Esta semana, la “Comisión especial investigadora de los actos del gobierno ejecutados para enfrentar las nuevas formas de criminalidad en Chile y especialmente en la denominada Macrozona Norte del país”, dio a conocer un informe de 141 páginas con sus conclusiones. El presidente de la instancia, el diputado Jaime Araya (Ind.-PPD) explicita que la idea es entregar el documento a todos los organismos del Estado involucrados y establecer en una “hoja de ruta las tareas y reformas que hay que hacer. Pero que primero partamos por visibilizarlo porque hay temas que son muy crudos que no se hablan.”.
—Según la información que les entregaron las diversas autoridades, ¿hay un cambio en el tipo delictual en Chile?
—Efectivamente. Estuvo la irrupción de fenómenos criminales que están asociados al crimen organizado y al descontrol migratorio donde muchos delincuentes que venían instalarse a Chile empezaron a cometer delitos que no se conocían en nuestro país y lamentablemente el Estado de Chile no estaba muy preparado.
—El gobernador de Antofagasta y presidente de Agorechi, Ricardo Díaz, dijo en una de las sesiones de la comisión que “tenemos un Estado incapaz de responder ante el nivel de especialización que tiene este crimen. ¿Estás de acuerdo?
—Hemos mejorado mucho, yo creo que eso es indudable, pero la brecha por cubrir queda en evidencia en las conclusiones de la comisión. Primero porque costó convencer a las autoridades que esto existía, pero una vez que se gatilla, siguen existiendo miradas distintas de cómo abordar el fenómeno y también respecto de cuánta profundidad tiene y cómo ha modificado no solo el comportamiento de los delincuentes nacionales, sino que también de personas que tienen contacto constante con la delincuencia producto de su propio trabajo. Estamos hablando de las policías, del sistema judicial, de Gendarmería. Hoy día el crimen organizado tiene un nivel de sofisticación que excede por lejos las capacidades del Estado de Chile.
—¿Entre quiénes existen diferencias en el análisis?
—En esto nosotros tenemos un matiz y diferencias con Apruebo Dignidad porque, lamentablemente, muchas veces está cruzado con el tema migratorio y existe un cierto romanticismo de gente que se niega a ver una cosa que es evidente: El crimen organizado entró con la crisis migratoria. Ahora, me parece importante reconocer y poner en valor que ha sido este Gobierno el que tiene un Plan Nacional contra el Crimen Organizado y un Consejo Nacional contra el Crimen Organizado.
—¿A Apruebo Dignidad le dificulta tratar los temas de crimen organizado y delincuencia?
—Hay dificultades para abordar el tema de delincuencia en general. No quiero hacer ninguna imputación ni tengo ánimos de polemizar, sino que simplemente constatar que los temas de delincuencia requieren mucho foco y están cruzados con el tema migratorio. Basta ver lo que pasó en la tramitación del control preventivo migratorio impulsado por la diputada Joanna Pérez: No contamos con el apoyo de Apruebo Dignidad. Me parece que eso tan esencial no podía tener reparos desde el punto de vista ideológico como que era un acto discriminatorio. Este es un tema complejo de abordar en la sociedad chilena en su conjunto y en el Parlamento se refleja en la tensión constante con Apruebo Dignidad en estas materias.
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—En el informe dicen que el sistema de trabajo de Carabineros y la PDI en fronteras “se ubica al límite de constituirse en una vulneración de derechos fundamentales”. ¿Por qué llegan a esa conclusión?
—Yo voy mucho más allá: Creo que hay una violación de los Derechos Humanos a Carabineros que prestan servicios en la frontera por parte del Estado. Tienen turnos que son incompatibles con la vida familiar. Estoy hablando de turnos que a veces son 25 días x 5. Eso no aguanta ninguna explicación. Esto no es crítica al Gobierno actual, esto es un tema del Estado de Chile.
—¿Carabineros debiese demandar al Estado en organismos internacionales?
—No, yo creo que esto tiene que tener una solución de Estado y, cuando uno dice una solución de Estado, es el Gobierno de turno el que está llamado a tomar medidas inmediatas. Y si esto significa más plata, hay que hacer recortes donde se pueda y los últimos días ha quedado en evidencia que parece que nosotros no tenemos problemas de presupuesto. Esta es la peor cara del Estado de Chile porque además, siendo una institución jerarquizada, que no es deliberante, no tienen derecho a reclamar.
Otro tema relevante es que no puede ser que la PDI utilice armas cortas y no armas largas (en las fronteras). No puede ser que en un punto de control no haya un vehículo del Estado: No tiene Carabineros, la PDI, el SAG, ni Aduanas. Una cosa es vigilar las fronteras y otras son las condiciones que te provee el Estado. No puede ser que el Estado mande a personas a custodiar las fronteras y se olvide que mandó a personas, no robots.
—Otra de las conclusiones a las que llegaron es que las “organizaciones criminales transnacionales” buscan “controlar los recintos penitenciarios” por medio de la extorsión. ¿Cómo se resuelve esto?
—Creo que tiene que ser una política de Estado explicitar la gravedad de los hechos que vivimos y que se tomen definiciones desde el Ministerio Público, desde el Ministerio de Justicia. Nos parece bien buscar mecanismos de protección de las familias de los gendarmes. Es fundamental que tomemos la decisión de segregar a los miembros de bandas de crimen organizado internacional porque son otro tipo de delincuencia y extorsionan además a los presos nacionales con menor compromiso delictual.
—¿Hay antecedentes de que gendarmes sean extorsionados?
—Sí, hay muchos antecedentes y hay una investigación al respecto.
—¿Qué tipos de extorsiones?
—Amenazas de muerte, amenazas de secuestro. Además hay un tema que es muy relevante: Hay que ser capaz y atreverse a denunciar. Muchas veces hay abogados que son parte de las organizaciones criminales y parte del trabajo que hacen es la persecución constante mediante denuncias sistemáticas infundadas para lograr que sean removidos de sus puestos de trabajo gendarmes que no aceptan ningún tipo de falta a la probidad.
