Qué observar. La ex secretaria regional ministerial (seremi) de Desarrollo Social, Patricia Hidalgo, interpuso este jueves una querella contra quienes resulten responsables de los delitos de prevaricación administrativa, cohecho pasivo agravado y soborno, por las presuntas presiones que asegura recibió para aprobar un proyecto medioambiental en Quilicura.
- En el escrito de 24 páginas, presentado por su abogado Marcelo Castillo, apuntó a eventuales irregularidades cometidas por 5 autoridades: la ministra del Interior, Carolina Tohá; la subsecretaria de servicios sociales, Francisca Perales; la delegada presidencial Constanza Martínez; el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y la ministra de Medio Ambiente, María Heloisa Rojas.
- La acción penal se suma al escrito ingresado a Contraloría el 7 de diciembre, donde pidió al organismo indagar eventuales responsabilidades administrativas.
- La salida del Hidalgo del gobierno se remonta a principios de mes. Fue comunicada por Desarrollo Social el 4 de diciembre en un comunicado, donde acusaron una pérdida de confianza por “haberse desentendido formalmente respecto a la presentación de denuncias (…) ante indicios de la presunta violación de una niña en un recinto de atención a personas en situación de calle”.
- Hidalgo rechazó la acusación y la vinculó con su resistencia a las presiones recibidas desde el gobierno para aprobar proyectos medioambientales en los que habría tenido un rol Jackson (Revolución Democrática) y Tohá (PPD). El partido respaldó a Jackson, aliviando presión al ministro, el principal foco de sus críticas.
- Tras esto, Higaldo anunció su renuncia al partido.
El caso de Quilicura. “Los hechos que motivan la presente querella dicen relación con el Proyecto de Solución Sanitaria para un Sector de Quilicura, de la Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro S.A.”.
- “La Declaración de Impacto Ambiental fue declarada admisible por la Comisión de Evaluación, con fecha 21 de noviembre de 2018, y fue aprobada mediante Resolución Exenta (…) de fecha 7 de diciembre de 2022, de la citada Comisión”.
- “Con fecha 18 de abril de 2022, asumí el cargo de (…) (seremi) de la Región Metropolitana del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y es en esa condición de funcionaria pública, titular de dicho cargo, que me tocó participar, a partir de esa fecha, en la evaluación ambiental del citado proyecto”.
En qué consiste el cierre de la Coordinación Sociocultural realizado por Karamanos
- “Con fecha 10 de abril de 2022, se creó un grupo de la aplicación WhatsApp, denominado ‘Comisión Ambiental’, por el jefe de gabinete de la Delegada Presidencial, Miguel Concha, a través de su celular, con el propósito de coordinar la acción de dicho órgano ambiental, pero que en los hechos, como pasaré a exponer, fue más allá de la coordinación y se utilizó para aprobar o rechazar ilegalmente proyectos sujetos a evaluación ambiental ante dicho órgano, hechos que pueden ser constitutivos de delito”.
Las presuntas presiones. “La delegada presidencial de la Región Metropolitana Constanza Martínez me dice en relación con el proyecto de Quilicura que ‘los están llamando uno a uno la seremi’, según consigna un WhatsApp enviado a las 19:24 del 22 de noviembre, consignó la querella.
- “De manera tal que una conversación que debía ser pública y transparente, se transformó en algo privado, opaco y secreto”, sostuvo el escrito.
- “El día 23 de noviembre de 2022, previo a la votación del Proyecto de Solución Sanitaria para un sector de Quilicura, de Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro S.A., recibí el llamado de la SEREMI de Medio Ambiente, doña Sonia Reyes Packe, para hablarme sobre el citado proyecto, a lo que yo le respondí que no se preocupara por mí, ya que, al tratarse de una sesión extraordinaria, yo ya tenía agendado otro compromiso, y, por lo tanto, me iba a excusar”.
- “A los pocos minutos de esa llamada, recibí otro llamado, esta vez de la Subsecretaria de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, doña Francisca Perales, diciéndome que no podía excusarme por ‘órdenes de la Ministra del Interior’”.
- “Como su respuesta me extrañó y sorprendió porque no es habitual que otros ministerios se involucren en funciones ajenas a las que les son propias de su cargo, yo le pregunté si ‘Carolina Tohá daba esas instrucciones’, ante lo que ella me respondió y me insistió en que ‘son ordenes de Interior’”.
- “Atendida esa respuesta, yo le dije que, dado lo imperativo de su instrucción, que asistiría, pero que votaría rechazo al proyecto. Pero ella me volvió a insistir, otra vez en tono imperativo, y me dijo que “la instrucción es asistir para aprobar el proyecto”.
Las irregularidades denunciadas contra las autoridades. La querella apunta a presuntas irregularidades o delitos cometidos por 5 autoridades en ejercicio. Estas son:
- “El otorgamiento de instrucciones ilegales a mi persona de parte de la ministra del Interior, Carolina Tohá, a través de otros funcionarios, para aprobar el Proyecto de Solución Sanitaria para un sector de Quilicura, de Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro, lo que fue comunicado por celular y WhatsApp de la subsecretaria de servicios sociales (…). Se deben investigar las relaciones administrativas, políticas o de otro orden, entre la ministra (…) y la empresa de servicios sanitarios San Isidro S.A., sus propietarios, directores o gerentes, uno de cuyos propietarios y directores es el ex Tesorero del Partido Por la Democracia (PPD), Gustavo Silva Cabello, con quien Carolina Tohá tenía estrechas relaciones políticas”.
- “El otorgamiento de instrucciones ilegales a mi persona de parte de la subsecretaria de Servicios Sociales”.
- “El otorgamiento de instrucciones ilegales a mi persona de parte de la delegada presidencial (…) Martínez, para aprobar o rechazar diversos proyectos sujetos a evaluación ambiental”.
- La solicitud de petición de renuncia a mi cargo de seremi por parte del ministro (…) Jackson Drago, motivado por mi oposición a las intervenciones e instrucciones ilegales que se impartían desde el nivel central del Ministerio, específicamente de la Subsecretaría de Servicios Sociales”.
- “La intromisión de la ministra de Medio Ambiente María Heloisa Díaz en los procedimientos y calificación ambiental de proyectos de la Comisión Ambiental de la Región Metropolitana, mediante el apoyo del abogado Sebastián Aylwin Correa, de la oficina de evaluación ambiental de dicho ministerio”.
