Violencia en Arauco: La ruta del dinero en el robo de madera que detalla la última querella del SII

Qué observar: La crisis de violencia presente entre las regiones del Biobío y Los Lagos y protagonizada por grupos radicales armados derivó en los más de 5 meses de estado de excepción constitucional de emergencia que rigieron durante el gobierno pasado y que en la nueva administración del Presidente Gabriel Boric se acercan a su primera renovación por 15 días.

• El estado de emergencia “acotado” decretado el 17 mayo en las provincias de Arauco y Biobío y en toda La Araucanía apunta a entregar seguridad de desplazamiento en carreteras y garantizar el suministro de bienes desplegando a las Fuerzas Armadas como disuasivo ante eventuales ataques. No se encarga, sin embargo, de quienes son los autores de los atentados ni de cómo financian su poder de fuego.

 

• El gobernador del Biobío Rodrigo Díaz (ex DC) abordó este tema el domingo en el programa Tolerancia Cero de CNN y apuntó a una supuesta responsabilidad del Servicio de Impuestos Internos (SII). “(El SII) no fiscaliza con la unidad especial que tenía para trabajar en la región del Biobío y creo que esa no es una decisión del grupo de Impuestos Internos del Biobío, yo creo que fue una decisión política en su tiempo”, dijo. “Lo hizo mientras a mí me tocó trabajar de intendente. Dejó de hacerlo después del año 2018 (…). A mí me parece absolutamente irracional”.

 

• La Moneda respondió el lunes al emplazamiento. “Me parece grave, nosotros vamos a recabar antecedentes”, dijo el lunes la vocera Camila Vallejo. “Uno de los compromisos que hemos asumido como Gobierno y en el cual estamos trabajando, es que vayamos a la raíz de los problemas y no solamente nos preocupemos del resultado final de la cadena de la comisión de delitos, sino que del origen”.

 

• Uno de los grupos radicales que las policías vinculan especialmente con el robo de madera es la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML) que opera desde al menos abril de 2020 en la Región del Biobío.

 

• El SII respondió este martes en una declaración diciendo que se han “presentado a la fecha 16 querellas por delitos tributarios vinculados al rubro de la producción y comercialización de madera, por un perjuicio fiscal histórico superior a los $5.600 millones”.

La ruta del dinero: La última querella del SII por delito tributario en el tema fue presentada en marzo de este año en el Juzgado de Garantía de Cañete. En el texto, de 55 páginas, figura como querellante el ex director del Servicio, Fernando Barraza, quien fue reemplazado en este por gobierno por Hernán Frigolett. La acción está dirigida en contra de 6 personas.

• El documento describe el comercio de madera de origen presuntamente ilegal, supuestamente extraída de predios inexistentes, mediante facturas falsas.

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• Detalla que “como resultado de un proceso de recopilación de antecedentes realizado a los contribuyentes Sociedad Comercial y Forestal Pilpilco Limitada y Forestal Belén limitada, representadas legalmente por Héctor Iván Vigueras (y otros) (…) que culminó con los Informes de Recopilación de antecedentes Nº21, de 1 de septiembre de 2021; Nº32 de 26 de noviembre de 2020; Nº108 de 21 de noviembre de 2019 y su complemento Nº24 de 9 de julio de 2020, elaborado por funcionarios del Departamento de Fiscalización de la VIII Dirección Regional Concepción del Servicio de Impuestos Internos (…) se constataron las siguientes irregularidades tributarias:”.

 

• Luego se relata cómo un contador, su hija y su yerno usaron 6 sociedades para entregar “un total de 139 facturas falsas a 14 contribuyentes receptores distintos, para que éstos pudieran registrarlas en sus respectivas contabilidades y rebajar indebidamente su carga tributaria”.

 

• Entre los receptores de estas facturas estaba un agricultor de Tirúa y otros “quienes a su vez facilitaron 30 facturas falsas a los contribuyentes receptores Sociedad Comercial y Forestal Pilpilco Limitada y Forestal Belén Limitada”.

 

• Este agricultor es uno de los proveedores de madera Pilpilico y Belén. De acuerdo con la querella, “la madera supuestamente vendida proviene casi en su totalidad de” 5 predios de Tirúa y Contulmo. Sin embargo, sus dueños “no poseen inicio de actividades vigente a la fecha de emisión de las facturas, así como tampoco registran haber recibido factura de compra por las ventas de madera que debiesen haber realizado”.

 

• A esto se añade, dice el documento, que “la superficie del ROL 161-54 de Tirúa es de 11,84 has, su rendimiento máximo estimado podría alcanzar los 3.788,8 m3., debido a que el rendimiento promedio para Eucalyptus glóbulus a una edad entre 10 y 12 años correspondería a 324m3 (metros cúbicos) por hectárea aproximadamente, lo cual corresponde más o menos a 200 metros ruma (MR) de madera”.

 

• “Ahora bien, de acuerdo con las facturas recibidas y registradas por (el agricultor), las cantidades compradas a proveedores asociados al ROL 161-54, son 3.320 m3 de pino y 1.535 mr de eucaliptus, por lo que no es posible que el mismo predio haya podido rendir la totalidad de madera supuestamente extraída de él, ya que sólo alcanzaría para cubrir lo referido a metros cúbicos, pero en ningún caso los metros ruma”.

 

• “Todo lo anterior, sin considerar que hay varios documentos emitidos por estas empresas que no indican ROL de origen, por lo que la diferencia podría aumentar aún más”.

 

• Consultado telefónicamente por Ex-Ante, Héctor Vigueras sostuvo que “los verdaderos ladrones de la madera no somos los chicos, los pymes (…). Lo que están haciendo es un abuso”.

 

• El agricultor de Tirúa no pudo ser contactado por este medio, por lo que no se incluyó su nombre en esta nota.

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