Qué observar. Casi una semana después de que se registraron los primeros cortes de luz debido al sistema frontal del 1 de agosto, este miércoles el Presidente Boric anunció que encargó al ministro Diego Pardow comenzar con la revisión de la concesión de Enel ante los “graves incumplimientos e inoperancia de la empresa”.
- Ya en la noche, tras una reunión realizada en las oficinas de Senapred en la que participaron el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, y subsecretarios de distintas carteras, el ministro Pardow señaló que se anunció el inicio de este proceso.
- Si bien el Presidente tiene la facultad de acabar con la concesión de una empresa -a través de un decreto supremo fundado- nunca en la historia del país se ha revocado la concesión de una compañía de distribución eléctrica.
- El ministro de Energía envío un oficio a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) solicitando “que vuestra institución realice las gestiones correspondientes a efectos de emitir un pronunciamiento en relación a una eventual caducidad de las concesiones definitivas de la concesionaria de servicio público de distribución Enel Chile S.A, en cuanto a que dicha empresa no ha dado cumplimiento a las exigencias establecidas en la LGSE, el DS 327/97 y la NTCS_SD”, señaló.
- En la mañana de este domingo, a 10 días del comienzo de la crisis, aún quedan más de 18.000 clientes sin luz en la Región Metropolitana.
- Según especialistas de la industria, la idea de revocar la concesión sería inviable y podría generar un desastre aún peor.
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Propiedad de la luz eléctrica. De esta manera y, en entrevista con La Tercera, el ministro de Energía, Diego Pardow, planteó que “a diferencia de lo que sucede con muchos otros servicios básicos, donde la capacidad de respuesta de las instituciones de gobierno es distinta, porque hay mayor convivencia entre lo público y lo privado, en el sector eléctrico la presencia del sector privado es completa. No hay en instituciones estatales la capacidad humana ni técnica para reponer las líneas de transmisión, ni las líneas de distribución. Eso es un trabajo que únicamente lo pueden hacer las empresas, en este caso, privadas”.
- “Obviamente podemos hacer un proceso de reflexión institucional posterior, donde es natural que surjan cosas que mejorar. Eso pasa en todas las crisis. Pero lo que no puede ocurrir es que eso opaque dónde está la responsabilidad principal en esta crisis, que está en el sector privado”.
- Ante la consulta de que no le parece que un servicio de la envergadura de la luz eléctrica esté 100% en manos privadas, Pardow abre un debate, señalando que “sí, efectivamente. Cuando uno discute sobre el nivel de participación público-privada en la organización industrial de un segmento determinado, típicamente eso se entiende como un debate político de izquierda-derecha, por así decirlo”.
- “Pero no solo eso, también es un tema que tiene que ver con la seguridad nacional, con un interés en desarrollar capacidades para responder frente a las emergencias (…) Cuando uno ve las incertidumbres hacia adelante, es mejor organizar sistemas más heterogéneos, entendiendo que distintos comportamientos van a aportar mayor diversidad y resiliencia al funcionamiento del conjunto. Y en ese sentido, creo que la pregunta más atingente hoy es si no sería más seguro para la ciudadanía tener alguna parte de la distribución eléctrica bajo la figura de una empresa estatal”.
- “Yo, a la luz de esta emergencia, creo que sí es más seguro. Pero es una pregunta que requiere hacerse con una mirada estratégica y pensando, además, que eso es un músculo que toma tiempo de desarrollar”.
- “Uno no puede esperar hacer una empresa que se encargue de un servicio tan importante como este de la noche a la mañana. Pero yo esperaría que al menos tengamos esa reflexión y seamos capaces de trazarnos una ruta”.
- “En mi experiencia como ministro de Energía, en el caso de los combustibles líquidos, efectivamente el rol estratégico de la ENAP es fundamental”.
- “Hay muchas empresas de distribución en el mundo que son 100% públicas. En particular, he visto el trabajo de al menos dos que me parece que son particularmente interesantes en la manera de funcionar: la empresa de distribución eléctrica francesa y la empresa surcoreana de distribución de electricidad son empresas que innovan mucho”.
Proceso de revocación. “La indolencia es una palabra que significa que cuando uno tiene el poder para hacer algo, no lo hace. Y en este caso, creo que describe lo que hemos observado en distintos espacios. Por ejemplo, durante la auditoría que hicimos el día lunes, a través de la SEC, se refleja que durante la emergencia, el 50% promedio de las llamadas quedaron sin contestar”, dice Pardow.
- “En el caso de Enel, el inicio del procedimiento de caducidad de la concesión tiene que ver con asegurar que el tercer plan de reposición que presenta la empresa, luego de que los dos anteriores no se siguieran ni siquiera remotamente cerca las expectativas de lo que se iba a lograr”.
- “Ha habido emergencias o interrupciones del suministro eléctrico en otras oportunidades de nuestra historia, prolongadas y en intensidad, también comparables. Esto nunca se había utilizado. ¿Por qué se utiliza por primera vez en nuestra historia? Porque por tercera vez nos encontramos con un programa de cumplimiento que no se estaba alcanzando ni siquiera de manera cercana (…) Este proceso de caducidad de concesión que nunca se había usado en toda la historia de la Ley General de Servicios Eléctricos se usa sobre la base de un plan de cumplimiento que era imperativo conseguir que avanzara”.
- “La decisión de revocar una concesión no es un acto discrecional. Es un acto reglado, que tiene etapas, y esas etapas tienen un requerimiento inicial. Si ese requerimiento inicial se cumple, no se sigue a la siguiente etapa. Así funciona legalmente ese procedimiento”.
Modelo tarifario. “El modelo tarifario se puede mejorar en distintos ámbitos, pero lo que no puede ocurrir es que cada vez que tenemos que sancionar incumplimientos graves, se le eche la culpa a deficiencias en el modelo tarifario. (…) Si las empresas consideran que el modelo tarifario no refleja los costos que necesitan para responder a la emergencia, tienen todas las oportunidades procesales y sustantivas para objetar las tarifas existentes.
