A diez se eleva la cifra de periodistas asesinados en México en 2017
A diez se eleva la cifra de periodistas asesinados en México en 2017
AFP
El reportero de un diario regional en México que estaba bajo protección gubernamental se convirtió el martes en el décimo comunicador asesinado en lo que va de año, una trágica cifra que ratifica al país como uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.
La nueva víctima es Cándido Ríos, un veterano reportero policial del Diario de Acayucan en el violento estado de Veracruz, considerado a su vez el más peligroso para la prensa en México, según organismos de defensoría.
Ríos, de 55 años, fue atacado la tarde del martes junto a un ex jefe policial y a otra persona no identificada, cuando estaban afuera de una tienda en el pueblo de Covarrubias, unos 200 kilómetros al sureste del puerto de Veracruz.
El reportero, conocido entre sus colegas como "Pavuche", falleció mientras era trasladado al hospital debido a las heridas de bala de alto calibre que recibió, dijeron a la AFP fuentes conocedoras del caso.
Según la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) de Veracruz, Ríos formaba parte de un mecanismo del gobierno federal mexicano dedicado a la protección de periodistas en riesgo.
"El periodista se encontraba incorporado a los esquemas de seguridad del Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación", indicó la CEAPP en un comunicado.
Estos mecanismos de protección se han probado ineficaces e insuficientes frente a las crecientes agresiones contra el gremio en México, incluso después de que en mayo el presidente Enrique Peña Nieto se comprometiera a asignarles más recursos y personal.
Ríos era reconocido por su larga trayectoria cubriendo temas relacionados con criminalidad y por haber tenido conflictos con algunos exalcaldes de la región debido a su labor periodística.
Su afán por denunciar injusticias le ganó amplia popularidad entre los lectores, pero también enemigos como el exalcalde de Hueyapan, su pueblo natal, quien lo amenazó de muerte en numerosas ocasiones, según recuerda su colega y director del Diario de Acayucan, Cecilio Pérez.
"Ese alcalde lo mandaba detener, a golpear y a cada rato lo amenazaba de muerte. Hubo un tiempo en que dejó el periodismo por las amenazas de Gaspar Gómez, pero regreso", relató el periodista a la AFP.
Impunidad alienta agresiones
La CEAPP precisó en su comunicado que brindaba asesoría jurídica a Ríos en torno a una denuncia presentada en el año 2012 ante la fiscalía de Veracruz, aunque sin dar detalles sobre el motivo de dicha acción legal.
Desde 2000, más de 100 periodistas han sido asesinados en México, 11 de ellos en 2016, una cifra récord. La organización Reporteros Sin Fronteras precisa además que al menos 20 de esas muertes ocurrieron en Veracruz.
Ana Cristina Ruelas, directora de la ONG en defensa de los periodistas Artículo 19, dijo a la AFP que la falta de esclarecimiento e impunidad de las agresiones en la entidad son alicientes para que la violencia contra el colectivo continúe.
"Mientras no haya justicia, mientas no haya verdad sobre las agresiones a periodistas del pasado, las agresiones contra la prensa en el estado de Veracruz no van a disminuir", advirtió.
En lo que va del año han sido asesinados otros ocho periodistas mexicanos, así como un camarógrafo hondureño que buscaba refugio en México tras el homicidio en su país de un colega.
Los nueve periodistas caídos son Cecilio Pineda, Ricardo Monlui, Miroslava Breach, Maximino Rodríguez, Javier Valdez, Salvador Adame, Jonathan Rodríguez, Luciano Rivera y el hondureño Edwin Rivera.
A la violencia creciente, se suma el agravante de que un 90% de estos crímenes siguen impunes.
Esta tendencia se incrementó tras la ofensiva militar que lanzó el gobierno mexicano en 2006 contra el narcotráfico y que atizó la violencia en varias regiones del país.
Un reciente reporte de Artículo 19 denunció que las agresiones subieron 23% en el primer semestre del año frente al mismo lapso de 2016, mientras el gobierno solo ha planteado paliativos ineficaces y burocráticos.
