Crisis en ministerio de Jackson: Mejor Niñez anula licitaciones de diagnóstico de niños vulnerados

Antecedentes a tener en cuenta. El 1 de octubre del 2021 comenzó a funcionar el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Mejor Niñez. El organismo tiene la responsabilidad de la protección especializada a la niñez y adolescencia, con dependencia del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que desde septiembre de este año está a cargo del ministro Giorgio Jackson. La misión es restituir derechos y reparar el daño de los niños, niñas y adolescentes (NNA) gravemente amenazados y vulnerados, quitándole esta responsabilidad al Servicio Nacional de Menores (Sename).

• El Sename, que sigue dependiendo del Ministerio de Justicia, tiene como responsabilidad ejecutar las medidas cautelares y sanciones ordenadas por los tribunales en virtud de la Ley Penal Adolescente, que se aplica desde los 14 a los 17 años.
• Actualmente, Mejor Niñez es dirigido por la licenciada en Educación Gabriela Muñoz Navarro, quien fue nombrada el 7 de octubre pasado por el Presidente Boric, luego de participar del proceso de Alta Dirección Pública.

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Una frustrada licitación. El 21 de octubre de este año, Mejor Niñez adjudicó a instituciones especializadas 206 programas destinados a las intervenciones ambulatorias de reparación, diagnóstico clínico especializado y seguimientos de casos y pericias en favor de NNA gravemente vulnerados en sus derechos. La calificación legal de “gravemente vulnerados en sus derechos” aplica para niños, niñas y adolescentes expuestos al peligro o daño contra su integridad física y sicológica por negligencia de sus padres o guardadores, maltrato de cualquier tipo o abuso sexual.

• Cuarenta y un días después, Mejor Niñez anuló las 16 resoluciones exentas que adjudicaban estos procesos en todas las regiones del país.
• El 30 de noviembre pasado, el servicio emitió la resolución exenta Nº 1015, donde invalida la licitación que adjudicó estos tratamientos a los organismos colaboradores. Es decir, a 31 días de terminar el año los recursos destinados vía presupuesto para estos procesos terapéuticos, no podrán ser gastados. Y por ende, regresados como lo señala la ley.
• El cálculo de los expertos indica que para los procedimientos de diagnósticos se destinan entre 9 mil y 11 mil millones de pesos anuales.
• La medida llega en momentos en que la opinión pública ha visto un aumento de vulneraciones a menores de edad. Por ejemplo, el lunes pasado, se reveló la grabación de dos niños, uno de 12 y otro de 14, amenazando con cuchillos a una comerciante ambulante en Paseo Ahumada con Agustinas.
• El 28 de septiembre las cámaras de seguridad de Estado con Alameda captaron a un niño de 5 años colocando barricadas junto a su madre. La mujer fue detenida y acusada de vulneración de derechos de su hijo.
• Chile tiene casi 5 millones de niñas, niños y adolescentes. Y según datos de UNICEF, en el país el 71% de la infancia ha recibido algún tipo de violencia por parte de algún familiar.

Graves consecuencias. Lo sucedido con Mejor Niñez significa que las listas de espera de NNA vulnerados llegarán a unos 40 mil en el marzo, con graves consecuencias para su futuro tratamiento. Francisco Gorzilia, vocero del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras Subcontratados de Mejor Niñez, que agrupa a 55 organismos acreditados en el servicio, advirtió que ello significa que muchos procedimientos de recuperación de estos menores de edad deberán interrumpirse por un problema administrativo y no terapéutico.

• Habrá daños psicológicos irreparables, advirtió el dirigente. “Y habrá una doble vulneración, una por las causas que llegó al sistema y otra del Estado, que no es capaz de entregar un servicio establecido por ley”, dijo.
• “El llamado a licitación se hizo improvisamente, con falta de personal por parte del servicio, con fuertes carencias técnicas de los equipos que trabajan allí. No hubo especialización por parte de los equipos para analizar los proyectos y por eso que ocurren un sinfín de vicios”, afirmó Francisco Gorzilia.

Defensoría de la Niñez interviene. En septiembre, la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago ante 14 mil casos que en ese momento estaban en lista de espera. Pero el 13 de octubre la misma directora de Mejor Niñez, Gabriela Muñoz, informó a la Corte que esta lista creció a 25.875 casos, de los cuales el 62,4% son programas ambulatorios, y el 31% son programas de diagnósticos.

• Consultada la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, respecto de lo ocurrido con las licitaciones, explicó que “cuando conocimos lo ocurrido y atendida la gravedad que representa la situación, requerimos una reunión al servicio, que ha tenido la mejor disposición para conversar”.
• Esta reunión se realizará el lunes, donde solicitarán antecedentes en detalle sobre la planificación y las acciones a seguir por parte de Mejor Niñez. A partir de allí, habrá un pronunciamiento de la Defensoría de la Niñez.

Incumplimiento al tribunal. El abogado experto en temas de infancia, Carlos Alvear, actual miembro del Consejo de la Sociedad Civil del Sename (COSOC), calificó lo ocurrido como una crisis. Porque los NNA que están con diagnóstico ambulatoria (DAM), son aquellos que son enviados por los tribunales a estos programas para evaluar el daño sufrido por la vulneración. Y el resultado puede usarse como medio de prueba, en caso de existir delitos en su contra. Si no hay atención, se incumple la medida judicial.

• “Un niño que sufre una vulneración, también necesita una reparación del maltrato. Entonces, si el tribunal decide en enero próximo enviar a un niño a un programa de diagnóstico ambulatorio para que sea evaluado y no hay cupo y hay largas listas de espera, ¿qué hace ese niño en ese período de tiempo?”, señala el profesional.
• Añadió que, a su juicio, la administración del Estado no está respetando la norma internacional de protección de los derechos del niño establecida por la ONU. 

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