Gobierno remueve a delegada de Los Ríos tras reunión con comunidad denunciada por usurpación

Qué observar. El miércoles por la noche, el Ministerio del Interior informó que había aceptado la renuncia de la delegada presidencial de Los Ríos, Paola Peña Marín, a quien se agradeció, en un comunicado, su “labor desarrollada en estos meses”.

• Terminaban así los 7 meses en el cargo de una profesora, ex dirigente de la federación de estudiantes de la Universidad Austral y militante del Partido Comunista (PC), quien llegó al cargo tras perder en las elecciones de gobernador de mayo de 2021.

 

• Su salida ocurrió luego de que el lunes la Corte de Apelaciones de Valdivia acogiera un recurso de protección interpuesto por 4 familias propietarias del fundo La Galera, que denunciaron la usurpación del predio por parte de miembros de la comunidad Pablo Nauco.

 

• Argumentaron que luego de que se iniciara la toma, la delegación mantuvo una reunión presencial con dirigentes de la comunidad. No precisaron si la delegada estuvo presente o sólo sus representantes. La delegación respondió al tribunal que el motivo de la cita fue para analizar su reconocimiento legal.

 

• “La autoridad recurrida deberá, previa coordinación con las carteras ministeriales correspondientes, implementar un plan de medidas que procure la protección eficiente e integral de las personas recurrentes que han visto amagados sus derechos, con miras a evitar el acaecimiento de este tipo de sucesos en su contra, debiendo informar a (la) Corte de Apelaciones dentro del plazo de 30 días corridos”, dice la resolución de los ministros Juan Ignacio Correa, Samuel Muñoz y la fiscal judicial Gloria Hidalgo. “Asimismo, la delegada presidencial de Los Ríos deberá velar por el cumplimiento de los requerimientos del Ministerio Público, adoptando las medidas pertinentes para que Carabineros de Chile cumpla con las medidas de protección decretadas”.

Por qué importa. Las resoluciones judiciales forzando al gobierno a tomar medidas de seguridad son un tema sensible para La Moneda.

• El 19 de abril, la Tercera Sala de la Corte Suprema ordenó a las autoridades del Biobío implementar un plan para entregar una “protección eficiente e integral” a las víctimas de violencia rural, a raíz de un recurso de protección interpuesto por la asociación de contratistas forestales durante el gobierno de Sebastián Piñera, pero que tendría aplicación en la actual administración.

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• El fallo de la Corte de Valdivia ocurre además en una región en que autoridades oficialistas y oposición han pedido al gobierno extender el estado de excepción constitucional de emergencia que rige desde mayo en La Araucanía y en las provincias de Arauco y el Biobío en la VIII Región.

La toma que gatilló el recurso. “Las sociedades recurrentes son dueñas del inmueble rural denominado Lote A-Uno , también conocido como Fundo La Galera, de una superficie aproximada de 339,3 hectáreas (…). Las cuatro familias detrás de las sociedades dueñas del predio, están enfocadas en la creación de un santuario de la naturaleza, con armonía y respeto mutuo con las comunidades vecinas”, dice la parte inicial de la resolución, que cita el recurso de protección presentado.

• “Señala que el 2 de marzo de 2022 un grupo de personas ingresó por la fuerza a la propiedad y bajo lo que estima sería un pretexto de recuperación territorial, han impedido el acceso al predio, además de talar y quemar árboles, así como realizar construcciones”.

 

• “Sostiene que el 5 de marzo de 2022 un grupo de 15 personas aproximadamente, liderados por don Heraldo Railaf Nauco, werken (vocero) de la Comunidad Indígena Lonko Pablo Nauco, ingresaron a la propiedad alegando recuperación ancestral de territorio, logrando identificar a una persona que tendría nexos con la Coordinadora Arauco Malleco (CAM)”.

 

• “Añade que el representante de la sociedad Inversiones PGT Limitada exigió el abandono del inmueble y, posteriormente, realizó la denuncia respectiva, instruyéndose la medida de protección de desalojo, sin resultados positivos. Refiere que las comunidades indígenas locales han realizados llamados por redes sociales y otros medios, para que se apoye esta acción ilegal, sin mayor intervención de la autoridad”.

 

• “Manifiesta que el 9 de marzo de 2022 el Ministerio Público decretó la presencia policial como medida de protección destinada a garantizar la seguridad de las personas, empero, ella no se ha implementado por falta de medios”.

 

• “Indica que los días 12 y 13 de marzo del año en curso se realizaron lo que estima supuestas ceremonias ancestrales que se difundieron en redes sociales y el dieciséis del mismo mes la Delegación Presidencial recibió a la Comunidad Indígena Lonko Pablo Nauco con el objeto de iniciar un trabajo en conjunto para el proceso de reivindicación”.

 

• “Relata que el 9 y 15 de junio de 2022 remitieron una carta a la Delegación Presidencial Regional aportando los antecedentes descritos y solicitando la adopción de medidas, sin haber obtenido respuesta”.

La respuesta de la delegación. “Informando el recurso, don Ignacio Saldivia Saravia, abogado, en representación convencional de la Delegación Presidencial Regional de Los Ríos, expone que resultan inexigibles las peticiones contenidas en el recurso desde que mediante denuncia de los recurrentes se dio inicio a un proceso penal que se encuentra en tramitación ante el Ministerio Público”.

• “Agrega que si es factible que la autoridad regional pueda adoptar medidas de seguridad pública para evitar la reiteración de hechos delictuales, tal como lo ha exigido la Excma. Corte Suprema en situaciones similares. Añade que no es posible informar quiénes ocupan el inmueble, ya que tales antecedentes forman parte de la investigación penal”.

 

• “Refiere que frente a los hechos descritos en el recurso se tomó contacto con los actores por videoconferencia, dado los problemas de agenda de los propietarios, mientras que la reunión presencial con la Comunidad Pablo Nauco se enmarcó en el proceso de obtención de personalidad jurídica de aquella”.

 

• “Arguye que los recurrentes pretenden que se instruya a la autoridad Regional cómo se deben administrar los recursos del Estado a objeto de conseguir los fines que la Constitución y las leyes le han encomendado, empero, aquello escapa a la competencia entregada a los Tribunales de Justicia”.

La reemplazante. A través de un comunicado, el Ministerio del Interior informó que la delegación de Los Ríos será asumida por la socióloga Carla Peña Ríos (PC), quien fue secretaria regional ministerial (seremi) de Medio Ambiente en el segundo gobierno de Michelle Bachelet.

• También anunciaron que paralelamente se aceptó la renuncia del delegado del Ñuble Claudio Ferrada Alarcón (Revolución Democrática), quien será reemplazado por el ingeniero comercial Gabriel Pradenas Sandoval (RD).

 

• Ambos casos se suman a los reemplazos en La Araucanía y Atacama llevados a cabo durante la gestión de la nueva ministra del Interior, Carolina Tohá.

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