Paro de camioneros: La trama que tiene a Boric ante el dilema de endurecer más la mano dura

Cortes de rutas no aflojan. Este domingo el gobierno llegó a un acuerdo con la Confederación Nacional de Transporte de Cargas (CNTC) y algunos de sus afiliados para sacar de escena a los grandes gremios y circunscribir el paro solo a los transportistas del norte, un gremio que nació recién en febrero de este año, y la Federación Camioneros Centro Sur, una agrupación descolgada de las grandes.

• El gobierno logró así poner en marcha su plan A, que venía fraguando del jueves 17 y que apuntaba a dividir a los gremios y lograr un acuerdo con la CNTC que lidera el histórico Sergio Pérez, gestiones que se frustraron cuando el paro en el norte comenzó a extenderse, dando espacio para que otros gremios se endurecieran y eclipsaran a otros actores.

 

• El problema es que este lunes el paro -liderado solo por la Confederación Transportistas Fuerza del Norte y la Federación Camioneros Centro Sur- continuó generando estragos en las carreteras de 9 regiones de país (y más de 20 ciudades) entre Arica y la región de Los Ríos, pasando por Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, la Quinta Región, la Metropolitana, la de O´higgins y el Maule.

 

• En el octavo día de paralización, y pese a que el gobierno ha aplicado la Ley de Seguridad del Estado, buena parte de los camiones siguen estacionados en las bermas de las regiones antes mencionadas y con bloqueos parciales, como en Paine y Valdivia. En Iquique la situación es crítica y en Valparaíso los camiones se acercan al camino La Pólvora para volver a cerrar el puerto de Valparaíso.

 

• Este lunes amanecieron 40 focos de copamiento de carreteras (se incorporó uno en Santa Cruz) y en la movilización participan 1.107 camiones y 1.013 personas. Uno de los puntos neurálgicos está en Casablanca (124 camiones parados).

El dilema. Del error inicial de cálculo de Interior, que no calibró que la Quinta Región podía ser crítica, que creyó que el acuerdo con Sergio Pérez estaba cerrado y cuya demora en la aplicación de sanciones terminó extendiendo el conflicto, se pasó ahora a un debate en La Moneda en torno a cuánto endurecerán la mano frente a los gremios movilizados. Monsalve ya ha dado todas las advertencias, el caos en las carreteras continúa y el mundo empresarial está muy inquieto.

• Iván Marambio, presidente de la Asociación de Exportadores de Fruta (Asoex), advirtió lo siguiente este lunes: “Los transportistas están afectando la industria nuestra con el objeto de hacer un gallito, hacer palanca con el Gobierno, y desde esa perspectiva, lo que a nosotros nos preocupa es que estamos en un punto muerto. Porque usted llega a acuerdo en las negociaciones y si no llega a acuerdo, bueno, hace respetar la ley. Pero no nos quedamos en este punto intermedio en el cual nos encontramos en este minuto”.

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• El mensaje de Marambio fue leído más como una luz roja al gobierno que a los transportistas que impiden que la fruta salga al extranjero. El hacer respetar la ley con el máximo peso, incluyendo masivas detenciones, querellas y el despeje forzado de los camiones de las bermas es un dilema que en estas horas está resolviendo La Moneda.

 

• En el oficialismo ha trascendido que tanto la CPC como asociación de exportadores de fruta han solicitado a Interior en privado actuar con mayor firmeza.

 

• En la retina de algunos aún están las imágenes de 2022, cuando los microbuseros liderados por Demetrio Marinakis paralizaron el transporte en Santiago, el ex Presidente Lagos aplicó la Ley de Seguridad del Estado y dio un golpe de autoridad: algunos de los dirigentes del gremio ingresaron esposados a la Penitenciaría.

 

• Hasta ahora no hay planes del subsecretario Monsalve de convocar a La Moneda a los descolgados y el Presidente Boric recibe informes sobre lo que ocurre en las carreteras.

 

• En los 8 días de movilización el gobierno ha presentado 32 querellas por ley de seguridad del Estado (20 individualizadas) y hay 19 detenidos. Once son por Ley de Seguridad del Estado.

Comité político. En el comité político de este lunes, el Frente Amplio y el PC apoyaron la opción de aplicar todo el peso de la ley a los movilizados.

• Un presente señalan que durante la reunión, los representantes del gobierno esbozaron que no seguirán cediendo.

 

• Otras fuentes, sin embargo, señalan que igualmente se puede aplicar la ley y seguir con el diálogo abierto frente a los movilizados.

 

• El dar golpes de autoridad suele venir acompañado de alzas de popularidad en los Mandatarios, en el caso que funcionen, pero tienen riesgos asociados que se suelen estudiar muy bien en los gobiernos.

Los 2 acuerdos y el gasto fiscal. El Gobierno ha puesto grandes sumas de dinero sobre la mesa para desactivar el paro. El acuerdo con la CNTC y otros gremios terminó siendo mejorado sustantivamente por el gobierno ante el que ofreció hace 1 semana, pero bajo criterios similares: congelar el precio del diésel por algunos meses e inyectar 1.500 millones de dólares adicionales al Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco). Impedir el alza del precio del diésel, si ocurre, podría tener un costo de 400 millones de dólares por mes, según dijo Monsalve.

Los dos acuerdos, uno firmado el 21 de noviembre y el otro ayer domingo, tienen los siguientes cambios.

- La semana pasada señalaba que el Gobierno enviaría un proyecto de ley para crear un mecanismo que estabilizará el precio del diésel por un plazo de 90 días. En el último protocolo se amplía a 120 días.

- El del lunes señalaba que “vencido el mecanismo transitorio el mecanismo permanente considerará ajustes cada 15 días con un máximo de 12 pesos por litro (0,2 UTM por metro cubico)”. El último especifica estos ajustes serán cada 21 días, con un máximo de 15 pesos por litro, por un año.

- En seguridad, también se ponen fechas para construir 6 zonas de descanso en la macrozona norte durante el próximo año. Y los otros 6 (del total de 12 comprometidos) en 2024.

- El 21 de noviembre se habló de “evaluar un seguro complementario” para el transporte de carga. En el del domingo se expresa que “el gobierno se compromete antes del 31 de diciembre de 2022 a proponer un mecanismo de seguro complementario de transporte de carga”.

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