Antecedentes a tener en cuenta. El 17 de agosto pasado, el director regional de Gendarmería, coronel Juan Navarrete, y el lonco de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Víctor Queipul, firmaron un acuerdo de 8 puntos que permitió que dos reos mapuches, que cumplían condena en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Angol, fueran trasladados al Centro de Estudios y Trabajo (CET) de la misma ciudad. Un tercero fue enviado al hospital de la comuna.
- Todo ello se hizo bajo la presión de una huelga de hambre que los tres comuneros habían iniciado el 20 de julio para exigir su traslado y con una cárcel rodeada por grupos armados que proferían amenazas hacia los funcionarios.
- Los beneficiarios del traslado al CET fueron Johan Millanao Nahuelpi, condenado en 2021 a 5 años de cárcel por robo con intimidación y Juan Calbucoy Montanares, detenido en 2019 por robo con violencia de vehículos en las comunas de Ercilla, Collipulli y Angol.
- Al hospital de Angol fue llevado Sergio Levinao Levinao, condenado en 2018 a 15 años de cárcel por robo con violencia, porte ilegal de armas y retención de personas, por hechos ocurrido en 2017.
- El traslado, ordenado para la noche del 17 de agosto, fue bajo una “escolta” de violentistas armados, que en todo momento tuvieron bajo amenaza y amedrentamiento a los gendarmes, según han relatado varios funcionarios en las últimas semanas.
- Esta situación es actualmente investigada por la Comisión de Seguridad Ciudadana y Comisión Especial Investigadora sobre Funciones de Resguardo de la Seguridad y Orden Público Interno y Persecución de la Delincuencia, ante denuncias de diversas asociaciones gremiales de Gendarmería, en el sentido que el convenio de 8 puntos firmado por el coronel Navarrete es ilegal y no está ajustado a la reglamentación interna.
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La “encerrona” al coronel. El 18 de agosto, al día siguiente del traslado, el alcaide del CDP de Angol, teniente coronel Luis Povea, solicitó al coronel Juan Navarrete que se constituyera en el penal a las 11 de mañana. En el estacionamiento del recinto lo esperaba casi la totalidad de la dotación de gendarmes, unos 50, entre los que figuraban dirigentes de asociaciones gremiales de la institución.
- Según relata el mismo Navarrete en un oficio reservado que envió al subdirector Operativo de la institución, y al que tuvo acceso Ex-Ante, fue recriminado en duros términos por el personal por la ilegalidad del acuerdo y por negociar con Queipul.
- Un oficial, por ejemplo, lo increpó y le dijo “que no tenía pantalones, que exponía a los funcionarios y que me había sentado a dialogar con un terrorista, con un terrorista que era del brazo armado de la CAM”, entre otras acusaciones que el coronel Navarrete le relata a su superior.
- Otro funcionario le planteó que “negociaba con terroristas, que no sabía donde estaba parado y que estaba mal asesorado por su grupo cercano que trabajaba en inteligencia y que mis decisiones eran malas”, acusa el director regional en el punto 5 del documento.
- Los gendarmes amenazaron con tomarse el penal, lo que finalmente no ocurrió.
- Navarrete solicitó la apertura de un sumario administrativo para castigar a los responsables. Los acusó de “acoso y maltrato laboral” y violencia organizacional “del tipo ascendente”, invocando la resolución exenta Nº 11 de la Dirección del Trabajo y el art. 2 del Código del Trabajo.
No hubo sanciones. Consultado un alto oficial de Gendarmería, informó que no hubo sanciones al personal que actuó en contra de Navarrete, quien a los pocos días fue trasladado a la Dirección Regional de Ñuble, con todos los beneficios que señala el reglamento.
- Esta semana se conoció la respuesta de Contraloría General de la República (CDR) a un requerimiento presentado por los diputados de Renovación Nacional Andrés Longton, Camila Flores, Miguel Mellado y Diego Schalper.
- Esta era en contra de la resolución exenta N° 3925 de 2020 que permitió al gobierno anterior y al actual entregar beneficios extra penitenciarios a presos mapuches.
- La CDR reconoce las facultades que tiene la dirección de Gendarmería y el Ministerio de Justicia para aplicar sanciones a los internos y dictar talleres de reinserción, entre otras cosas. Pero estas facultades no pueden exceder la ley cuando se trata de internos de etnia mapuche.
Lea el oficio reservado que relata los hechos:
