-¿Qué daño reputacional le hace a Enap el fiasco de haber vendido en $ 15 mil balones de gas que tuvieron un costo exorbitante de $117 mil, con importantes pérdidas para esa empresa pública?
-Le hace un daño a Enap desde luego, porque se usa la marca de una compañía que tiene instalaciones de infraestructura en el mercado mayorista que son muy importantes y aquí se le ocupa para un mercado minorista. Enap no tiene experiencia ni las capacidades, cosa que se dijo en su momento. Pero de forma voluntarista se intentó hacer algo que muchos dijimos que era probable que no funcionara porque no tenía las capacidades. Y se daña la empresa, se pierde tiempo y se distraen los esfuerzos.
El abogado que recurrió a la Corte Suprema para aclarar el polémico fallo sobre las isapres
-¿Y cómo se entiende que esto haya pasado por el gobierno corporativo de Enap?
-Es difícil de entenderlo. No conozco el detalle de cómo pasó eso por el Gobierno Corporativo, pero yo me temo que por la información que vimos en su momento, el Gobierno empujó con mucha fuerza que Enap tomara este rol. Este es un problema que va más allá del recurso financiero, el debilitamiento del Gobierno Corporativo, el rol y la independencia que debe tener Enap.
-¿Cómo podríamos llamar este problema en pocas palabras?
-Intervención en la operación de compañía pública que debiera operar autónomamente.
-¿Qué rol jugó Jackson en esto?
-Al igual que todos los chilenos lo vi apareciendo muy activamente en medios de prensa, ofreciendo esto como una gran solución.
-¿Y debería tener ese rol?
-Lo dijo la Fiscalía y hay consenso muy amplio en los técnicos que las falencias del mercado del gas hay que corregirlas por la vía de mejorar la regulación y eso se hace en el Congreso. Es sorprendente que un ministro encargado de tramitar leyes, en vez de tramitar las normas que resuelvan el problema regulatorio que tenemos, haya dedicado los esfuerzos en intervenir en el rol de una empresa pública y empujarla a hacer algo que está afuera de lo que puede competentemente hacer.
-¿Cómo ha sido el manejo y cuál será el rol del ministro de Energía, Diego Pardow?
-Lo primero que hay que entender aquí es que para resolver o solucionar el problema del gas hay que cambiar la regulación. Eso está muy claro en el informe de la Fiscalía, nosotros presentamos un proyecto de ley y el Gobierno lo retiró y después ingresó uno parcial. Lo que debieran hacer los ministros es preocuparse de ajustar la regulación. La labor del Gobierno es regular de buena manera los mercados para que funcionen bien. Nada de eso se ha hecho.
-Tomando en cuenta que se ha puesto en duda la capacidad de las empresas estatales de hacerse cargo de recursos, como por ejemplo el litio ¿Cómo entra este antecedente de Enap?
-El mensaje es muy claro y es que algunas empresas estatales no funcionan bien. Un caso es el de Enami que es importante en la Estrategia Nacional del Litio, porque se le quiere dar rol y la verdad es que Enami a duras penas puede con lo que hace actualmente. Nosotros logramos con mucho esfuerzo que no tuviera pérdidas y que ganara plata en el año 2021, después de 10 años. Y hoy nuevamente está perdiendo plata, entonces hay algunas que no funcionan bien de frentón.
Incluso las que funcionan bien en su ámbito de acciones, pero tienen competencia para hacer algunas cosas razonablemente bien. Pero suponer que una empresa (Enap) que está exitosamente o razonablemente bien en el negocio de infraestructura y petróleo, automáticamente va a poder hacer gas licuado, es un error. Y es la misma advertencia que muchos hemos lanzado respecto a Codelco y el litio –que Codelco sepa hacer cobre no significa que pueda hacer litio-. Este es un ejemplo muy claro de eso.
-¿Y quién se debería hacer cargo del tema del gas?
-El tema del gas es súper claro, en este mercado nosotros tenemos tres actores privados que compiten, que son Gasco, Lipigas y Abastible, y la Fiscalía identificó que hay problemas de competencia en ese mercado y que hay que aumentar la intensidad competitiva. Y eso requiere cambios en la regulación, y esos cambios están en el proyecto de ley que se presentó hace un año y medio y que el Gobierno retiró. Entonces, en vez de usar empresas públicas para fines que no tienen las capacidades, el Gobierno debiera enfocarse en mejorar la regulación.
Yo creo que aquí hay una cosa ideológica más de fondo y ese problema es que este Gobierno tiende a desconfiar de la empresa privada, lo que se ve en este caso y en el caso del litio. Esto es un recordatorio y una muestra más de que es mucho más eficaz que el Estado regule bien para que las empresas privadas cumplan ese rol en un mercado competitivo, abierto, transparente, que es lo que no pasa hoy día en el mercado del gas licuado.
