El revés de Jaime Bassa en la Convención (y cómo se dilató para enero la primera votación del texto)

Propuesta de Bassa. La mesa directiva, al mando de Elisa Loncón en su presidencia y Jaime Bassa en la vicepresidencia, dio a conocer este jueves una primera propuesta de cronograma para lo que resta del trabajo de la Convención. 

• Su borrador contemplaba la primera votación de normas constitucionales para diciembre de este año.
• El plazo, sin embargo, fue criticada por parte de las coordinaciones de las 7 comisiones temáticas de la Convención, en manos de la izquierda y la centro izquierda.
• Rechazando la propuesta, atribuida a Bassa, la izquierda propuso dilatar para enero de 2022 la etapa de votación de las normas.
• Antes, sin embargo, exigieron abrir un proceso constituyente de cara a la ciudadanía, lo que supuso un revés para Bassa, quien -de acuerdo a distintas fuentes consultadas- estaba empeñado en que las votaciones del texto constitucional comenzara este año, luego de que la asamblea se instalara el 4 de julio pasado.
• En la Convención tomó fuerza que este primer periodo de discusión de normas constitucionales sea dedicado en noviembre y diciembre al desarrollo de audiencias públicas y recepción de iniciativas populares.

Audiencias públicas (y controversia por plazos). No está claro aún cómo se llevar a cabo este proceso. Durante esta semana, de hecho, el foco de cada una de las siete comisiones ha sido precisamente la de establecer los mecanismos de audiencias públicas.

• Según establece el Reglamento de Participación, las organizaciones y personas naturales -en primera instancia- deberán inscribirse en el Registro de Participación y completar el formulario de audiencia. Luego de ello pasarían a exponer según la Comisión temática que corresponda.
• Sin embargo, esta plataforma aún no está disponible.
• “Lo que se está proponiendo es de alguna manera aproximarse a un primer período de audiencias de una manera más informal, menos reglamentada, pero que permita avanzar en el proceso de recepción de audiencias sin perjuicio de que después de constituidas todas las instancias técnicas pueda insertarse en ese proceso con todos los requisitos y cumpliendo las formalidades del reglament”, indicó el secretario de la comisión de Descentralización, Carlos Cámara.
• Todos estos elementos han encendido alertas entre algunos convencionales respecto al tiempo que esto podría tomar la constituyente.
• La representante UDI Constanza Hube, indicó que la mesa está pidiendo desde ya un plazo de un año para trabajar, pero, según dijo, la Constitución indica que es de 9 meses y “excepcionalmente” prorrogarlo por otros 3.
• Manuel Woldarsky, de la ex Lista del Pueblo, planteó hace alunos días la posibilidad de extender el debate constitucional por dos años, lo que hasta ahora no ha tenido piso política.

Primera votación: 14 de enero, después del balotaje. El cronograma actual establece que la primera sesión de votación del Pleno sería el próximo 14 de enero. Vale decir, un mes después del balotaje en la presidencial. Paradójicamente, una de sus misiones será reformar el sistema político -el sistema semipresidencial ha tomado fuerza- o acortar la duración de un mandato con un Presidente electo.

• La mesa directiva también fijó para el próximo 8 de mayo una eventual realización del plebiscito intermedio dirimente, el cual no estuvo contemplado en el acuerdo del 15 de noviembre de 2019 y, para algunos, se trata de un subterfugio para saltarse el quotum de los 2/3 para cuando el PC y los grupos más radicales no tengan los votos para frealizar cambios estructurales.
• Esta opción, de todas formas, aún debe ser gestionada por el Congreso, puesto que se debe realizar una ley que permita la realización de esta iniciativa propuesta por el PC.

Iniciativa popular de ley. A las consultas ciudadanas se sumarán, en el mismo período, el proceso de iniciativa popular de ley.

• Este martes, de hecho, la Comisión de Descentralización estuvo enfocada en realizar un formulario que pueda recoger las propuestas ciudadanas de manera “informal”. 
• La idea, en este caso, sería insertarlos posteriormente a los mecanismos de participación popular oficiales.
• El reglamento de la Convención estipula que las personas u organizaciones deberán inscribirse en un Registro Público de Participación y, en caso de ser declaradas adminisibles, deberán contar con 15 mil firmas de 4 regiones del país para que sean discutidas y votadas en la Convención. Las iniciativas populares de ley han tenido resultades dispares en otros país.
• Desde 1983, en España se han presentado 94 y solo dos se han convertido en ley.

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