Caso Convenios: Ministerio de Vivienda ha ordenado la restitución de más de $1.012 millones transferidos a fundaciones

Cifras generales. Han transcurrido tres meses desde que estalló el caso Fundación Democracia Viva y con ello se destaparan una serie de irregularidades en el traspaso de fondos desde las Seremi de Vivienda de distintas zonas del país a organizaciones sin fines de lucro. Por ello, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) inició una investigación interna enfocada en el Programa Asentamientos Precarios.

• Lo anterior ha significado, hasta ahora, que el Minvu ha realizado seis denuncias ante fiscalías regionales, ha enviado 5 casos al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que inicie las acciones que estime pertinentes, ha iniciado 3 sumarios administrativos y ha realizado 4 solicitudes de restitución de fondos por más de $1.012 millones.
• Los datos detallados en un documento del Minvu, al que tuvo acceso Ex-Ante, muestran que la investigación incluye a 7 regiones del país y 7 organizaciones. Entre ellas, la Fundación Democracia Viva a la que se le solicitó restituir más de $391 millones y que tiene una demanda del CDE en curso.
• A continuación el detalle de las otras 6 fundaciones:

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1. Arquiduc. Una de las fundaciones a las que el Minvu le ordenó la restitución de dineros fue Arquiduc, por convenios firmados en la Región de O’Higgins. Dentro de la información que consideraron está que uno de los fundadores “era jefe de gabinete del director del Serviu de la época (2021) al momento de suscribirse el convenio”, dice el documento, sin especificar el nombre de dicha persona.

• El Minvu explicita que “se le contrata para instalación de postes de alumbrado de acero galvanizado. Sin embargo, se utiliza fierro, lo que no resiste el óxido”, que la fundación “no tenía ni el giro ni la experiencia en la instalación de luminarias”, y que estas últimas “son compradas a una empresa del propio Carlos Acuña Arévalo, la sociedad Abbott, Acuña y Compañía Limitada”.
• Carlos Acuña (ex militante de RN), es otro de los fundadores de Arquiduc.
• El Serviu de O’Higgins interpuso una querella por posibles delitos de negociación incompatible y tráfico de influencia. Además se inició un sumario administrativo y se ordenó la restitución de $121 millones, es decir, el total de los fondos entregados.
• Y en la Región de Valparaíso se firmo en 2020 un convenio por $71 millones. “También se utiliza el esquema de contratar a sociedades del propio Acuña como proveedores”, explicita el documento. Además se interpuso una denuncia y se acompañaron antecedentes al CDE.

2. Acción Digital. En la Región de Los Lagos se investigan los traspasos realizados a la Fundación Acción Digital. “Si bien los servicios se prestaron, quedó un saldo sin utilizar, por lo que Seremi solicitó el 20 de marzo de 2023 la restitución de $74.930.000”, señala el documento.

• Sin embargo, según consigna el Minvu, la organización no ha respondido por lo que el 29 de junio se enviaron antecedentes al CDE y que según se informó, “el CDE está analizando la interposición de recursos judiciales”.
• La fundación tiene convenios en 2 regiones con transferencias realizadas en 2021 y 2022 por un total de $264 millones.

3. Red Integral y Comunitaria. En la Región de O’Higgins se autorizaron dos traspasos por más de $214 millones. En el primero de ellos se presentaba un avance del 23% al mes de julio, y en el caso del segundo un 12%. Además presentan rendiciones observadas y rechazadas por “gastos en honorarios de personal por no ser aptos para el trabajo contratado”.

• Por ello se puso término a los convenios y se ordenó la restitución de más de $172 millones.
• El 19 de agosto, el Minvu presentó una denuncia ante la fiscalía y se acompañaron los antecedentes al CDE, dentro de los cuáles están el que la “fundación se constituye a inicios de 2022, solo meses antes de la celebración de convenio con la región”.

4. Enlace Urbano. En la Región de Tarapacá se interpuso una denuncia el viernes pasada contra la Fundación Enlace Urbano. Según el documento del Minvu, la organización “presenta como rendición factura por compra de luminarias, con un costo unitario de UF 68,58 IVA incluido. Sin embargo, según análisis de precios unitarios elaborado por la División Técnica del Minvu, el valor unitario referencial es UF 18,65 IVA incluido, por lo que existiría un sobrecosto de 267%”.

• La fundación tiene convenios en 7 regiones con transferencias entre 2021 y 2023. El total de transferencias para los 24 convenios es de $2.144 millones, según dice el documento.

5. Urbanismo Social. A comienzos de julio renunció el seremi de Vivienda del Maule, Rodrigo Hernández, luego de que se diera a conocer que en la región se firmaron convenios con la Fundación Urbanismo Social, de la cual fue representante hasta antes de ser nombrado como seremi y que la ex autoridad comunicó su abstención en el proceso luego de la firma del convenio.

• Por ello se inició una investigación sumaria. Y pese a que no se enviaron antecedentes al Ministerio Público, la fiscalía inició una investigación de oficio.
• En paralelo, el Minvu investiga la firma de un contrato de administración de un edificio de “arriendo justo”, adjudicado a través de licitación, pero que la organización habría sido el único oferente.

6. EnRed Social. Entre 2021 y 2021, la Fundación EnRed Social realizó convenios en 9 regiones por más de $2.200 millones. Sólo en la Región de Tarapacá se autorizaron traspasos por más de $1.060 millones bajo el Programa Asentamientos Precarios.

• El director técnico de la fundación era Aldo Bastidas, “quien prestó servicios desde el año 2009 hasta el 31 de mayo de 2022 en el Minvu, particularmente en la unidad de Asentamientos Precarios”, dice el documento.
• A eso añaden que en Tarapacá se identifica, dentro de las rendiciones, facturas de la sociedad Inmobiliaria y Construcción Social Igualdad SpA. La particularidad de este hecho es que dicha sociedad es (de) propiedad, en un 90%, de su hermana Lorena Bastidas, quien ejerce como doctora en una clínica privada en la Región de Los Lagos” y que un “socio de la misma sociedad también presenta boletas en las rendiciones de la fundación”.
• Todos estos antecedentes fueron puestos a disposición del CDE y de la Fiscalía Regional.
• Y en la Región de Valparaíso, la fundación “no ha ejecutado correctamente los convenios suscritos” por lo que se ordenó la devolución de $254 millones de un total de $508 millones.

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