más próximos y otros miembros de su partido, el PMDB, Temer está acusado de integrar una organización criminal que desvió dinero público a cambio de millonarios sobornos, así como de intentar entorpecer procedimientos judiciales.
Temer -que asumió el poder en 2016 tras el impeachment de Dilma Rousseff- ya se había convertido en junio en el primer presidente en ejercicio de Brasil en ser denunciado por un crimen común, en esa ocasión corrupción pasiva, pero salvó la piel en la Cámara de Diputados, donde tiene una amplia mayoría.
"Esta segunda denuncia es apenas un desdoblamiento de aquel proceso viciado", afirmó este miércoles su abogado.
Tanto el primer caso como gran parte del que ahora está en desarrollo se fundamentaron en las confesiones de los hermanos Wesley y Joesley Batista, dueños del frigorífico JBS. Los Batista implicaron a Temer en el marco de un acuerdo que firmaron con la justicia a cambio de inmunidad, pero las autoridades descubrieron que habían ocultado información y ambos fueron encarcelados.
Las dos denuncias fueron formuladas por el ex fiscal general Rodrigo Janot, que terminó su mandato en septiembre.
El martes, Temer se reunió con más de 40 diputados, lo que renovó las críticas ya recibidas durante el primer proceso, cuando sus opositores le acusaron de haber negociado votos a cambio de liberar fondos públicos a quienes lo apoyaran.
La Comisión que comenzará a analizar la segunda denuncia está encargada de elaborar una recomendación no vinculante al plenario, en una fase que podría durar entre dos y tres semanas, según la asesoría de prensa de la Cámara de Diputados.
Para que el proceso llegue a la Corte Suprema deberá ser aprobado por 342 de los 513 diputados. Recién ahí el Supremo Tribunal Federal podrá decidir si archiva el caso o lo eleva a juicio, lo que apartaría al presidente de su puesto por hasta seis meses.
De ser hallado culpable, será destituido. De lo contrario, retomará su mandato hasta el 1 de enero de 2019.
