Defensa de Boric se desmorona: Qué dice la resolución en que Seremi del Maule (RD) informó su inhabilidad un día después de que se adjudicara licitación

Panorama general. En 2022, se firmaron cuatro convenios por una suma de $109 millones, entre la Fundación Urbanismo Social y la Secretaría Regional de Vivienda del Maule, dirigida por el RD Rodrigo Hernández Fernández. Hernández fue director jurídico de la Fundación durante 6 años y 7 meses hasta abril de 2022, fecha en la que fue designado como seremi en el gobierno de Boric.

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Defensa de Boric. El 22 de junio el Presidente Boric señaló que no metía “las manos al fuego” por nadie a partir del escándalo de Democracia Viva y los convenios de otras fundaciones con el Minvu, dejando claro que la línea adoptada era la del “caiga quien caiga”. Pero el pasado jueves dio un giro y salió en defensa de Hernández señalando que “el seremi de Vivienda de la región del Maule declaró previamente que él se inhabilitaba de conocer todo tipo de convenios con la fundación en la que había trabajado anteriormente, una fundación que data desde 1999, en la cual no fue ni director, ni tenía un cargo directivo, solo fue trabajador y por lo tanto, con los antecedentes que yo tengo hasta la fecha (…) ni el seremi del Maule ni Daniela Dresdner (delegada presidencial del Biobío, a quien también se ha vinculado al caso Democracia Viva) tienen responsabilidades políticas que pagar”.

Sumario anunciado por Montes. Sin embargo, el ministro de Vivienda Carlos Montes señaló este domingo que “hemos resuelto iniciarle un sumario administrativo producto de una información que no coincidía entre el período que él solicitó inhabilitarse y en que se tomaron las decisiones”.

Primer contrato. De acuerdo con los documentos que se adjuntan en este artículo, mediante la resolución exenta número 101, fechada el 3 de octubre de 2022, la Seremi del Maule adjudicó una licitación por $20 millones a la Fundación Urbanismo Social -donde esa entidad fue la única oferente- que tenía como fin realizar una consultoría para la “Participación Ciudadana del proceso de modificación excepcional del Plan Regulador Comunal de Talca”. Este contrato no fue firmado por Hernández, al igual que el resto de los convenios.

Las fechas de la inhabilidad. En el punto B de esa resolución se señala: “Que, la única oferta que fue analizada por la Comisión Evaluadora tal como se detalla en el “INFORME DE EVALUACIÓN LICITACIÓN 691-13-LE22”, de fecha 29 de septiembre de 2022, conforme a los criterios establecidos en las bases de la licitación, obteniendo el oferente “FUNDACIÓN URBANISMO SOCIAL”, un total de 71,57 puntos”.

• El punto C del texto, sin embargo, informa otra fecha para la inhabilitación del Seremi: El 30 de septiembre de 2022, vale decir, un día después de que se sellara la licitación.
• “Que, de acuerdo con el Ord. Nº 1087, de fecha 30 de septiembre de 2022, se informa la inhabilidad de don Rodrigo Hernández a la Sra. Tatiana Rojas Leiva, Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, por haber mantenido un vínculo laboral con el oferente hasta antes de asumir el cargo que actualmente tiene, a fin de dar estrico cumplimiento al principio de probidad e imparcialidad”, indica.

La Fundación Urbanismo Social. La fundación fue creada el 11 de septiembre de 2009, según el Registro Civil. Su página web dice lo siguiente: “Desarrollamos proyectos urbanos en articulación con organizaciones, públicas, privadas, sociedad civil, y ciudadanía que tienen como objetivo construir ciudades más justas que derriben la desigualdad de trato y la desconfianza”.

• Hernández trabajó 6 años y 7 meses en la fundación. En abril de 2022 fue designado como Seremi y seis meses después se otorgó la licitación a Urbanismo Social, donde él se desempeñó como director jurídico. Su línea de defensa ha sido su inhabilitación en el contrato, lo que ha sido cuestionado por el senador PS Fidel Espinoza, además de que él era un trabajador más en la fundación y que no tenía relación con el poder.
• Esa tesis contrasta con el carácter de las reuniones por lobby registradas desde 2016. Buena parte de ellas fueron con altas autoridades de la región, como gobernadores o alcaldes, y en muchas ocasiones concurrió solo para abrir paso a convenios para Urbanismo Social. El último de esos encuentros ocurrió en enero de 2022, vale decir, 3 meses antes de asumir como Seremi.

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