Por Laurence Boutreux (France Presse)
La infanta Cristina de España y su marido Iñaki Urdangarin, juzgados en una macrocausa por presunta malversación, escucharon este martes impertérritos cómo el primer interrogado rememoraba los "acuerdos" millonarios cerrados entre amigos tras un partido de pádel en un palacio real.
Cristina de Borbón, de 50 años, segunda hermana de Felipe VI, y Urdangarin, de 48 años, habían llegado con semblante serio por la mañana al tribunal de Palma de Mallorca, en las mediterráneas islas Baleares.
Durante tres semanas, deberán sentarse en el banquillo de martes a viernes para sus propias declaraciones y las de los otros 15 acusados en el primer juicio a miembros de la familia del rey de España.
Empresas pantalla, falsas facturas, contratos inflados, empleos ficticios son, según la acusación, los ingredientes de un escándalo que hundió la imagen de la Corona, contribuyendo a la abdicación de Juan Carlos I el 2 de junio de 2014 a favor de su hijo Felipe VI.
Al mando de una entidad sin ánimo de lucro, el Instituto Nóos, Urdangarin, ex medallista olímpico de balonmano, y su socio Diego Torres están acusados de malversar cerca de 6 millones de euros pagados entre 2004 y 2007 por los gobiernos regionales de Baleares y Valencia.
El primer acusado en declarar fue un antiguo amigo de Urdangarin, Cristina y Felipe: José Luis Ballester, más conocido como Pepote, campeón olímpico de regatas en Atlanta 1996 y director general de deportes del gobierno balear de 2003 a 2007.
Incómodo por su condición de "arrepentido", comenzó explicando por qué desde 2010 decidió colaborar con la justicia a cambio de una reducción de pena. Quería dar a "conocer su verdad", afirmó, mientras "otros continuaban con sus mentiras".
Conoció a Urdangarin en sus años de juventud y gloria, cuando ambos ganaban medallas olímpicas. Después, cuando Ballester trabajaba para el gobierno regional y el yerno de Juan Carlos I presidía Nóos, negociaron sus primeros contratos junto al entonces presidente de Baleares, Jaume Matas.
"Presupuesto ficticio"
Este martes, Ballester detalló como Matas, ex ministro del conservador José María Aznar y ya condenado en otro caso de corrupción, decidió atribuir contratos públicos sin licitación a Nóos para complacer a Urdangarin.
"¿Dónde se reunían?", le preguntó el fiscal. "En el palacio de Marivent", residencia de verano de la familia real en Palma, respondió. "¿Jugaron al pádel y después hablaron?", inquirió el fiscal. "Efectivamente".
Urdangarin obtuvo contratos de oro para Nóos, como la organización de un congreso de dos días sobre turismo y deporte por 1,2 millones de euros. "Un precio completamente desproporcionado" basado en un "presupuesto ficticio", según la fiscalía, para quien Urdangarin y Torres crearon Nóos con la "única finalidad" de "rodearse del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas".
Matas escuchó circunspecto la declaración de su antiguo subordinado. Según Pepote, el entonces presidente balear tomó él solo la decisión de atribuir los contratos, "sin discutir los precios fijados por Urdangarin", que después fueron validados en falsas reuniones de una supuesta fundación.
"Era una manera de vestir el santo, de dar forma a los acuerdos", explicó Ballester, tras cuyo prolongado testimonio las juezas dieron por concluida la sesión. Según la acusación, el dinero recibido por Nóos "acababa en manos de las (empresas) mercantiles controladas por Diego Torres e Iñaki Urdangarin".
Una de esas empresas, Aizoon, propiedad al 50% de la infanta, habría financiado gastos personales de Cristina y su esposo, como lujosos viajes, fiestas o cursos de baile, todo un escándalo en una España asfixiada por años de crisis.
Urdangarin y Torres están acusados de prevaricación, malversación, fraude, delito fiscal, tráfico de influencias, falsedad, estafa, falsificación y blanqueo. El fiscal pide 19,5 años y 16,5 años de cárcel respectivamente.
Doce testigos deben declarar antes que ellos. Cristina será interrogada en último lugar, previsiblemente el 26 de febrero. El juicio, iniciado el 11 de enero, estuvo suspendido varias semanas, tiempo en que las tres magistradas decidieron que la infanta debía efectivamente ser juzgada como "cooperadora necesaria" en dos delitos de fraude fiscal.
Apartada hace años de todos los actos oficiales de la casa real y despojada por su hermano de su título de duquesa de Palma, se enfrenta ahora a una petición de ocho años de prisión.
