El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó una resolución para que la Alta Comisionada Michelle Bachelet, y su oficina, hagan un seguimiento y elabore un informe sobre la situación en Filipinas, que vive ejecuciones extrajudiciales diariamente. Sin embargo, Chile fue uno de los países que se restó de secundar esta petición.
El país asiático, vive desde hace algunos años, una “guerra contra las drogas” que ha sido ampliamente rechazada por los países occidentales, quienes cuestionan los métodos que impulsa el Presidente Rodrigo Duterte, que se basan en las detenciones y posterior ejecuciones.
La Alta Comisionada de la ONU entregó un informe al inicio de la sesión de este jueves, en el que denunció estas ejecuciones extrajudiciales, las que se suman a las más de 5 mil muertes que ha confirmado el gobierno filipino. De acuerdo a Amnistía Internacional, 27 personas mueren diariamente por métodos empleados fuera de la ley en Filipinas.
La iniciativa para investigar en profundidad al país fue del representante de Islandia, la que fue secundada por la Unión Europea y la mayoría de los países latinoamericanos, a excepción de Chile y Brasil.
La votación fue aprobada con 18 sufragios a su favor, 14 en contra y 15 abstenciones.
La representación de Filipinas no se tomó bien la petición y amenazó con abandonar el Consejo, aunque no lo materializó. “Se debería entregar información completa y transparente sobre las circunstancias de esas muertes”, alegó el representante del país asiático Teodoro Locsin.
