-A gastos permanentes, ingresos permanentes. Esa fue una regla de oro que abonó el prestigio del país por su política fiscal. ¿Se ha roto esa máxima?
-El respeto a la regla fiscal es un instrumento útil para disciplinar al fisco y evitar las consecuencias de no hacerlo. Si se pierde el balance entre ingresos y gastos fiscales, aumenta la deuda pública como porcentaje del PIB y junto con ello, los costos del crédito para el país, tanto para el Estado y como para el sector privado. Si se persiste en esa tendencia, eventualmente se corta el crédito y el fisco tiende entonces a financiar su exceso de gasto mediante créditos del Banco Central, con la consiguiente inflación.
Lo importante no es si en Chile hemos -formalmente- dejado de respetar o no la regla fiscal, sino que es un hecho que los gobiernos ya hace varios lustros que no han cumplido en estricto rigor con la disciplina fiscal que caracterizó al país anteriormente. En ese sentido, el presupuesto fiscal de 2022 -que incluye una importante rebaja en el gasto fiscal- pareciera señalizar un cambio muy positivo de tendencia.
-Ayer se aprobó la Pensión Garantizada Universal en la Cámara de Diputados, incluyendo un impuesto a los altos patrimonios o súper ricos como parte de su financiamiento. ¿Qué opina sobre esta medida?
-La aprobación de la PGU es una buena noticia, pero no así su financiamiento parcial por intermedio a un impuesto a los súper ricos. En la actualidad el financiamiento de esa parte por intermedio de la reducción de algún otro gasto fiscal sería preferible. Y si se desea insistir en impuestos, habría que encontrar al impuesto a los súper ricos una alternativa más eficiente. Este impuesto no ha rendido en otros países los ingresos esperados, en cambio sí se ha traducido en una fuga de capitales y empresarios, que es lo último que necesitamos ahora. Tanto así que la mayoría de los países que lo adoptaron, ya lo han eliminado.
– Un 10% de la PGU, según la propuesta original, se financiaría con el Fondo de Reserva de Pensiones. ¿Afectará al balance estructural?
-Una reducción de los aportes del fisco al Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) implica una reducción del ahorro fiscal e impacta al balance estructural. En ese sentido, financiar parte de la PGU con una reducción del aporte fiscal al FRP, no es una política deseable. Es cierto que se trata de una magnitud menor (aproximadamente un diez por ciento del uno por ciento del PIB), pero hacerlo no es una buena señal. Como comenté antes, lo ideal sería que se financie con la reducción de otros gastos públicos. Si así se hiciese, no se alteraría el balance estructural y tampoco variaría el tamaño del Estado, que en Chile es aproximadamente aquél que tuvieron los países ahora desarrollados cuando tuvieron el PIB por persona del Chile actual. Claro que también se puede recurrir a mayores impuestos, que es el único medio que parecen considerar los legisladores, pero los tributos -a menos que sean de monto fijo o graven a algún mal- tienden a tener un costo social significativo.
-Tanto esta iniciativa como la del IFE de cierta forma han roto otra premisa: la focalización. A su juicio, ¿debe ser reconsiderada?
-La focalización del gasto social ha sido muy criticada, argumentando que en los países europeos -que parecieran ser nuestro actual paradigma- los beneficios sociales tienden a otorgarse universalmente. Pero se trata de países con una estructura económico-social muy distinta.
En Chile y desde una perspectiva ética, la pobreza fue y en buena medida sigue siendo, el mal mayor a combatir. Y no hay política más eficaz para ello que una de crecimiento, complementada con una de focalización del gasto social en los sectores de menores ingresos. Bajo estas condiciones, universalizar los beneficios sociales implica imponer una carga tributaria incompatible con el crecimiento. Por ello, para Chile y por el momento, la universalización de los subsidios sociales es una quimera, si el país desea seguir creciendo y combatiendo la pobreza.
Es cierto que en democracia las presiones políticas probablemente favorezcan en alguna medida la universalización de los beneficios sociales -en detrimento del esfuerzo de reducción de la pobreza- y ello se refleja en nuestra experiencia. En ese tira y afloja, y considerando las restricciones presupuestarias, transitaremos en los próximos años de un gasto social estrictamente focalizado en los más pobres, a uno con un mayor grado de universalidad.
-Se proyecta que la economía crecerá entre 1,5 y 2,5% en 2022 y entre 0,0 y 1,0% en 2023. Tanto el consumo como la inversión caerán. ¿Qué debería hacer el gobierno para enfrentar este panorama sombrío?
-En economía no hay milagros. La vuelta en 2022 a un crecimiento sostenible puede llegar a ser traumático. Se nos han estado agotando las reservas que el país acumuló en base a su pasada política fiscal responsable y lo mejor que podemos hacer es aceptar esa realidad y vivir con los medios disponibles. Debemos volver al equilibrio fiscal y, para reactivar la inversión, terminar lo antes posible con la incertidumbre existente en torno a las reformas estructurales que el próximo gobierno desea implementar. En ese mismo sentido y como complemento a lo anterior, es urgente abrir nuevas oportunidades de inversión mediante los cambios legislativos pertinentes. En el pasado eso se hizo con un enorme éxito, por ejemplo, mediante las concesiones de carreteras y la legislación sobre servicios básicos. En la actualidad se podrían, por esa vía, resolver temas tan importantes como los del agua y el transporte de carga.
-La gran preocupación, porque afecta directamente al bolsillo de la gente, es la inflación. ¿Las presiones al alza serán una constante este año?
-La inflación es un problema monetario y confío plenamente en que el Banco Central de Chile tomará las medidas necesarias -como lo ha estado haciendo- para, con prudencia, controlar el fenómeno en un plazo razonable. En ese sentido espero que a fines de 2022, o algo así, la tasa de inflación ya se encuentre dentro del rango meta (2 a 4 por ciento). Dado que tenemos una economía abierta y con tipo de cambio flexible, la inflación externa -que para entonces puede ser todavía mayor- no debiera ser obstáculo para alcanzar dicho rango meta. Además, la política fiscal anunciada cooperará con dicho objetivo del Banco Central.
-Hay una larga discusión sobre el modelo neoliberal. El presidente electo pretende superarlo. ¿Tiene fecha de caducidad?
-Lo del modelo neo-liberal es un eslogan, en Chile y en prácticamente todo el mundo. Cada cuál entiende bajo esa expresión una cosa distinta. Pero para muchos es el extremo liberalismo económico y social.
La verdad histórica es que el sistema surge unos 80 años atrás como un compromiso intelectual entre esquemas de libre mercado y centralizados, en momentos en que el avance del socialismo y de los fascismos en Europa e incluso en los EE.UU., amenazaban las libertades individuales.
En Chile se institucionalizó a partir de 1973 una economía social de mercado, es decir una economía de mercado en que el Estado juega un importante rol en la asignación de recursos, esquema que por el momento aún no se modifica. Lo que más diferencia a la economía chilena de varias de las europeas es que la oferta física de los servicios sociales -en gran parte financiados y estrictamente regulados por el Estado- la ofrecen competitivamente los privados. Para muchos eso constituye una mercantilización -otro eslogan- inaceptable de los servicios sociales. Para otros -sobre todo para los que vivimos la desastrosa y corrupta oferta monopólica de esos servicios un siglo atrás- no es más que una forma de ofrecer esos servicios en forma más eficiente, dado que el Estado sigue financiando y regulándolos. Y no hay que olvidar que los que se ven perjudicados por la oferta estatal ineficiente son las personas de menores ingresos.”
