Convención: Las gestiones del Consejo Fiscal Autónomo para consagrar la responsabilidad fiscal
Convención: Las gestiones del Consejo Fiscal Autónomo para consagrar la responsabilidad fiscal
Por qué importa: La Convención ha estado debatiendo normas, cuya aplicación podría implicar gastos fiscales importantes como la nacionalización de empresas, la desprivatización del agua, expropiaciones de tierras indígenas o el establecimiento de un Estado regional, plurinacional e intercultural. Existe el riesgo de que se incuben desequilibrios fiscales si se garantizan derechos, pero no hay recursos para financiarlos.
Qué observar: El Consejo Fiscal Autónomo (CFA), entidad estatal asesora al Estado en materia económica presidida por Jorge Desormeaux, encargó un informe interdisciplinario al tributarista Max Spiess, el constitucionalista Rodrigo Correa y el economista Claudio Agostini sobre cómo las distintas constituciones de Chile y el mundo incorporaron en sus articulados la disciplina fiscal. Los resultados serán entregados en diversos informes, mientras la Convención Constitucional avanza con las primeras normas despachadas desde las comisiones al Pleno.
- La revisión de Spiess, Correa y Agostini abarcará a las Constituciones de Chile y países europeos y americanos. Los informes se entregarán como insumos técnicos para la discusión y deliberación o, en el mejor de los casos, influir en el debate para que se incorporen directamente a la nueva Carta Magna.
Las evidencias: El estudio busca demostrar que varios países desarrollados o de alto crecimiento han logrado incorporar la disciplina fiscal en sus Constituciones. Y que ello no necesariamente implica una limitación a los derechos sociales, sino que asegurar su financiamiento y muchas veces su profundización.
Quinteros de cara a votación en el pleno de la Convención: "Nunca hubo un cuestionamiento a los 2/3"
Quiénes son los autores del estudio:
- Max Spiess, abogado, socio del estudio Kunstmann Spiess. Es experto en temas financieros y consultor internacional.
- Claudio Agostini: economista, experto en temas tributarios, exasesor de Hacienda y académico de la UAI.
- Rodrigo Correa: abogado constitucionalista, exdecano de la Facultad de Derecho de la UAI y académico de ese plantel. Expuso ante la Comisión Sistemas de Justicia de la Convención Constitucional el 1 de diciembre pasado.
Licitación: el 23 de noviembre de 2021, el CFA convocó a una licitación para el estudio comparado. Participaron la Universidad de Chile, el estudio Ferrada Nehme, el ex asesor jurídico de Hacienda, Francisco Javier Tapia Ferrer, el economista Pablo Marshall y los ganadores, liderados por Max Spiess, que cobraron 650 UF (unos $20 millones, la oferta más cara).
Los informes: El grupo de Spiess, Correa y Agostini entregará un informe con la experiencia constitucional doméstica, otro Sinóptico de Constituciones Comparadas y un análisis comparado con experiencias significativas para el proceso chileno.
Aspectos fiscales en la Constitución: el 29 de diciembre, el CFA envió a la mesa y a la comisión sobre Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal de la Convención el documento titulado “Aspectos fiscales en la Constitución”. Allí sugiere incluir los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal en la nueva carta magna.
- “En primer lugar, el Consejo reflexionó sobre los lineamientos y mensajes que debiesen explorarse para transmitir la relevancia de la sostenibilidad de las finanzas públicas en el contexto del proceso constituyente en curso. Sobre el particular, el Consejo acordó elaborar un documento en que se consignen los términos del análisis efectuado, para efectos de sistematizar la información requerida y el contenido de los mensajes que serán priorizados”, dice el Acta de la Sesión Extraordinaria del CFA, celebrada el 29 de octubre de 2021.
- El CFA ha estado siguiendo el proceso constituyente desde su instalación “en el marco de su misión de contribuir al manejo responsable de la política fiscal”.
- En el escrito enviado a la Convención se recalca que es posible entender la formulación de principios constitucionales como un contrato social con perspectiva generacional de largo plazo.
